VALÈNCIA. El president de la Generalitat, Ximo Puig, se enfrentó este martes al último Debate de Política General de la legislatura. Una cita que venía marcada en esta ocasión en el calendario por dos factores: la proximidad con las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y la ofensiva fiscal iniciada por el PP para captar votantes que en los últimos días ha logrado marcar la agenda tanto nacional como de algunos territorios.
Con este telón de fondo, el examen al que se enfrentaba el jefe del Consell no era fácil de superar. La presión ejercida por los populares de Carlos Mazón para impulsar medidas dirigidas a aliviar el impacto económico de la inflación en el bolsillo de los valencianos obligó a los socialistas a salir al paso hace días para anunciar que el Gobierno del Botánico II trabajaba en una "bajada de impuestos" a las rentas bajas y medias, sin concretar, eso sí, ningún detalle. Pero de lo dicho y acordado, a lo avanzado este martes, un trecho. Al menos, así lo deslizó Compromís minutos después de haber asistido al discurso de Puig. La polémica está servida.
El jefe del Consell expuso una reforma fiscal muy concreta: bajada de impuestos, concretamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos que cobren menos de 60.000 euros anuales. Una medida que se basa en un aumento del 10% del mínimo personal y familiar exento, una nueva escala autonómica del IRPF y un aumento también del 10% de las deducciones con más benficiarios. La reforma tendrá efectos ya en la declaración de la Renta de 2022 -a cumplimentar la próxima primavera-, pues se aprobará con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de este año y, según los cálculos que maneja la Generalitat, permitirá un ahorro de 149 millones de euros para las familias valencianas.
La reforma, a priori, permitiría que las rentas de 10.000 euros se ahorrasen un 21% en la tributación, lo que traducido en cifras supondría 94,5 euros; las de 20.000 lo harían un 7,3%, que serían 117 euros de ahorro; y las de 30.000 ahorrarán un 2,2%, que supondría que en sus bolsillos se quedasen 67 euros anuales. Son cálculos facilitados por la Generalitat que, sin embargo, no hizo pública la nueva escala del IRPF a pesar de que así se lo solicitó este periódico.
El diseño proyectado impediría, de aprobarse tal y como fue anunciada, que aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos puedan beneficiarse de la bajada impositiva porque, según Puig, tendrán que "mantener su esfuerzo fiscal en el conjunto de la norma".
El diseño, sin embargo, no va a ser definitivo porque ni siquiera sus socios están dispuestos a apoyarlo tal como fue anunciado. Tras su intervención en la tribuna, la síndica de Compromís, Papi Robles, manifestó en los pasillos contiguos al hemiciclo que a la propuesta anunciada le quedaba "recorrido, porque los que más ganan deben aportar más" para "reforzar los servicios públicos". Unas declaraciones de las que se desprendían varias interpretaciones: la primera, que la coalición van a exigir en la negociación presupuestaria subir los impuestos a las rentas altas. Pero la segunda, y que confirmaban fuentes parlamentarias fuera de micro, que el texto no se corresponde con el diseño consensuado en los últimos días y que reflejaba una "mayor progresividad fiscal".
Progresividad que, de hecho, también reclamó Unides Podem en su intervención como condición para apoyar una reforma de este tipo. Su síndica, Pilar Lima, exigió a Puig un "mayor esfuerzo" y "no subvencionar a las rentas altas porque es antidemocrático", "no poner parches" e impulsar "políticas redistributivas" que les permita "universalizar derechos". "Las prioridades que nos marcamos es realizar una reforma fiscal valenciana que gane en progresividad. Para que todos nos entiendan: hay que apretar más a quien más tiene porque es de sentido común. Y la reforma fiscal que impulsará el gobierno valenciano será progresiva o no será", concluyó la portavoz de Unides Podem.
