La Generalitat se queja ante el Parlamento Europeo por la actuación del PP en el Comité de Peticiones

BRUSELAS. La Generalitat Valenciana se ha quejado ante el Parlamento Europeo por las irregularidades que marcaron la sesión del comité de Peticiones, donde se acordó investigar la denuncia presentada por el Partido Popular (PP) por abusos en centros de menores tutelados de la Comunitat Valenciana. Con el cambio de un voto en el último minuto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hace un semana dejar abierta la investigación de los diez casos de menores abusados bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que ha denunciado la diputada del PP Elena Bastidas y la abogada Ana María Gil.

En su escrito de queja se trasluce que la intención de las peticionarias y del PP es llevar ante el Parlamento Europeo el caso que ha provocado la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell, con la condena por sentencia no firme de su  ex marido, y no la defensa de los menores tutelados. Y pone de manifiesto una actuación partidista de la presidenta del Comité, Dolores Montesrrat, eurodiputada y ex ministra del PP.

El portavoz de la Vicepresidencia y Director General, Juan Vicente Santos, describe en una carta remitida a la Presidencia del Parlamento, la del Comité y todos los eurodiputados asistentes un situación “tremendamente irregular y, probablemente, no ajustada a derecho”, que llevó a aprobar, in extremis y con el voto de calidad de la Presidencia del Comité, continuar una investigación en sede parlamentaria sobre unos hechos de los que la Generlitat había presentado uniforme de casi 4.000 páginas. Las presidenta del comité de Peticiones es la eurodiputada del PP Dolors Montserrat. 

Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto en el escrito, donde acusa a Montserrat de una “inadecuada actuación (…), actuando más en calidad de eurodiputada del Grupo Popular Europeo que como Presidenta de la institución”. Y explica que "se trató de evitar en varias ocasiones que el representante del gobierno regional tomara la palabra ante el Comité”. En concreto, la primera situación irregular se dio cuando la intervención de Santos fue olvidada por la Presidenta, que no le dio el turno de palabra correspondiente. Fue el mismo Director General quien llamó la atención a la Presidenta diciendo que la Generalitat estaba presente y le correspondía hablar.

El turno de palabra

Como se describe en la queja, “a pesar de los escritos remitidos durante los últimos meses desde la Generalitat Valenciana, con la correspondiente respuesta del Secretariado del PETI, inicialmente se nos negó la posibilidad de intervenir contestando a las peticiones efectuadas, puesto que la Presidenta actuó como si no estuviéramos comparecidos, y se tuvo que efectuar la correspondiente protesta”, en ese momento de la sesión.

Esta “anécdota”, que se solventó de forma inmediata dando la palabra a Juan Vicente Santos, viene precedida por una actuación similar desde que se presentó la Petición hace casi un año. En su queja, Santos desgrana todos los escollos por los que ha pasado la Generalitat para poder estar personada como parte con derecho a la defensa como parte interesada ante el Parlamento.

A continuación, y durante toda la sesión, “se solicitó reiteradamente, y se denegó en tres ocasiones, la posibilidad de efectuar un turno de réplica por este representante regional, ante las reiteradas alusiones de europarlamentarios de distintos grupos. Se efectuaron, sin éxito, las correspondientes protestas”. Hay que señalar que en el procedimiento de Peticiones, el demandado no tiene la última palabra y el procedimiento es muy estricto en cuanto a las réplicas con total potestad de la Presidencia para decidir.

En concreto, el portavoz Juan Vicente Santos señala “cómo, y tras mi intervención, se efectuaron a este representante reiteradas interpelaciones y alusiones, muy destacadamente la de Jorge Buixadé, respecto a ‘¿Cómo podemos negar la existencia de los 175 abusos que señalan las peticionarias?’. Se solicitó a la Presidenta del Comité, reiteradamente, que nos dejara explicar a sus señorías este asunto, puesto que aclararía muchas cosas y facilitaría el trabajo de los europarlamentarios”.

En el escrito, se traslada la respuesta, “de apenas tres minutos, que la Presidenta del Comité de Peticiones no me permitió realizar”. La Generalitat ya había dado esta respuesta en el prolijo expediente que trasladó a la Cámara y que, como señaló durante la sesión una eurodiputada, la mayoría de los presentes que estaban a favor de investigar, no se habían leído dadas sus intervenciones. “Se ha cuestionado, sin que se haya probado en ningún caso, que el sistema de servicios sociales de la Comunitat Valenciana no protege adecuadamente a los menores tutelados”, dice el texto, en el que se señala a políticos y medios de comunicación por que “se proclama, de forma totalmente maliciosa e irresponsable, que hay personas menores de edad que están siendo abusadas sexualmente en instalaciones públicas por profesionales del sistema de servicios sociales”.

