VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, navegaba hacia el ecuador de la legislatura de forma relativamente plácida. Más allá de la aprobación presupuestaria -ahora aplazada- pendiente, para lo que necesitaba el apoyo de Vox, el líder del PPCV ejercía el mando con tranquilidad apoyado en su buena relación con el empresariado, con un interesante uso de las redes sociales basado en su carácter cercano, manteniendo un apreciable control mediático y con la vista puesta en impulsar cualquier evento destacado, ya fuera conciertos como 'Som de la Terreta' o el posible regreso de la Copa América.
Esa hoja de ruta cómoda y soleada se resquebrajó en la tarde noche del pasado martes con la irrupción de un tsunami de agua y barro en las casas y calles de miles de valencianos que ha causado, de momento, dos centenares de muertos. Y con ello, buena parte del crédito cultivado por el presidente Mazón, cuyo gobierno, por mucho que se haya jugado y se juegue al despiste, es el responsable de tomar las decisiones respecto a protección civil y emergencias. Sí, incluida la de enviar un mensaje de alerta a la ciudadanía para que no salieran de casa cuando muchos ya estaban con el agua al cuello luchando por su vida.
La prioridad en este momento se dirige a la recuperación de los cuerpos de los fallecidos, la ayuda a los afectados y la limpieza y reconstrucción de los municipios e infraestructuras, pero en paralelo también discurre un apartado -y un relato- referido a la responsabilidad política de lo ocurrido. Este diario ya informó de los tres errores básicos de la Generalitat en la jornada crítica. Mazón apuntó, según sus colaboradores apoyado en información de la Aemet, que a las 18 horas se alejaría la Dana (después borró el tuit) y restó importancia a los incidentes hídricos. Posteriormente, se tardó más de la cuenta en decretar la Emergencia 2 sobre inundaciones (19.17 horas), a lo que se sumó el consabido retraso en el envío masivo de la alerta a los móviles valencianos (20.10 horas).
Como añadido, según infomó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la solicitud por parte del Gobierno valenciano de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en toda la provincia de Valencia se produjo a las 20.36 horas. También muy tarde, especialmente porque las carreteras y municipios ya se encontraban anegadas y colapsadas por vehículos varados y amontonados, lo que dificultó la llegada rauda de los efectivos y, por tanto, contribuyó a retrasar el rescate de los atrapados.
Unas decisiones que partieron de la primera reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) que se celebró el martes de las 17 horas, a la que el propio Mazón se incorporó más tarde; y que estuvo presidida por la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Un órgano, cabe recordar, donde participa también el Gobierno de España (en ese caso, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé), pero en el que la capacidad de decisión la tiene la Generalitat. De hecho, Mazón, decidió al ver la gravedad de la situación colocarse al frente de la crisis, ejerciendo como portavoz en casi todas las comparecencias.
Tras el shock inicial y los primeros pasos de balance de la catástrofe en las horas siguientes, el miércoles a última hora ya se produjo el primer amago del presidente Mazón en compartir su responsabilidad con el Gobierno de España, al atribuir la competencia de Protección Civil al Ejecutivo central. A primera hora de la mañana, el Ministerio del Interior respondía con un comunicado en el que recordaba que la gestión de los planes de Protección Civil, incluida el envío de alertas o la solicitud de apoyo de la UME, correspondía por ley a la Comunitat Valenciana.
Poco después, Mazón recibía en el Cecopi de L'Eliana la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, previamente se decidió incrustar una comparecencia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una maniobra obviamente política dado que el dirigente popular no tiene ninguna competencia por encontrarse en la oposición. El discurso de Feijóo se dirigió en parte a defender la gestión de Mazón, criticar al Gobierno y señalar la tragedia como un evento de carácter nacional, pese a que prácticamente la totalidad de las víctimas corresponden a la Comunitat Valenciana. Este enfoque allanaba el camino para la siguiente estrategia del PP: culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber decretado la emergencia nacional: un paso mediante el cual el mando -y responsabilidad- de todo el operativo pasaría a ser del Gobierno de España.
Esta línea táctica se plasmó este mismo sábado en un comunicado de los populares, en el que se reivindicaba que se debería haber declarado la citada emergencia el martes por la noche. Es decir, que Sánchez hubiera arrebatado las competencias a Mazón en el mismo momento en el que se inició la tragedia. El propio presidente del Gobierno, comparecía este sábado para rechazar la posibilidad de tomar el mando: "No es el momento de desplazar al gobierno autonómico, sino de ayudarle con recursos", subrayó Sánchez, quien añadió que ya habría tiempo para hablar de "negligencias".
