VALÈNCIA. La gran mayoría de los valencianos vincula la corrupción a un comportamiento ilegal, según la Encuesta de Corrupción y Ética en España 2022 presentada ayer lunes por el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, y el responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez.
El sondeo se ha elaborado a partir de 1.506 encuestas telefónicas, 400 de ellas en la Comunitat, efectuadas en septiembre y octubre. Entre sus conclusiones principales figura que más de la mitad de los ciudadanos a los que se ha preguntado creen que si la acción irregular que se realiza es por una causa justa no se trata de corrupción o que si el resultado es beneficioso para la población en general tampoco es corrupción.
Asimismo, más del 50% de los encuestados también considera que si una persona realiza una acción pero desconoce que esta es corrupta, no podríamos catalogar el propio hecho como corrupto. Una consideración que choca frontalmente con el artículo 6 del Código Civil, que recoge que la ignorancia de las leyes "no excusa de su cumplimiento". Es decir, que aunque un ciudadano no conozca la legislación, si la infringe será sancionado igualmente que de haberla conocido.
Más de la mitad de los valencianos, además, también cree que si la gente actúa de una manera generalizada respecto a un tema concreto, no puede considerarse esa forma de proceder corrupta, aunque lo sea. Es decir, que si está extendido entre la población una praxis concreta, no se puede llamar corrupción a un comportamiento practicado por la generalidad de las personas.
Las conclusiones a las que llegaron los valencianos en estas encuestas telefónicas también son compartidas por el resto de españoles de otros territorios que han sido entrevistados. Pero la coincidencia de opiniones no se ha producido únicamente en estas cuestiones, sino que los encuestados han compartido criterio también cuando se les ha planteado distintos escenarios de prácticas corruptas.
Como muestra, prácticamente el 100% de los encuestados han considerado que sería corrupción que un "fiscal pidiera a un empresario 500.000 euros a cambio del cierre de una investigación por blanqueo de capitales en el sector inmobiliario"; o que un "concejal utilizase empleados y maquinaria del ayuntamiento para realizar reformas en su finca". También el 91% aproximadamente considera que si un diputado recibiese "un anticipo de un bufete de abogados a cambio de información sobre diversos proyectos legislativos en los que está trabajando" sería corrupción.
La percepción sobre estos escenarios entra de lleno en el debate sobre la reforma del delito de malversación que impulsa el Gobierno central y que supondrá una rebaja de las penas. En los nuevos tipos delictivos se distinguirá entre la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público con ánimo de lucro para el enriquecimiento personal o de terceros y otro tipo de conductas que serán castigadas con menor gravedad. Conductas que, sin embargo, entrarían en aquello que se enmarca en la corrupción.
La Encuesta de Corrupción y Ética en España 2022 también recoge dato significativos de la percepción que tienen los ciudadanos sobre los políticos. Como si se tratara de uno de los barómetros del CIS, el 58% de los valencianos encuestados creen que los políticos son corruptos. Un porcentaje apenas dos décimas menor respecto a los datos estatales, donde el 60% lo creen.
Por detrás de los políticos, se encontrarían los empresarios, a quienes el 46% de los ciudadanos de la Comunitat consideran corruptos y el 47% de los españoles de otros territorios lo comparten. Este sector iría seguido de los funcionarios: según la encuesta, los valencianos creen que el 38% de estos trabajadores públicos son corruptos mientras la media estatal sitúa el porcentaje en un 39 %. Por último, los encuestados, tanto valencianos como de otras autonomías -que no se especifican-, se ven a sí mismos como ciudadanos corruptos: ambos coinciden en un 36%.
Las percepciones, sin embargo, en ocasiones chocan con la realidad. De hecho, aunque la impresión es de que casi el 40% de los funcionarios son corruptos, el 95% de los entrevistados reconoce que en los últimos tres años ni un solo funcionario le ha pedido dinero o regalos a cambio de realizar alguna acción administrativa. Los que aseguran que esto ha ocurrido alguna vez en su vida se sitúan en torno al 5%. En definitiva, una amplia mayoría no se ha encontrado con un acto directo de corrupción de pequeña escala a pesar de que crean que más de un tercio de los empleados públicos son corruptos.
De los datos que arroja la encuesta, resulta significativo que también un alto porcentaje de entrevistados -casi el 75%- no denuncia casos de corrupción por el alto coste que tendría para sí mismo o porque no le valdría la pena. Y casi un 40% considera que hacerlo "no serviría de nada", mientras el 30% tiene miedo a las represalias que eso pudiera ocasionarle y otro tanto no sabe dónde acudir para denunciar conductas corruptas.
De hecho, el documento presentado por Llinares y Jiménez demuestra que apenas uno de cada cuatro ciudadanos conoce lo que es la Agencia Valenciana Antifraude. De los 400 valencianos encuestados, tan solo la conocían 128 personas, la mayoría mayores de 35 años. Entre los jóvenes de 18 a 34, más de un 85% desconocía la existencia de este organismo. Quienes conocen el órgano, sin embargo, lo puntúan con buena nota: más del 40% le pone una nota de un 4 sobre 5.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
