VALÈNCIA. La Mesa de Les Corts ha tramitado este martes, ya de manera definitiva, el requerimiento al grupo parlamentario Compromís de que devuelva un total de 25.543 euros de la subvención pública recibida en 2022. Esta exigencia se produce después de que los informes de control financiero elaborados por la Intervención de la Cámara y por los servicios jurídicos concluyeran que existían gastos injustificados, especialmente en nóminas.
El conflicto, que ya se arrastra varios meses, viene por el hecho de que Compromís presentó un nuevo convenio entre el partido y el grupo parlamentario a finales de 2022. Se trata del documento con el que se justifica la aportación del segundo hacia el primero por unos servicios que prestan en Les Corts.
Después de aprobarlo en diciembre de 2022, la coalición lo presentó dos meses después, en febrero de 2023, a la Mesa del Parlamento. Su intención era que se aplicara con efectos de septiembre de 2022 porque necesitaban justificar algunas contrataciones de ese mes. Esto suponía, a su vez, que los informes de fiscalización de aquel año tuvieran en cuenta la aplicación del citado convenio.
Pero los servicios jurídicos de la Cámara dijeron que no. "El convenio suscrito entre un grupo parlamentario y el partido político o, en este caso, la coalición, constituye un elemento básico, un parámetro referencial esencial de la fiscalización –mediante control financiero posterior– que ha de realizar la Intervención de Les Corts de los gastos efectuados por el grupo parlamentario y de la que, finalmente, habrá de realizar la Sindicatura de Comptes", recordaron en un informe.
En este sentido, explicaron que una vez finalizado el ejercicio anual –en este caso, 2022– sobre el que se proyecta el convenio "no cabe alterar las reglas ni los parámetros de la referida fiscalización". Tampoco, añadían, "introducir una modificación del convenio mediante una comunicación que se remite a la Mesa tras el vencimiento de dicho ejercicio y que retrotraiga los efectos de la modificación a una fecha anterior a la del 1 de enero de 2023".
Los servicios jurídicos entendían, de esta manera, que Compromís pretendía "alterar extemporánea e indebidamente las reglas que son de aplicación a la fiscalización de los gastos efectuados por el grupo con cargo a la subvención". La coalición alegó que la decisión era improcedente y arbitraria, pero no se tuvo en cuenta.
El informe de los servicios económicos fue elevado a la Intervención y ambos fueron remitidos a la Mesa para que, finalizada toda esta tramitación, ya se requiriera de manera definitiva a Compromís el reintegro de los más de 25.000 euros. Desde la coalición trasladan que se trata de gastos perfectamente legales y justificables y que lo que hay es una discrepancia técnica del plazo de presentación del convenio, motivo por el que ahora se han pedido aclaraciones al informe.
En todo caso, hacen hincapié en que es "una situación normal que ha pasado en otros momentos y grupos parlamentarios" y que si tienen que reintegrar ese dinero lo harán "dentro de la normalidad".
Más allá de los informes, cabe recordar el contexto en el que se produjo todo esto. En verano de 2022, Compromís realizó el primer gran ajuste en el grupo parlamentario. La coalición despidió a cuatro trabajadores para asegurarse poder pagar los finiquitos cuando finalizara la pasada legislatura la legislatura. Dos de ellos se acogieron de forma voluntaria. En septiembre –mes a partir del cual Compromís pedía que se aplicara ese nuevo convenio– hubo nuevas contrataciones.
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