Foto: EPVALÈNCIA (EP). La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) ha emprendido esta semana una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios de Les Corts para trasladarles su rechazo al decreto-ley de la Generalitat para la reversión a gestión pública a partir de 2023, una norma que se ha convalidado en el pleno de este jueves.
A su juicio, este decreto carece del carácter de urgencia y es necesario un modelo de gestión que garantice la eficiencia del servicio y no implique un mayor coste para los contribuyentes. "Las razones expuestas para justificar el cambio de modelo de gestión, apelando a la urgencia, son claramente inconsistentes", subraya Aecova en un comunicado.
La entidad, que representa a las empresas concesionarias de los siete lotes para la gestión de las ITV en la Comunitat, afirma que el Consell era plenamente conocedor de la fecha en la que finalizan los contratos concesionales y que, por tanto, "no se produce ninguna circunstancia imprevisible que explique el procedimiento legislativo de urgencia".
También destaca que las reuniones con los representantes de los grupos en Les Corts han servido para mostrar algunos de los datos que la maneja en relación con la actividad de las ITV valencianas.
"Las concesionarias realizan una labor incontestable al frente de las inspecciones", recalca, y critica que el gobierno valenciano se basa en unas cifras que "no se ajustan a la realidad" para respaldar la reversión hacia "un modelo que reduce calidad en el servicio público y tiene un sustento exclusivamente ideológico".
Por ejemplo, Aecova hace referencia a un coste de personal que supera los 44 millones de euros anuales, información que sirve de anticipo de un informe que lanzará próximamente en contraposición al utilizado por el Consell para justificar la gestión directa del servicio y que incluirá los datos proporcionados por todas las empresas que la integran.
Otra de las peticiones que ha trasladado a los grupos parlamentarios es la prórroga de la gestión indirecta en compensación por los meses en los que, a causa de la crisis sanitaria, las estaciones de ITV se vieron obligadas a detener su actividad. Entre marzo y mayo de 2020, las entidades no pudieron seguir desempeñando su trabajo con normalidad y por eso quieren prolongar los contratos más allá del 31 de diciembre, algo que contempla en el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al impacto de la COVID.
En general, el portavoz de la asociación, Francisco Llopis, resalta que los encuentros con los grupos han sido "productivos y positivos: "Todos los partidos políticos con representación se han mostrado receptivos ante las peticiones. Nunca hemos abogado por una postura de confrontación, al contrario, tenemos el convencimiento de que la mejor solución pasa por la colaboración público-privada".
Aecova-ITV ha invitado a todos los representantes parlamentarios a visitar las estaciones de ITV para conocer de primera mano la "excelencia" con la que brindan este servicio público en la Comunitat, "referencia para el resto de comunidades autónomas".
