DÉNIA/VALÈNCIA. Ya lo había advertido el nuevo Gobierno valenciano: las auditorías marcarían el futuro de las reversiones de los hospitales de Dénia y Manises, gestionadas por Marina Salud (Grupo Ribera) y Sanitas, respectivamente. Y las auditorías le han revelado al PP había un elemento nuclear, aunque con matices en cada uno ellos. Y ese elemento era el clima político, sindical y social de rechazo, que se han venido agravando desde que el Botànic comunicara a las concesionarias que no habría prórroga. Además, en un segundo plano, la falta de personal que venían denunciando el comité de empresa, y que se ha intensificado en el área de Salud de Dénia, donde los sindicatos vienen denunciando una fuga de profesionales en los últimos años que ronda los 300 sanitarios.
La Conselleria de Sanidad anunció este viernes que ejecutará las reversiones a la gestión pública de las áreas de salud de Dénia y Manises que el Gobierno de Ximo Puig activó en su momento, un año antes del fin de los contratos. Así, las concesionarias mantendrán el servicio hasta abril en el área de Dénia -tres meses más tarde de la fecha prevista, que era el 31 de enero, para tenerlo todo listo y evitar problemas como los que se produjeron con las reversiones de Alzira y Torrevieja- y hasta mayo en la de Manises.
Al mismo tiempo, anunció que la concesión que queda pendiente, la de Elx-Vinalopó, para la que no se había activado el proceso porque el contrato vence en 2025, la previsión es renovarla. En este sentido, Sanidad argumentó como otro de los motivos de la reversión de Dénia y Manises, la "seguridad jurídica", ya que al haberse comunicado a las empresas la reversión, un cambio de opinión podría haber dado lugar a un algún recurso y a que el asunto acabara en los tribunales.
El titular de Sanidad, Marciano Gómez, garantizó que el proceso de reversión a gestión pública se realizará mediante una transición "ordenada, rigurosa y sensata, sobre todo para que los ciudadanos no tengan el caos que hubo en Alzira y Torrevieja". Además, quiso dejar claro que es una decisión "meditada", para la que han contactado con las empresas concesionarias, "alejada absolutamente de la ideología" y basada en el "gran objetivo" de priorizar la calidad asistencial.
La decisión anunciada este viernes por el departamento de Marciano Gómez supone un alivio en la Marina. Muy pocos en la Marina Alta defendían la continuidad de Marina Salud. En esta comarca, además del PSPV y Compromís, los alcaldes y portavoces del PP también se habían posicionado a favor de la reversión y en contra de que Marina Salud siguiera al frente del hospital comarcal. Ni el relevo en la gerencia del hospital dianese ni la nuevas promesas de mejoras habían calmado un sentir que era clamoroso. En Manises, los partidos progresistas se habían adherido esta misma semana a la Xarxa de Alcaldes de la Marina Alta para evitar, por todos los medios, una prórroga.
La decisión de la Conselleria de Sanidad respecto a Dénia y Manises fue tomada por el Consell tras una reunión celebrada el pasado lunes entre el conseller Marciano Gómez, el presidente Carlos Mazón y el principal ejecutivo y accionista del Grupo Ribera, Alberto de Rosa, que aspiraba a conseguir la prórroga de cinco años contemplada en el contrato.
En Manises la decisión no habría sido difícil de acometer, dado que Bupa Sanitas ya tenía en mente su marcha desde hace años. Cierto es que Ribera tenía preparada una oferta de compra de la sociedad concesionaria a Sanitas si el Consell decidía la reversión en Dénia y la prórroga en Manises -como ya hizo en Dénia, donde era socio minoritario de la concesionaria con el 35% y adquirió el 65% de DKV en 2021-, pero finalmente esta opción tampoco ha fraguado.
"Había un clima social muy caldeado por el Botànic" -anterior gobierno autonómico- en el que "los trabajadores estaban claramente a disgusto". Es una decisión "global" fruto de la auditoría realizada en los últimos meses, explicó este viernes el conseller Marciano Gomez, quien matizó el objetivo es que "esto no se enquistase y la población no estuviera en una situación de desasosiego". Gómez añadió que los comités de empresa de estos departamentos se han puesto a disposición de conselleria para colaborar durante la reversión. "Es algo absolutamente novedoso y demuestra nuestra capacidad de diálogo, como no pasó ni en Alzira ni en Torrevieja", recalcó, al tiempo que garantizó que en el proceso no habrá fisuras "sociales, laborales o jurídicas".
