VALÈNCIA. El conflicto de las fundaciones de investigación sanitarias y su personal parece el cuento de nunca acabar. Así lo recuerda la auditoría de cumplimiento y operativa emitida por la Intervención General de la Generalitat respecto a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) en el año 2020.
La contratación temporal del personal en este tipo de fundaciones - y resuelta en otras con el Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe (IIS La Fe) a golpe de sentencia judicial- ha llevado al ente fiscalizador de la administración valenciana a catalogar la contratación como "fraudulenta" y recordar que el personal cuenta con hasta cuatro convenios diferentes a los que se acogen para marcar sus condiciones laborales.
En este sentido, concluye que la gestión en el área de personal detecta incumplimientos y limitaciones, al señalar en primer lugar un informe de la inspección provincial de trabajo en el mes de marzo del pasado año, en la que se denunciaba que la mayoría de los trabajadores tienen contratos de trabajo temporales o servicio determinado, vinculados a algún proyecto de investigación, y algunos con una antigüedad de más de 5 años.
Un relato en el que la inspección acaba concluyendo que la Fundación utilizó durante el pasado año la contratación temporal de "forma fraudulenta" para conseguir mantener una plantilla de empleados necesarias para desempeñar las tareas consideradas como permanentes en la Fundación, así como encomiendas de asistencia sanitaria y proyectos de investigación de la Conselleria de Sanidad.
En este marco, recalca que además en la fundación coexisten cuatro convenios distintos de personal que regulan las condiciones laborales y retribuciones con distintas tablas salariales y no se ha formalizado un nuevo convenio como obliga la legislación vigente. No obstante, cabe recordar que el conjunto de las fundaciones de investigación sanitaria se encuentran en vías de negociar un convenio colectivo general que permita establecer un marco en la Comunitat Valenciana.
Desde la Intervención, también aluden a la contratación, para la que señalan la realización de un volumen total de operaciones para las que, por su similar naturaleza, debería haberse seguido un procedimiento de contratación no menor, ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia. En este sentido, alude a la necesidad de una mejor planificación de necesidades contractuales, un refuerzo del control en los importes pendientes de pago y una motivación en la necesidad de gasto. Unas cuestiones que tendrá que atajar la nueva gerente, Mónica Pont, que fue nombrada a finales de este mismo año.
Respecto al Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe, en su correspondiente informe, también apunta a la no publicación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2020. "La RPT no está informada favorablemente, ni aprobada, ni publicada, constituyendo una limitación al alcance en nuestro trabajo de auditoría", apuntan. Esto supone una limitación del trabajo de auditoría, según marca la Intervención.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo requería a la fundación a mediados de julio de 2020 que aportara determinada documentación relativa a la obligación de registro de jornada de los trabajadores. Por ésta se impuso una sanción de 6.250 euros en fecha 14 de junio de 2021, pendiente de posible recurso de alzada.
Mientras, varios expedientes se certifican como contratos menores en el ejercicio 2020 cuando son facturas y gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Además, señala que en dos expedientes analizados, en la cláusula sexta se indica que el contrato podrá ser prorrogado, por el período que se estime oportuno, no estableciendo un límite máximo de prórrogas, incumpliendo la ley de Sector Público.