Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La movilidad de sanitarios entre los departamentos que conforman una agrupación sanitarias interdepartamental(ASI) solo será obligatoria para el personal cuyo nombramiento haya tenido lugar tras la entrada en vigor del decreto ley de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud. Así lo daba a conocer este miércoles la Conselleria de Sanidad tras una reunión extraordinaria con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, que siguen demandando su retirada.
La movilidad, que se aplicará, tanto para el personal fijo como para el temporal, será de carácter voluntario para aquel personal cuyo nombramiento haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de la norma. Una fórmula se aplicará, con carácter excepcional, "por el tiempo imprescindible", y que nunca podrá superar los noventa días en un período de doce meses. Un período equivalente a tres meses naturales.
Este movimiento, según concretan desde Sanidad, dará derecho a todas aquellas indemnizaciones por razón del servicio que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, que actualmente es el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, de indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios.
Mientras, tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo el necesario para el desplazamiento de ida y vuelta entre el centro de trabajo donde mantiene su vinculación el profesional y el centro donde pase a prestar los servicios como consecuencia de esta movilidad. Cabe recordar la distancia entre los departamentos existentes dentro de una ASI, que puede suponer el ir desde el Hospital General de València hasta Requena o desde el Doctor Peset a La Ribera.
Por su parte, el personal que resulte adjudicatario de un puesto en los concursos de traslados ya convocados o pendientes de convocar en fechas próximas, los cuales se resolverán con carácter previo a los diferentes procesos selectivos que deben estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2024, no se verán afectado por dicha movilidad de forma obligatoria, aunque sí podrán participar de manera voluntaria.
La pasada semana se aprobaba por sorpresa este decreto ley, en el que se avalaba un nuevo modelo de agrupaciones de departamentos, en un proceso en el que Gómez decidió no presentar ni negociar en mesa sectorial el documento. Un nuevo modelo en el que han creado las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), donde se planteó una fórmula de movilidad supra departamental, además de establecer un nuevo proceso para las plazas de difícil cobertura por concurso de baremo de méritos.
Las explicaciones más exhaustivas sobre la aplicación de la nueva normativa adoptada por el conseller eran rechazadas de nuevo por Satse, CCOO, UGT, CSIF, CESM-SAE e Intersindical Salut, sindicatos de la mesa sectorial, que insistían en la necesidad de negociar de forma previa a su aprobación debido a materias como la movilidad geográfica, los procesos de selección del personal o la progresión de grado de carrera profesional.
En este sentido, Satse, CCOO, UGT e Intersindical insistían en la retirada del decreto-ley y abandonaban la reunión ante lo que han calificado de "rodillo", según explicaban en un comunicado conjunto, en el que señalaban que la administración sanitaria solo "pretendía explicar el documento en detalle para simular una negociación". Estos cuatro sindicatos consideran esta actitud un "nuevo atropello", por lo que se levantaron de la mesa ante la "imposición" de la norma. Un línea en la que también se movía CSIF, que ha permanecido en al mesa pero que señalaba el mismo argumentario.
Similar era la posición del CESM-CV, que sin embargo manifestaba "no entender" que los sindicatos hayan abandonado la mesa, salvo "criterios espurios y evidentemente de carácter político", y les han acusado de tener "intereses distintos a la profesión médica". En cualquier caso, consideraba que Sanidad debe adoptar normas que permitan "mayor implicación" de los profesionales médicos, "a los que se debe reconocer y establecer las lógicas compensaciones que por la responsabilidad que asumen se merecen".
Curiosamente, la directora general de Personal de la Conselleria de Sanidad, Amparo Pinazo, afirmaba en un comunicado tras la mencionada reunión que, “en todo caso, si resultara necesaria la aprobación de cualquier tipo de disposición para el desarrollo y aplicación del decreto ley que pudiera afectar a las condiciones de trabajo del personal, en su tramitación se llevará a cabo la correspondiente negociación con los representantes de los trabajadores, como se ha hecho hasta ahora”. Lo hacía a pesar de que la pieza troncal de la norma no había sido consensuada en ningún momento.
En este sentido, explicaba que la única finalidad de la donselleria con el nuevo decreto, así como con el resto de actuaciones y normas, es "garantizar la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, sin diferencia alguna entre zonas geográficas". Por ello, insistía que “el fracaso del anterior decreto 6/2023 originó la urgencia de aprobar una nueva norma que cubriera sus carencias, ya que lejos de cumplir el objetivo con el que se aprobó, las plazas vacantes seguían sin cubrir, comprometiendo así la adecuada asistencia sanitaria”.
Una vez más, Sanidad se ha referido a la escasez de profesionales en los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja, así como en las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas. Para solucionarlo, en materia de empleo público, las plazas vacantes de estas zonas geográficas se declaran como plazas de difícil cobertura y se establecen medidas para promover su provisión a través del concurso de baremos de méritos.
Esta misma semana, los sindicatos solicitaban una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y acordaban pedir la intervención del Síndic de Greuges. Además, programaban una concentración frente al Palau de la Generalitat el próximo 5 de marzo de 11 a 12 horas, a la que han emplazado a participar a todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad.
En opinión de los sindicatos, no está justificada la "extraordinaria y urgente necesidad", a la que aludía el Gobierno valenciano para aprobar estas modificaciones a través de un decreto ley. En este sentido, señalan que el conseller viene anunciando desde hace meses en prensa su intención de modificar el mapa sanitario y el decreto de puestos de difícil cobertura, por lo que consideran "que ha tenido tiempo más que suficiente para abrir el proceso de negociación correspondiente".
"Ello nos hace pensar que la única razón por la que el conseller ha optado por esta vía es para retroceder en derechos laborales hurtando el derecho a la negociación colectiva con los representantes legítimos de las trabajadoras y trabajadores y obviando el derecho de participación ciudadana, así como restar capacidad de control parlamentario en la elaboración de las normas", señalan. En este sentido, insistían en la dificultad que supone para recurrir estas medidas, que definen como "un atropello para los y las trabajadoras".
