MADRID (EFE). La empresa de telecomunicaciones MasOrange y los sindicatos afrontan la última semana de negociación para tratar de llegar a un acuerdo en las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a 695 trabajadores, con las voluntariedad y las condiciones económicas de salida en el centro del debate.
MasOrange, la empresa resultante de la fusión de Orange y MasMóvil, presentó un procedimiento de despido colectivo a comienzos de septiembre, cuya mesa de negociación se estableció el 17 de ese mes, por lo que el plazo para alcanzar un acuerdo llega a su fin esta semana.
Uno de los puntos clave de la negociación es la "voluntariedad" del ERE, que la empresa mantiene como "preferentemente" voluntario, pero que los representantes de los trabajadores observan como "forzoso", dado que si no se llega a las cifras establecidas por la empresa, esta completará hasta llegar al número fijado.
En la última propuesta, según fuentes sindicales consultadas por EFE, la empresa amplió la edad para poder acogerse a las prejubilaciones hasta la horquilla de entre 57 y 62 años. Aunque para los empleados de entre 57 y 62 años, la operadora requeriría una antigüedad de 9 años y de 5 años para los empleados entre 59 y 62 años.
Foto: MASORANGE
Respecto a las indemnizaciones económicas, para los menores de 57 años, la oferta de la empresa tras la última propuesta se sitúa en 33 días por año trabajo, con un tope de 24 mensualidades y para mayores de 62 años la compañía plantea 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades.
MasOrange es la empresa surgida tras la fusión de Orange España y MásMóvil hace unos cinco meses, en una operación que dio como resultado una compañía con alrededor de 8.000 trabajadores, aunque en el ERE únicamente se ven afectadas seis de sus sociedades, por lo que el porcentaje de afectados tras la última rebaja estaría en el entorno del 15 % de los 4.600 trabajadores.
Concretamente, este expediente de regulación afecta a las dos filiales de Orange en España (OSP y OSFI), Lorca, Xfera, Euskaltel, R Cable y Telecable.
La mesa de negociación, por parte de los sindicatos, está compuesta por cinco representantes de CCOO, cuatro de UGT y otros cuatro de la Confederación Sindical Independiente (Fetico).
Protestas y reuniones con partidos
En paralelo a la mesa negociadora, representantes de CCOO y UGT celebraron durante la pasada semana varias reuniones con diferentes partidos políticos para mostrar su preocupación por el expediente de regulación de empleo, entre ellos se reunieron con el secretario de estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.
Fuentes del ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, del que depende esta secretaría de Estado, consultadas por EFE señalaron que el Gobierno en la autorización a la fusión puso un especial interés en que se minimizara el impacto laboral y explicaron que seguirán muy de cerca el proceso, tratando de que la negociación alcance un acuerdo lo más equilibrado posible.
Por su parte, fuentes de CCOO informaron a EFE que durante la semana pasada que se reunieron también con varios grupos políticos en el Congreso, como el del PSOE, el del PNV o el de Podemos, este último partido ha solicitado al Gobierno información sobre los compromisos de empleo acordados en la autorización de la fusión.
Representantes de CCOO también enviaron una carta al ministerio de Trabajo, en la que solicitaron una reunión con la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, aunque las mismas fuentes apuntan que no han recibido respuesta.
Además, durante los últimos días este sindicato ha convocado varias protestas tanto en Madrid, como en otras ciudades donde tiene presencia la empresa.
Por otro lado, se ha desconvocado la huelga de media jornada prevista para el 15 de octubre por CCOO, UGT, USO, ELA y CGT; aunque CCOO ha convocado protestas y concentraciones para ese día a las puertas de los centros de trabajo a mediodía.
El empleo en el sector de telecomunicaciones
El ERE de MasOrange se produce después de que en julio pasado se llevara a cabo un procedimiento de despido colectivo en Vodafone España, que afectó a casi 900 empleados de una plantilla de 3.268 trabajadores.
En aquel momento, los representantes sindicales también se reunieron con representantes del Gobierno, que había autorizado la compra de la compañía por parte de Zegona, en una operación valorada en 5.000 millones de euros.
El ministerio de Trabajo llegó a enviar una carta a Vodafone España en la que recordaba que la ausencia de cumplimiento de los requisitos que establece la normativa puede tener como consecuencia la nulidad del despido colectivo
El sector de las telecomunicaciones ha vivido varios procesos de despidos en los últimos años, que atraviesa una encrucijada entre las elevadas inversiones que han tenido que realizar las operadoras para los despliegues de redes, mientras que parte del negocio lo han monetizado plataformas digitales o empresas tecnológicas.
Concretamente en el caso de Orange, el último ERE en la empresa tuvo lugar en 2021 cuando se llegó a un acuerdo para 400 despidos voluntarios, con una indemnización económica en una horquilla de entre 57 y 62 días por año trabajado en función del nivel salarial.
Foto: EFE/SARA MUÑOZ
