Las Kellys califican de tomadura de pelo las medidas del Gobierno para mejorar sus condiciones

BENIDORM. La asociación de camareras de piso de Benidorm y la Marina Baixa, conocidas como 'Las Kellys', no salen de su asombro. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha recibido la respuesta de su pregunta al gobierno de Pedro Sánchez en la que le consultaba qué medidas se estaban adoptando para mejorar las condiciones de este colectivo. La respuesta "es una tomadura de pelo", según dice la portavoz de la organización en la zona, Yolanda García, que clama una vez más por que se reconozcan sus enfermedades derivadas del trabajo.

En este sentido, la respuesta del Gobierno del 8 de marzo concreta que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es "consciente" de que hay que mejorar las condiciones de estas trabajadoras. Al mismo tiempo, reconoce que "representan uno de los colectivos con más exposición a la siniestralidad laboral y a enfermedades profesionales derivadas de su actividad a lo largo de su vida laboral". Una forma de dar la razón a las reivindicaciones de la asociación, aunque sobre papel siga sin estar reconocido.

Pero lo que más ha indignado son las dos actuaciones que dicen en su escrito que están haciendo para "impulsar" la mejora de las condiciones de trabajo en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así, explican que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) organizó con otras administraciones competentes "tres jornadas técnicas en las que se analizaron los principales problemas que afectan al sector hotelero, desde el punto de vista de la seguridad y salud, y en particular, a la actividad desarrollada por las camareras de piso".

Sobre este asunto, García asegura que ya hay numerosos estudios y guías de diferentes administraciones en las que atestiguan estas enfermedades por el trabajo que realizan cada día en las habitaciones. Lo que piden es que se incluyan en el Real Decreto en el que recoge todas las enfermedades profesionales y así las mutuas puedan acogerlas, al tiempo que las trabajadoras se evitan denunciar para que se les termine reconociendo años después.

Pero no se queda aquí, la segunda actuación es más chirriante para las 'kellys'. "Adicionalmente –continúa la respuesta a Mulet– en el seno del Grupo de Trabajo de Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se ha puesto en marcha el Plan Nacional para la reducción de los TME en el medio laboral y elaborado una serie de trípticos para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en este colectivo".

Por último, el Gobierno dice que "a lo largo de los últimos años, se han elaborado varios materiales divulgativos orientados a prevenir los riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud del colectivo de camareras de piso".

"¿Qué hacemos nosotras con los trípticos?"

"¿Qué hacemos nosotras con los trípticos?", se pregunta de forma retórica García en una conversación con Alicante Plaza. Frente a estos escritos que pretende difundir el Gobierno, la portavoz de la asociación pide que se manden inspectores a los hoteles para ver si cumplen con los planes de prevención de riesgos laborales, si tienen estudios ergonómicos y psicosociales, y no solo eso, si los aplican en el día a día de sus empleados. El problema viene cuando tienen que hacer más habitaciones de las que corresponde y llegar a una sobrecarga de trabajo. 

Además, García explicó que están pidiendo cambios en las instalaciones que evitarían enfermedades a las camareras de piso, como es el caso de la introducción de las camas elevables. Comunidades como las Islas Baleares han dado un paso más allá y con su nueva Ley Turística será obligatorio para hoteles de cuatro y cinco estrellas: tendrán que tener camas elevables, mecánicas o eléctricas. La asignatura pendiente es que el resto de España, como la Comunitat Valenciana, tenga este mismo criterio.