Foto: INGETEAMCASTELLÓ (EFE). La opa anunciada por el grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo -que prevé presentar formalmente poco antes de que acabe el plazo de un mes a contar desde el pasado 7 de marzo- daría a la constructora española de trenes la capacidad de producción necesaria para abordar nuevos proyectos en Europa.
El proceso deberá ser autorizado por el Consejo de Ministros en España y analizado por las autoridades de competencia comunitarias por la concentración de empresas.
Estas son algunas de las cifras e hitos del proceso:
El 7 de marzo Magyar Vagon anuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de comprar el 100 % de Talgo (123,86 millones de acciones), a cinco euros por título, por un total de 619,3 millones de euros. La oferta está condicionada a la aceptación de, al menos, el 50 % del capital más una acción.
En la misma comunicación, los accionistas y el consejo de administración de Talgo respaldaron la operación y consideraron que el precio es atractivo.
El oferente es una sociedad húngara formada por Ganz-Mavag (55 %) y Corvinus (45 %), participada esta última por el Estado húngaro a través del Ministerio de Economía del país.
A su vez, Ganz-Mavag está íntegramente participada por Magyar Vagon, propiedad de un fondo de capital riesgo (Solva II), cuyo principal accionista, con el 50 %, es el ciudadano húngaro Csaba Töro.
Ya en diciembre de 2022 otra sociedad instrumental de los húngaros, Cato (propiedad de András Tombor) suscribió un acuerdo de confidencialidad con el principal accionista de Talgo, el fondo Trilantic, para analizar una operación de venta.
La empresa que lanza la opa es propiedad de un antiguo asesor del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Fue creada en 2020 por Kristóf Szalay-Bobrovniczky, actual ministro húngaro de Defensa, y se ha consolidado en el sector ferroviario a través de privatizaciones en aquel país.
Detrás de este consorcio están DJJ y András Tombor, que fue consejero de asuntos de seguridad nacional de Orbán durante su primer Ejecutivo, entre 1998 y 2002.
DJJ fabrica actualmente unos 700 vagones para la empresa ferroviaria estatal de Egipto y fue adquirida por Magyar Vagon en 2020.
El mayor accionista de Talgo es Pegaso Transportation International, con un 40,03 % del capital, un conglomerado en el que están el fondo de origen británico Trilantic -fundado por dos ex ejecutivos de Lehman Brothers- la familia Oriol (descendientes de los fundadores), y Torreal, la sociedad de Juan Abelló.
Tienen participaciones minoritarias la familia Torrente Blasco a través de TorrBlas (5 %), la aseguradora Santa Lucía (2,96 %) y el banco noruego Norges (2,79 %), entre otros. El resto cotiza en bolsa.
Al cierre de 2023, la cartera de pedidos de Talgo sumaba 4.223 millones de euros, su máximo histórico, impulsados sobre todo por las ampliaciones de contratos ya existentes. Un 80 % del negocio es internacional.
Talgo tiene proyectos en Alemania, Dinamarca, Arabia Saudí, Estados Unidos, Uzbekistán, Kazajstán y Egipto, además de en España, donde es proveedor de Renfe.
Según el consorcio húngaro, la operación pretende reforzar la capacidad industrial de Talgo y abrirle mercados estratégicos y en crecimiento en Europa.
Se compromete a mantener en España la sede, la capacidad de fabricación, la actividad y el empleo, así como la marca y la relación comercial estratégica con Renfe.
Unidos tendrán una facturación superior a los 700 millones de euros y una plantilla global de 5.500 empleados, con operaciones en Europa, su mercado principal, Estados Unidos, norte de África y Oriente Medio. En 2023 Talgo facturó 652 millones de euros.
Magyar aporta al nuevo grupo siete fábricas-taller en diferentes localidades de Hungría, más otra fábrica de DJJ, en Budapest, que producen material rodante y hacen también mantenimiento y reparación, con una plantilla de 2.460 personas.
El Gobierno ha advertido de que Talgo opera en un sector estratégico y se mantendrá "vigilante" ante la opa. El más contundente fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo que el Ejecutivo "hará todo lo posible" para evitar la opa ante el temor de que detrás de la oferta esté el Gobierno ruso.
La operación está sujeta a aprobación por el Consejo de Ministros una vez recibido el informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), un órgano en el que participan diversos ministerios pilotado por la Secretaría de Estado de Comercio, que dispone de tres meses para su evaluación.
El control de inversiones exteriores se ampara en un reglamento de la Unión Europea de marzo de 2019, en un fenómeno común en los países desarrollados, especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania, como confirma un informe de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
La Comisión Europea publicó en abril de 2022 orientaciones a los Estados miembros para garantizar una mayor vigilancia de las entradas de fondos procedentes de Rusia y Bielorrusia.
En este contexto, España aprobó en julio de 2023 un real decreto (RD) de inversiones extranjeras, con un desarrollo posterior en una orden ministerial, de enero de este año. Las normas de control temporal de inversiones están vigentes hasta finales de este 2024.
Al día siguiente del anuncio de la opa, Renfe elevó la reclamación a Talgo por el retraso en la entrega de 15 trenes Avril desde los 116 millones anteriores hasta 166,6 millones, porque cifra en 50 millones el lucro cesante derivado de esas demoras.
A esa cantidad Renfe suma otros 80.000 euros diarios si los trenes no entran en servicio al público antes del 1 de abril.
Los convoyes están fabricados pero el proceso topa ahora con las pruebas en vía de los trenes, en los que se testan cada uno de los elementos de seguridad y otros relacionados. Para pasar ese trámite los trenes deben cubrir sin incidentes 25.000 kilómetros de pruebas.
En 2016 Renfe adjudicó a Talgo por 1.281 millones la construcción de 30 trenes de alta velocidad S106, conocidos como Avril, 15 de ellos de ancho variable, que pueden circular por vías de distintos anchos.
Los trenes debían haber sido entregados inicialmente a partir de enero de 2021 para entrar en servicio aquel verano en los enlaces entre Madrid, Galicia y Asturias.
Las acciones de Talgo, que seguirán cotizando en las bolsas españolas en caso de que prospere la opa, cerraron este viernes en 4,24 euros, un 15 % por debajo del precio ofertado.
Los cinco euros por acción suponen una prima del 27,7 % sobre el precio de cierre en Bolsa del 15 de noviembre, cuando Talgo comunicó a la CMNV la muestra de interés del grupo húngaro.
Sin embargo, desde su salida a bolsa el 6 de mayo de 2015 a 9,25 euros por acción, ha perdido un 45,7 % de su valor, casi nueve veces más de lo que ha bajado en este tiempo el IBEX 35.
