VALÈNCIA. Seis meses más. Ese es el tiempo que las empresas concesionarias de ITV en la Comunitat Valenciana consideran que deberían seguir prestando el servicio más allá del 31 de diciembre, fecha en la que acaban los contratos de concesión y a partir de la cual la Generalitat asumirá directamente el servicio a través de una nueva mercantil pública.
La Conselleria de Economía debe estudiar ahora si procede conceder la prórroga que solicita la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova-ITV), que estima en 5,6 meses y 7,7 millones de euros la pérdida de negocio por el tiempo que tuvieron que estar cerradas durante el Estado de Alarma de 2020. De concedérseles ese tiempo extra de contrato, la reversión no se haría efectiva hasta después de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.
Los responsables de Aecova trasladaron este lunes al departamento que dirige Rafael Climent la documentación técnica con los argumentos jurídicos y financieros que la Conselleria de Economía estaba esperando desde septiembre para estudiar su petición. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia y de la normativa de contratos públicos reconoce a los concesionarios de servicios públicos el derecho a ser compensados, bien con un alargamiento del contrato o con una indemnización económica.
En principio, las empresas estimaron que tenían derecho a un tiempo de prórroga de entre seis y doce meses en función de la singularidad de cada lote de estaciones, pero finalmente han formalizado una única propuesta para todas tal y como les pedía la Conselleria de Economía.
De entrada, la consecuencia inmediata de una extensión del contrato por el tiempo que reclaman las concesonarias supondría un retraso en la aplicación de la bajada de las tarifas anunciada por Rafael Climent, quien la semana pasada avanzó que una bajada en el coste del servicio desde el mismo momento en que la gestión pase a ser pública.
La opción que maneja el Consell es la de eliminar de inmediato la tasa que se paga por la prueba de sonometría, una revisión que solo se realiza en la Comunitat Valenciana, lo que supondría una bajada de la tarifa actual en algo más de 11 euros. No obstante, la opción de aplicar esa prórroga desde el 1 de enero está descartada si finalmente se concede la prórroga a las concesionarias, ya que el Consell quiere evitar abrir nuevos frentes de conflictividad con las empresas a las puertas de que se haga efectiva la reversión.
En paralelo, la Conselleria de Economía continúa completando etapas hacia esa reversión después de 25 años de modelo concesional. Los miembros del consejo de administración de la Societat Valenciana d'ITV celebran este miércoles su reunión de constitución en una convocatoria de carácter urgente en la que se ha previsto el nombramiento de la cúpula que estará al frente de la gestión en apenas cinco semanas, siempre que no haya prórroga.
Así, además de nombrar a un secretario o secretaria, el consejo nombrará hasta dos personas que ocuparán la vicepresidencia de la mercantil y a la persona que ocupará la dirección general. Al respecto, el conseller Rafael Climent ya avanzó la semana pasada en Plaza Radio que su departamento tenía elegida a la persona propuesta para ese puesto, que debe ser ratificada por el consejo.
En el consejo de administración están Rosa Ana Seguí, directora general de Comercio; Silvia Cerdá, directora general de Industria; José Vicente Soler, director general de Economía Sostenible; María José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico; Daniel González Serisola, subsecretario de la Conselleria de Hacienda; y Júlia Company, directora general del Ivace.
Por parte de las organizaciones sindicales formarán parte del consejo de administración Daniel Argente, a propuesta de la UGT-PV; María Pilar de Vera (CCOO-PV); Manuel García Algarra (Intersindical) y Ruth López (CSIF).