El descontento de sus socios, sin embargo, no ha sido aislado. De hecho, se suma al desconcierto que su propuesta de reforma fiscal ha generado en las filas de su propio partido, donde ayer martes pocos daban crédito a los anuncios lanzados por el líder territorial. Pese a que fuentes del Consell aseguraban haberla transmitido previamente, en el PSOE la noticia les pilló a pie cambiado. Especialmente, después de que el propio Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero haya anunciado una subida selectiva de impuestos en 2023 que no solo se limitará al impuesto a las grandes fortunas. Medida que confronta principalmente con la rebaja de impuestos generalizada lanzada por barones territoriales del PP, como Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía) o Fernando López Miras (Región de Murcia). Este mismo martes Galicia anunciaba también la deflactación del IRPF hasta el tramo de 35.000 euros.
La reforma fiscal del jefe del Consell, además, pone de manifiesto ahora un cambio de postura, pues fue el propio Puig quien pidió a Pedro Sánchez la semana pasada penalizar en la financiación autonómica a las comunidades que bajaran los impuestos. Pero su viraje no obstante no ha sido único. Por la veda abierta por el jefe del Consell este martes, también se plantea transitar el presidente aragonés Javier Lambán, que no descarta una bajada de impuestos en su comunidad autónoma antes de que termine su mandato.
Como era de esperar, a lo largo del día se sucedieron las reacciones de cargos destacados del PSOE y del Gobierno tras el anuncio de Puig. La primera en hacerlo fue la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que pidió "un discurso fiscal responsable" tras tener conocimiento de la intervención de Puig. Horas más tarde, preguntado en rueda de prensa sobre qué le parecía esta reforma, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la cuestionó. Subrayó que "depende de cómo se hagan" estas medidas y aseguró que no le gustaban "las competiciones a la baja", por lo que la obligación de los socialistas es "armonizar" impuestos y que haya "corresponsabilidad fiscal". Insistió, además, en que la propuesta sobre fiscalidad que va a presentar esta semana el Gobierno central se centrará en "ayudar a las rentas más bajas de este país".
La guinda final la puso la propia ministra de Hacienda, Montero, que se desmarcó de la bajada de IRPF anunciada por Puig y acusó al PP de hacer dumping fiscal y generar un efecto dominó a la baja que obliga a otras comunidades a reducir sus impuestos para no quedar en una peor posición. "No es bueno que las CCAA inicien esa espiral", advirtió tras concluir con una dura aseveración que pone contra las cuerdas al jefe del Consell: la ministra señaló que carecía de sentido que una comunidad autónoma baje impuestos y luego pida más recursos al Gobierno de España.
Con las cartas sobre la mesa y el cabreo de Compromís y Unides Podem, pero también de su propio partido y del Gobierno, Puig deberá volver a sentarse con sus socios en el Consell para lograr sacar adelante una reforma fiscal que realmente contente a todas las partes que integran su Gobierno; o al menos, una que genere menos rechazo en todas las patas que componen el gobierno de coalición del Botánico si quiere verla validada.
La intervención de Papi Robles horas más tarde vino a confirmar lo que ya era un secreto a voces y había avanzado durante la mañana la síndica de Compromís: los valencianistas no están de acuerdo con la propuesta avanzada por Puig ni tampoco es la pactada. "Hemos escuchado esta mañana mucho que hay que bajar impuestos, pero será cuestión de saber a quién se le baja impuestos y para qué se destinan. Aquellas familias que tienen menos renta, que paguen menos. Y eso se debe equilibrar porque los impuestos es lo que financia los servicios públicos, que deben estar blindados. No podemos permitir que bajen los ingresos y se comprometan los servicios públicos", advirtió.
La síndica, de hecho, aprovechó para introducir en el debate una cuestión que en el discurso de Puig no llegó a ser mencionada a pesar de ser el primer problema de la agenda valenciana a lo largo de dos legislaturas: la financiación autonómica. "Debemos ver reflejado cómo hacer una aportación de este tipo y hay una opción maravillosa que se llama financiación autonómica. No es una cuestión de juzgados como dice la síndica del PP, hacen falta acuerdos aquí y allí en Madrid", concluyó la diputada.