Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (EFE). La causa judicial contra los 28 ultras que han podido ser identificados y que protagonizaron decenas de agresiones y otros incidentes el 9 d'Octubre de 2017 cumple cinco años atascada en los juzgados y podría cumplir seis a la espera de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial señale un juicio cuya celebración no se atisba hasta el otoño de 2023.
La instrucción, que ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 15 (el mismo del caso Emarsa o el de la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros empleados públicos), concluyó en enero de 2021 con el procesamiento de 28 personas, pero los numerosos recursos y la dificultad para analizar esta extensa causa y poner de acuerdo a las partes están retrasando el juicio.
El origen de este proceso judicial está en las agresiones y amenazas que protagonizó un grupo de ultras que trató de reventar la manifestación vespertina de la Comissió 9 d'Octubre y que se produjo en un contexto de tensión política por el proceso independentista catalán iniciado tras el referéndum del 1 de octubre y el desplazamiento a Cataluña de numerosos agentes de policía con experiencia en el control de manifestaciones.
Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la plaza de San Agustín de València, tradicional lugar de inicio de esa marcha reivindicativa de izquierdas, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista, según se refleja en el auto de procesamiento.
Muchos de los encausados formaban parte de la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían simbología neonazi y de extrema derecha.
Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.
"Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran a la manifestación convocada por la Comissió 9 d"Octubre, y dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha manifestación", todo ello "por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan", tal y como relata el instructor en el auto.
Los investigados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron a varios manifestantes y a periodistas.
De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es habitual en la plaza de Alfonso el Magnánimo "ante una acción concertada de distintos investigados", de acuerdo con la investigación judicial.
En la causa constan como acusación particular, además de los manifestantes y un diario cuyos periodistas fueron agredidos, la Comissió 9 d'Octubre, organizadora de la marcha, que está formada por las asociaciones Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Federació d’Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua i Societat Coral El Micalet; los sindicatos CCOO-PV e Intersindical Valenciana; y los partidos Compromís, ERPV, EUPV, Podem y PSPV-PSOE.
Como acusación popular, se ha personado Movimiento contra la Intolerancia.
La fiscal especializada en delitos de odio, Susana Gisbert, ha pedido para los procesados unas condenas que van desde los tres hasta los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, y reclama además multas y el pago de indemnizaciones de entre 100 y 3.200 euros.
La acusación que ejerce Acció Cultural del País València, en representación de la Comissió 9 d'Octubre, reclama penas de entre cinco y once años.