Acusación de Vox

Tras reconocer “las dificultades de las sociedades democráticas para combatir la desinformación organizada, para contrarrestar los mensajes de odio, y para afrontar el ataque sistemático a las instituciones y sus representantes políticos”, expone la respuesta de la Generalitat a la interpelación del eurodiputado de Vox, Jorge Buixadé. “Sobre los 175 CASOS DE MENORES ABUSADOS EN LOS CENTROS DE LA GENERALITAT (sic), insisto, las peticionarias vuelven a faltar a la verdad ante este Comité de Peticiones. En España ya tuvieron que rectificar, e incluso corregir a su líder nacional, por su acusación a todo el sistema de protección social, con queja incluida de los colegios profesionales”.Y destacó que su acusación se centra “en este asunto y no en los diez recortes de prensa aportado” por las peticionarias, “asunto que ni siquiera conocían cuando presentaron esta petición”, expone la Generalitat en su queja, advirtiendo que “las peticionarias aportan cero documentos” y” el gobierno regional aporta trescientos ochenta y tres”.

La sesión terminó con una votación irregular, ya que sólo votaron los eurodiputados a favor de seguir la investigación. Mientras que los contrarios decidieron salir de la sala para evitar el quórum, algo que se saldó con un cambio de voto inesperado de un eurodiputada de RENEW y el voto de calidad de la Presidenta, Dolores Montserrat. Previamente, hubo un rifirrafe sobre si se debía votar en sala o en la reunión de coordinadores del Comité de Peticiones.

La Generalitat refleja esta situación explicando que, “ante la evidencia de que perdían la votación mediante el voto ponderado, ya anticipado por los coordinadores de grupo, la presidenta Montserrat no dudó en alterar las reglas del juego al final de la sesión, cuando habían marchado numerosos parlamentarios, y sin que sirviera de nada las múltiples protestas de los distintos grupos representados”.

“Uso anómalo y partidista de la presidenta”

La Generalitat estima que ello fue provocado por “un uso anómalo y partidista de la presidenta Dolors Monserrat” y que “se retorció la interpretación del Reglamento, como ha calificado la prensa española, y se alteró el sistema de votación previsto”. Y añade que “fue una actuación de la presidencia de la institución, que se vivió por este representante como bochornosa y propia de instituciones muy poco democráticas, y en la que se pervirtió el modo de votación”.

El escrito remitido al Parlamento señala en este punto que la petición había sido prestada por la diputada en Corts Valencianes Elena Bastidas y por una ciudadana, abogada de profesión, que al parecer ha trabajado como asesora para el PP.  Por ello, dice, “se debe recordar aquí la coincidencia, y la poca imparcialidad existente, al coincidir los intereses de la Presidenta y de su partido político, que es el mismo que el de las peticionarias”.

Por último, insta a los representantes del Comité a leerse el informe y la documentación aportada por la Generalitat, “si no lo han hecho anteriormente, en veintiocho páginas y con veintiún documentos” señala que “no se ha detectado ni un solo caso en el periodo temporal analizado que confirme las acusaciones vertidas”. Y a continuación explica el informe del Síndic de Greuges, que fue nombrado durante la sesión, y donde “analizaba y clasificaba 175 casos de personas atendidas en el primer año del nuevo servicio del sistema de protección a la infancia, denominado ‘Servicio de atención específica a posibles abusos sufridos por niñas, niños y adolescentes’”.

La Generalitat traslada los datos que no le permitieron explicar Santos durante la sesión, cundo fue preguntado directamente por el eurodiputado de Vox”. El texto destaca que “ninguna atención realizada implica o se refiere a profesionales del sistema de protección: 58 casos sufrieron abusos antes de estar bajo la tutela de la administración por este motivo; 73 casos detectaron los profesionales en que los menores habían sufrido abusos con anterioridad a su ingreso en el sistema; 12 casos atendidos por mostrar una conducta sexual inadecuada a su edad; 10 casos derivados por comportamientos entre menores inimputables; 16 casos fueron derivados por sospechas de abusos en sus entornos de proximidad, y 6 casos sufrieron abusos en sus visitas concertadas al domicilio con sus familias biológicas”.

La exvicepresidenta, en la diana

Para finalizar, explica que “tenemos en este año 2022 actualmente 3.906 personas menores de edad en el sistema de protección, y solamente hay una posible situación de abusos por parte de un educador, que se está investigando”. Se refiere al caso que ha provocó la dimisión de la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con una sentencia que condena a su ex marido, no firme y recurrida ante el Tribunal Supremo.

Y añade su petición de que “tomen las oportunas medidas para que hechos como los acaecidos no se repitan en el futuro”, en referencia a ls irregularidades durante todo el proceso de esta petición. E insiste en que, “en el presente caso, no sólo no se hace oír la voz de ningún ciudadano al que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, sino que incluso se trata de silenciar a una Administración que responsablemente pretende dar las oportunas explicaciones de su gestión, allí donde se la requiere”.