Este será pues, uno de los caballos de batalla en lo que se refiere a las responsabilidades políticas. Básicamente, el PP nacional y el Gobierno valenciano, aspiran a compartir con Pedro Sánchez y su ejecutivo parte de la culpa de lo ocurrido. Una maniobra compleja, dado que la competencia y capacidad de decisión sobre emergencias corresponde a la Generalitat, si bien sí podrían poner el acento sobre la falta de infraestructuras pendientes por parte del Gobierno en las canalizaciones hídricas que llevan años previstas sin realizarse.
Tampoco parece brillante la gestión de la Generalitat respecto a la llegada del ejército para ayudar a las tareas de limpieza y reconstrucción. Sánchez anunció este sábado el envío de 5.000 militares a petición de Mazón y aprovechó para recordar que es competencia del jefe del Consell solicitarlo. Un discurso que señalaba al dirigente del PP ante las quejas de la población de la falta de llegada de ayuda.
Cabe recordar que Mazón anunció la primera solicitud de ayuda del Ejército el jueves por la tarde noche, después de la reunión del Cecopi en la que estuvo presente el propio Sánchez. Fuentes conocedoras de la misma aseguran que fue el presidente del Gobierno el que insistió a Mazón para que se decidiera a solicitar el envío de militares, algo que es preceptivo para que el Ejecutivo central pueda actuar porque corresponde a la comunidad autónoma solicitar la ayuda para que esta sea activada. Finalmente Mazón lo hizo, pero solicitó inicialmente tan solo 500 efectivos.
Después de dos jornadas, jueves y viernes, en las que se produjeron oleadas de voluntarios acudiendo por su propio pie a los municipios para colaborar, en la reunión del Cecopi, Generaliat y Gobierno de España coincidieron en que debía canalizarse esa ayuda para evitar que se entorpecieran las tareas de los cuerpos de emergencias y también para que no se obstaculizaran las vías.
Finalmente, tal y como anunció Mazón, se optó por convocar a todos los que quisieran ayudar a las siete de la mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para por medio de autobuses trasladarlos a los distintos municipios para que desempeñaran distintas labores de ayuda y limpieza. Se distribuyeron en autobuses de forma organizada por diferentes municipios, lo que no evitó, por fortuna para los afectados, que miles de personas continuaran acercándose por su propio pie a echar una mano.
No obstante, distintos mensajes por redes sociales mostraron que centenares de voluntarios no pudieron ser asignados para trabajar en ningún pueblo y permanecieron horas parados o vagando en autobús por distintos municipios sin llegar a prestar ayuda. Tambíen hubo protestas porque algunos de ellos fueron llevados al centro comercial Bonaire: desde la Generalitat se asegura que fue un punto de encuentro fijado para después ser distribuidos a municipios, pero voluntarios consultados por este diario subrayan que la idea era que trabajaran en limpiar el centro comercial.
En definitiva, una gestión previa y posterior a la catástrofe del pasado martes con muchos agujeros que han debilitado notablemente la figura política del presidente Mazón, en la que venía trabajando con cierta destreza hasta el momento. Prueba de la pérdida de crédito son las distintas portadas de medios internacionales haciéndose eco de la tragedia valenciana y señalando la gestión del jefe del Consell.
El presidente de la Generalitat lanzó este sábado una propuesta para la creación de cinco comisiones de acción inmediata para la que solicitó la incorporación de varios ministros, además de una larga lista de peticiones económicas. Una maniobra por la que tuvo el Cecopi sin reunirse durante varias horas, con el anuncio de una comparecencia a las 14.30 que finalmente se produjo más allá de las 18.30 horas, lo que provocó la paralización del órgano de emergencias, que tuvo que reunirse posteriormente.
El objetivo de la declaración de Mazón, indudablemente, se dirigía a recuperar la iniciativa discursiva con un planteamiento que el Ejecutivo central aceptó a través de su enviado al Cecopi, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Este es precisamente uno de los objetivos de Mazón para recuperar credibilidad: implicar al máximo posible al Gobierno de Sánchez y corresponsabilizarlo, si no con lo sucedido y con la respuesta inmediata, sí con el proceso de reconstrucción. En este sentido, la clave para el presidente de la Generalitat es lograr capitanear una recuperación lo más rápida y solvente posible que, de alguna manera, pueda mitigar el irreparable daño sufrido por la población. La única vía para comenzar a recuperar la imagen presidencial que había construido en su primer año y medio como jefe del Consell.