La Intervención cuestiona el pago a Tragsa de otros 7,2 millones por la gestión de los bomberos forestales

VALÈNCIA. La empresa pública creada por el Consell para asumir a los bomberos forestales de la firma estatal Tragsa incumple la normativa tanto en la gestión de su personal como en los procedimientos de contratación. La auditoría de la Intervención sobre la operativa de 2020 destapa graves deficiencias en la firma presidida por José María Ángel, de la que cuestiona su propia razón de ser por el hecho de que en 2021, tres años después de ser creada, todavía vaya a pagar 7,2 millones a la propia Tragsa por la "colaboración logística, gestión complementaria y acompañamiento" en la organización del servicio de bomberos forestales" de la Generalitat.

De hecho, el interventor recomienda a expresamente a la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) "no prolongar en exceso" ese encargo a la firma pública porque, dado que coincide con el objeto social de la propia Sgise, "una prolongación excesiva del mismo podría manifestar ineficiencias en el modelo de gestión establecido para asegurar el funcionamiento, eficiente y ágil" de los bomberos forestales.

Así consta en el informe publicado recientemente por la Conselleria de Hacienda como parte de la Cuenta General del sector público de la Generalitat en 2020, donde aún hay sociedades que no han hecho público el resultado de estas auditorías de cumplimiento y operativas.

Para la Intervención, teniendo en cuenta que la sociedad pública de bomberos fue creada en diciembre de 2018, aducir la reciente creación de la entidad como justificación para alargar el encargo a la firma pública que antes empleaba a los bomberos forestales "pierde vigencia con cada prórroga que se haga del encargo".

En principio, el encargo a Tragsa alcanzaba los 9,9 millones de euros a desarrollar en tres fases y dos pagos entre 2019 y 2020, pero el presidente de la Sgise prorrogó el año pasado esa encomienda con el pretexto de que la Sgise no había tenido tiempo de dotarse de estructura para hacerse cargo "de la gestión y contratación de todas las necesidades logísticas imprescindibles para garantizar un adecuado funcionamiento del Servicio de Bomberos Forestales". 

Lo hizo mediante una resolución del 30 de septiembre según la cual, por "urgente y extraordinaria necesidad" se extendía el encargo de "gestión complementaria" al medio propio instrumental Tragsa por por otros 7,2 millones de euros hasta 2021. Con ello, el dinero comprometido por la Sgise para recibir apoyo técnico de Tragsa supera de momento los 17,1 millones de euros.

el dinero comprometido por la Sgise para recibir apoyo técnico de Tragsa supera de momento los 17,1 millones

La Sgise se subrogó desde el 1 de abril de 2019 a los empleados de Tragsa que prestaban el servicio de extinción de incendios forestales y otras situaciones de emergencia en la Comunitat Valenciana. Fue entonces cuando realizó la primera encomienda a Tragsa para solucionar la "necesidad puntual" derivada de la imposibilidad de desarrollar sus competencias con los medios materiales y personales a su disposición.

Pero desde que comenzó a ejecutarse el encargo al medio propio se produjeron una serie de circunstancias que imposibilitaron que la Sgise se encontrara en 2019 "en condiciones óptimas para, una vez finalizada la duración del encargo, asumir las competencias del Servicio de Bomberos Forestales ahora desarrolladas por Tragsa", según explica la empresa pública en su informe de gestión de 2020. En concreto, estas circunstancias fueron "una serie de importantes emergencias" que requirieron de la totalidad de los recursos humanos y materiales de la Sgise, "retrasando la planificación prevista de otros trabajos de gestión administrativa".

Incumplimientos en contratación y personal

Además de poner en entredicho la extensión de esa encomienda, la Intervención también detecta incumplimientos de la normativa tanto en materia del personal como en los procedimientos de contratación.

Respecto a la primera, además de destacar que la firma pública aún no tiene los informes favorables de la Conselleria de Hacienda ni de la masa salarial ni de la relación de puestos de trabajo, concluye que las contrataciones para los puestos de director, directora de comunicaciones y director ejecutivo se realizaron sin el proceso de selección público conforme a los principios rectores del acceso al empleo público previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, la provisión del puesto jefe de Servicio Operativo se hizo por designación del presidente de la Sgise "sin atender al principio de publicidad que rige, en todo caso, en el acceso al empleo público".

En cuanto a la gestión económico-financiera en el área de contratación, la auditoría detecta riesgo de incurrir en fraccionamiento de contratos en el 56% de la contratación menor analizada. La Intervención se basa en los contrataciones menores y facturas tramitadas sin expediente con un mismo tercero por el mismo servicio en el 2020 e, incluso en algunos casos, en 2019. "La suma de contrataciones menores encadenadas, así como, en algunos casos, de facturas abonadas sin expediente de contratación supera los umbrales permitidos por la ley tanto en importe como en tiempo de duración", concluye la fiscalización.