La ley de Juventud 2025 abordará temas como la natalidad, la vivienda o la participación activa de los jóvenes

MADRID  (EP). El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto el trámite de consulta pública previa sobre el anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, a la que se refieren como "la nueva Ley de Juventud 2025", que tiene entre sus objetivos garantizar los derechos de los jóvenes, en materia de natalidad, familia, igualdad, vivienda, empleo o participación activa, entre otros.

"La necesaria renovación del contrato social con la juventud requiere, como premisas de partida, la participación activa de la juventud y de la ciudadanía en general en el desarrollo de la presente Ley, y el reconocimiento explícito, a través de la misma, de los derechos de la juventud en materia de participación activa, educación, empleo, natalidad, familia, vivienda, igualdad y conciliación por parte de las Administraciones Públicas", enumera el Ministerio en el documento sobre la consulta pública.

Asimismo, añade que la nueva ley deberá contemplar la solidaridad intergeneracional y los derechos medioambientales, "para dejar de comprometer la sostenibilidad de todo el sistema".

El departamento que dirige Sira Rego, ve necesaria la elaboración de esta ley ya que, según precisa, no existe ninguna norma de carácter nacional que "sistematice, reconozca y garantice el desarrollo integral de los derechos específicos de la población joven recogidos en la legislación europea e internacional, especialmente en materia de "derechos de participación, económicos, sociales y culturales, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ), derechos de las mujeres y contra la violencia de género, la discriminación por motivos raciales o étnicos, el reto demográfico y el cambio climático, entre otros".

Rego apoya rebajar la edad de voto a los 16 años

Además, aunque no se especifica en el documento de consulta pública, la norma podría incluir la rebaja de la edad de voto a los 16 años, en base a las últimas declaraciones realizadas por la ministra. Así, el pasado mes de julio, preguntada por esta posibilidad en un encuentro celebrado en Madrid, Rego afirmó que es "necesario" abrir el debate político sobre este asunto. En el mismo sentido se pronunció el pasado mes de abril, en la Comisión de Juventud e Infancia, en el Senado. "Si los jóvenes y las jóvenes quieren votar a los 16 años en las próximas elecciones, tendrán mi apoyo", aseguró entonces.

El trámite de consulta pública previa sobre la ley de Juventud tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden enviar sus aportaciones desde este viernes 6 de septiembre hasta el próximo 30 de noviembre al correo 'leyjuventud@injuve.es'.

Según explica el Ministerio, la nueva Ley de Juventud 2025 pretende, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, "desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española, que mandata a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país".

En concreto, el departamento que dirige Sira Rego, considera necesario "generar cauces y oportunidades de participación sistemáticos, abiertos y accesibles a la juventud, y el empoderamiento de la misma como actor sociopolítico activo".

Según precisa el Ministerio, la nueva ley quiere abordar, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, aspectos relativos a los derechos de la juventud como: derechos económicos y cobertura social; derechos democráticos y participación política; salud mental y bienestar; crisis ecosocial y derechos de las generaciones futuras; y cogobernanza y conocimiento de la realidad juvenil.

En la actualidad, son de aplicación en España "una pluralidad" de normativas de carácter internacional, que proporcionan directrices y recomendaciones relativas a los derechos de la juventud, como la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030; la Estrategia Europea de Juventud 2021-2027; o los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Además, en 2022, se desarrolló en España la Estrategia de Juventud 2030, que consensuó las bases para un nuevo contrato social con la juventud, a partir de procesos participativos protagonizados por el Consejo de la Juventud de España y de una muestra representativa de asociaciones, entidades y jóvenes no asociados de toda España.

Asimismo, una amplia mayoría de comunidades autónomas cuenta con un marco legislativo general de sus políticas de juventud. En concreto, hay doce leyes generales de juventud entre las 17 comunidades, que abordan la materia desde un enfoque prestacional y de desarrollo de la estructura administrativa de juventud territorial.

Si bien, el Ministerio advierte de que, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, "a pesar de la pretendida transversalidad de las políticas de juventud, el desarrollo normativo y la gestión de programas de interés para la juventud está atribuido a unidades administrativas sectoriales, que raramente legislan específicamente para la juventud dentro de su ámbito, salvo si se trata de trasponer programas o normativas europeas".