Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFECOM). El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda arrancará la semana que viene su tramitación en el Senado con las propuestas de veto del Grupo Vasco, PP, Vox, Cs, Navarra Suma y Junts per Catalunya y 324 enmiendas parciales, de ellas más de cien de la Izquierda Confederal, que pide regular el alquiler de habitaciones.
El próximo lunes la Mesa y portavoces de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana decidirá el calendario de dicha tramitación, con el 18 de mayo como fecha límite.
En sus vetos, los partidos que rechazan la ley utilizan los mismos argumentos que les llevó a votar en contra en el Congreso el pasado 27 de abril, entre ellos el de la invasión competencial de comunidades autónomas y entidades locales.
En ello coinciden todos a excepción de Vox, que incide sobre todo en el "ataque a la propiedad privada" y la "promoción de la ocupación ilegal" que, a su juicio, supone el texto.
También el PP critica su naturaleza "intervencionista", cree que "ataca el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa" y lo considera "carente de medidas que den una respuesta eficaz a los problemas actuales".
Para los 'populares' esta ley es un "totum revolutum" que "afecta muy negativamente al sector inmobiliario y perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios de las viviendas, no resuelve el problema de la vivienda a familias vulnerables y, en última instancia, a la percepción de nuestro país como un Estado respetuoso con derechos básicos y con su seguridad jurídica".
Insisten, asimismo, en su propuesta de veto en que el control de rentas es una "medida populista e ineficaz" con la que aumentarán los precios y el fraude fiscal.
Desde la Izquierda Confederal, Compromís, Más Madrid y Geroa Bai suman 105 enmiendas, dirigidas algunas a establecer sanciones para los responsables de incumplir la función social de la vivienda, y crear un registro de malas praxis de propietarios y un censo de viviendas vacías de entidades financieras y fondos.
Más Madrid propone además regular el arrendamiento de habitaciones, ya que al estar sometido al pacto de las partes que recoge el Código Civil y no considerarse estrictamente como contrato de arrendamiento de vivienda, no estaría afectado por el límite de subida de precios del alquiler que establece la ley.
Compromís, por su parte, reclama una moratoria para la compra de vivienda como objeto de especulación por parte de capital extranjero o personas no residentes en el Estado, así como un nuevo impuesto que penalice las venta de aquellas viviendas compradas en un plazo inferior a 18 meses antes de la nueva venta.
El senador de Compromís Carles Mulet ha explicado que su objetivo es "acabar con el 'flipping inmobiliario' o, lo que es lo mismo, sacar un rápido beneficio de la venta de viviendas acabadas de comprar".
