La Mesa de Les Corts acuerda que se excluya la candidatura de Beut para dirigir Antifraude

VALÈNCIA. La Mesa de Les Corts ha acordado este martes que se excluya la candidatura de Eduardo Beut para dirigir la Agencia Antifraude. El órgano rector de la Cámara lo ha decidido así tras el informe de los servicios jurídicos en el que se realizaba esta recomendación.

Beut era uno de los dos aspirantes a dirigir la entidad que se conocieron el pasado enero. El exdelegado de la Agencia Tributaria –con una larga trayectoria profesional y una conocida vinculación al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana– fue propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública. 

Desde que trascendió el nombre, se ha hecho especial hincapié en que la presidenta de la asociación formó parte de listas municipales del PP en 2023 y 2019. Motivo –entre otros, incluyendo la vinculación del propio Beut a los populares– por el que se ha asociado la candidatura de Beut a la derecha. 

Las dudas con la asociación proponente 

Lo cierto es que la Asociación de Gestores, aun presidida por Inmaculada Luz Collado, quien efectivamente ha formado parte de listas municipales del PP, tenía como vicepresidenta hasta el pasado abril a Rocío Barbeito, secretaria general de Joves Socialistes en València y quien fue asesora de la exconsellera de Política Territorial Rebeca Torró. Tanto populares como socialistas han querido remarcar, pues, el carácter profesional de la asociación y el hecho de que no la invalida que de ella formen parte políticos. 

En todo caso, la fundamentación en la que los servicios jurídicos de Les Corts basan la recomendación de excluir a Beut no tiene nada que ver con el posible cariz político de los proponentes. La ley de Antifraude establece que los candidatos han de ser planteados a Les Corts por organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana y por los grupos parlamentarios. 

Estos últimos no presentaron a nadie, pero las organizaciones sociales sí. De un lado, la citada Asociación de Gestores para la Administración Pública con Beut. De otro, se encuentra Gustavo Segura, actual director de Análisis e Investigación de la Antifraude. Lo propusieron como candidato único, cada una por separado y tras pactarlo, Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés–, la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío– y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituida por colectivos de izquierda como Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana–.

Tras conocer ambos nombres, Acción Cívica impugnó la candidatura de la Asociación de Gestores, a raíz de lo cual los servicios jurídicos de Les Corts se han pronunciado. En el informe concluyen que no se cumple el precepto de que esta última sea "una organización social que trabaje en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana", como establece la ley de Antifraude. El letrado incide en la abstracción de este punto de la norma de la agencia, dado que es interpretable y no existen leyes semejantes en otras autonomías. Sin embargo, a tenor de la literalidad sí destaca las escasas actuaciones de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública en la lucha contra el fraude y la corrupción. 

Ello, añade, sin perjuicio de que la Mesa de Les Corts, "en virtud de mejor o superior criterio", pueda considerar procedente "efectuar una interpretación menos estricta de la exigencia legal". Pero la Mesa de Les Corts no tenía muchas más opciones aunque el informe no sea vinculante. Haber tramitado la candidatura de Beut como si nada no parecía el mejor camino. Ahora queda fuera de la terna y sólo se mantiene Gustavo Segura. 

El nombre del número dos de Antifraude no agrada a la derecha, aunque tampoco entusiasma en absoluto al PSPV. Además, en el actual escenario de enfrentamiento entre bloques no parece muy probable alcanzar un acuerdo. Los socialistas ya anticiparon que nada pactarían con los populares si mantenían a Vox en las instituciones y en los órganos. Así que ahora no sería descartable un escenario de bloqueo para forzar un reinicio del proceso de elección de la dirección de la agencia. 

La polémica del perfil de Beut por sus vínculos con Zaplana

El perfil de Beut ya provocó gran polémica cuando se conoció. Inspector de Hacienda, cuenta con un perfil profesional de prestigio en este ámbito. Y aunque el PP se desvinculó de la candidatura, su trayectoria también ha ido ligada de una manera u otra a los populares. Especialmente al que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. 

Tras dejar de ser delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana en 2002 –cargo que ocupó durante tres años en sustitución de Vicente Rambla, a posteriori vicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps–, Beut fue designado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales. Esta sociedad participada al 50% por Bancaja y la CAM auspiciada por Zaplana, fracasó y fue disuelta en 2005. Beut había sido designado, en realidad, como hombre fuerte, aunque acabó denunciando la inactividad de la citada sociedad y las dificultades para desarrollar sus objetivos. 

Ya entonces se le atribuía una amistad personal con el que fuera jefe del Consell. A su vera llegó de la mano de Juan Francisco García, jefe de Gabinete de Zaplana en aquel momento. De hecho, de Beut se recuerda que fue el gran consejero y hombre de confianza del expresidente de la Generalitat en materia tributaria cuando ostentaba este cargo. 

Un año después de dejar Cartera de Participaciones Empesariales, en 2006, Beut fue fichado por la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración). Primero fue gerente y luego secretario general hasta 2011, cuando fue nombrado presidente. Ocupó este puesto hasta 2012. 

Beut también fue liquidador de la mercantil Fecoval Jaume II El Just y consejero delegado de Madrid Arte y Cultura (Macsa), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Ana Botella. Allí llegó vía Fernando Villalonga, conseller de Cultura en el primer Gobierno de Zaplana y exdiputado del PP.