VALÈNCIA (EFE). La que fuese jefa de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps y secretaria autonómica de Comunicación, Nuria Romeral, ha respaldado su versión en el juicio del caso Gürtel en el que está acusado y ha negado que éste tuviese una relación de amistad con uno de los cabecillas de la red, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', sino más bien de "cortesía".
"Relación de amistad, no", ha indicado Nuria Romeral en la Audiencia Nacional sobre un asunto controvertido en el juicio ante las versiones contrarias aportadas ante el tribunal: Camps lo niega -"todo esto es un montaje"-; El Bigotes dice que eran "amigos" desde 2003 y que "todo el mundo" lo sabía y la Fiscalía sostiene que tenían una "estrecha relación" y que hay indicios de que el expresident dio instrucciones para contratar con Gürtel.
Este último aspecto también lo ha negado la testigo a preguntas del abogado de Camps al mostrarse "absolutamente convencida" de que el expresident no dio ninguna indicación a la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars, también acusada, para adjudicar el montaje de un expositor de la feria Fitur 2009 a la empresa estrella de la Gürtel en Valencia, Orange Market.
La testigo, que también ha negado que Camps prometiese trabajo a Álvaro Pérez en la Comunitat, en contra de lo que ha sostenido este empresario y otros acusados a lo largo del juicio, ha señalado que ella conoció a El Bigotes a finales de los 90 en los actos del PP, donde era "habitual" que coincidiese con el expresident de la Generalitat.
Ha descrito a este empresario como un "personaje curioso", alguien "peculiar, con su bigote", "un hombre que lo ves una vez y no lo olvidas", pero también un "tío solvente" desde el punto de vista profesional.
Durante la jornada de hoy también ha declarado la exconsellera de Turismo Ángelica Such, que fue absuelta de un juicio de Gürtel y que ha negado haber recibido ninguna indicación de Camps "para nada".
Esta ha sido la última de las cuatro sesiones programadas esta semana, en la que el tribunal ha ido recabando otros testimonios, como el de un técnico de la Generalitat que aludió a un cambio de reglamento en 2004 que modificaba el proceso de tramitación de expedientes de contratación y que, en su opinión, se tradujo en "un intento de controlar las adjudicaciones".
El expresident de la Generalitat Francisco Camps, que se sienta en el banquillo con tres de sus exconsellers y más de una veintena de acusados, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión y 10 de inhabilitación.