A nivel laboral, el titular de Sanidad y médico afirmó que se mantendrá la figura de personal laboral a extinguir en estos departamentos, hasta que finalice el proceso en el que trabajan para igualar el régimen jurídico de todos los trabajadores durante esta legislatura: "No queremos que haya personal sanitario ni de primera ni de segunda". Sobre el recurso judicial presentado por Ribera Salud, antes del cambio de gobierno del 28M, contra las normas de la reversión de Dénia, explicó que se han puesto en contacto "con todos los actores que participan en esta película" y han llegado a un acuerdo con el grupo "de forma muy sincera y amable" para evitar "episodios caóticos de antaño" en el traspaso a gestión pública.
La Generalitat también desveló el desenlace de la auditoría del Hospital Elx-Crevillent. Según Gómez, En el caso del departamento de Salud Elx-Crevillent, los informes aconsejan continuar con la concesión, "siempre y cuando se mantengan los índices de calidad, se siga invirtiendo en tecnología, se sometan a un riguroso control y se continúe prestando el servicio con los mismos parámetros de eficiencia que existen actualmente".
"No vamos a privatizar ni a desprivatizar: vamos a trabajar para que los ciudadanos tengan lo mejor. Si el modelo de Elche es bueno para los ciudadanos seguiremos. Los datos hoy nos dicen que sí", aseveró el conseller.
El contrato de esta área de salud, la única que quedará bajo el modelo de concesión tras las reversiones de Dénia y Manises, está fijado en mayo de 2025, aunque, como en el resto de contratos, está prevista una prórroga automática de cinco años siempre que, un año antes, una de las partes no manifieste que desea poner fin a la concesión. Lo previsible es que la Conselleria acuerde no hacerlo a cambio de unos compromisos de inversiones para esos cinco años adicionales.
Varios alcaldes y representantes de PSPV y Compromís en La Marina celebraron este viernes la decisión de Gobierno de Mazón."Es una buena noticia, y desde la red de alcaldías vamos a estar vigilantes ya que sabemos que en el pasado estos procesos fueron complicados. Vamos a estar pendientes de la actuación de Sanidad porque la experiencia nos dice que en otros departamentos de salud, la empresa concesionaria tanto en Alzira como en Torrevieja no tuvo actitud colaboradora. Esto provocó que los procesos de reversión no fueran fácil e impidió que todo estuviera a punto en el momento en el que la gestión pasó a la red pública", señaló la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora.
Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes, PSPV-PSOE y Compromís, por su parte, han celebrado este viernes que se haya "conseguido frenar el afán privatizador del PP" y que gane la sanidad pública frente "al negocio con la salud que ha hecho el PP durante demasiado años".
El portavoz socialista de sanidad en Les Corts, Rafa Simó, afirmó que el Consell de Carlos Mazón y la ultraderecha "no tienen ni argumentos ni base jurídica para frenar las reversiones sanitarias", y opinó que "hoy es un buen día" para quienes creen en la sanidad pública porque se ha logrado "frenar el afán privatizador del PP".
En su opinión, el actual Consell ha aceptado "por la vía de los hechos" que la izquierda tenía razón cuando decía que "la mejor manera de gestionar la sanidad publica es a través de la gestión directa de la Generalitat", y consideró que, tras este anuncio, "el modelo Alzira queda prácticamente muerto". "Lo hemos conseguido gracias a la presión de la sociedad civil, de los municipios y los trabajadores", manifestó en un comunicado Simó, quien alertó de que los y las socialistas valencianos estarán vigilantes para que la transición se haga "con todas las garantías de calidad, eficacia y servicio público".
Desde Compromís, su portavoz parlamentario de Sanidad, Carles Esteve, felicitó a la sociedad civil valenciana por la movilización en favor de revertir las privatizaciones sanitarias y consideró que "gana la sanidad pública frente al negocio con la salud que ha hecho el PP durante demasiados años".
Para Esteve, "el fracaso del modelo Alzira ha sido notorio, un modelo de privatización que primaba que los recursos públicos fueran destinados a enriquecer a las empresas concesionarias en vez de a mejorar la calidad de nuestra sanidad pública".