La Generalitat resuelve 'in extremis' los proyectos de renovables y evita demandas millonarias

VALÈNCIA. 'In extremis' y a contrarreloj, pero objetivo conseguido. La Generalitat Valenciana ha pisado el acelerador y ha logrado resolver los 107 proyectos de renovables (tanto de energía fotovoltaica como eólica) que se jugaban este miércoles su futuro. Y es que este 25 de enero era el plazo máximo que había fijado el Ministerio de Transición Energética para que los expedientes recibieran la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para continuar con la construcción y no perder los avales ni puntos de conexión. Y, pese a que el tiempo no jugaba a favor de la Administración valenciana, finalmente ha llegado al plazo.

"La Generalitat ha cumplido con el objetivo que se había planteado para conseguir llegar a este hito en tiempo y forma", destacaba el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener una reunión de trabajo con los consellers de Economía, Territorio y Medio Ambiente, Rafa Climent, Rebeca Torró e Isaura Navarro, respectivamente, los tres departamentos implicados en la tramitación de las renovables en la Comunitat.

Cumplir con esta fecha y dar una respuesta , tanto favorable como desfavorable, era muy importante porque, de lo contrario, los promotores no hubieran podido seguir adelante y habrían perdido los avales que depositaron y la conexión recibida en su momento de Red Eléctrica. Como el retraso hubiera sido por incumplimiento de la Administración, el Consell se enfrentaba a posibles demandas millonarias por responsabilidad patrimonial, una situación que se ha conseguido evitar.

En concreto, la Generalitat ha evaluado 107 expedientes sujetos a esta fecha límite del 25 de enero, de los que 61 han obtenido una declaración favorable, por 1.356 MW, el equivalente al consumo anual de 578.000 viviendas, y que movilizarán inversiones por cerca de 859 millones de euros, según los datos ofrecidos por el 'president'.

En cambio,31 expedientes han sido desfavorables por razones medioambientales y repercusiones paisajísticas, así como por problemas relacionados con la propia consistencia y solvencia de los mismos. Los 15 restantes -todos ellos parques fotovoltaicos con una potencia total de 395 MW- han sido desestimientos de las empresas. Entre los rechazados y los que han caído por decisión de las compañías sumaban inversiones por 42,88 millones de euros.

En cuanto al tipo de instalaciones autorizadas, 56 de los 61 proyectos que siguen adelante son de plantas fotovoltaicas (1.168 MW) y hay cinco de energía eólica (188MW). Unos desarrollos cuya construcción y mantenimiento supondrán la creación de 1.500 puestos de trabajo en un año, según destacó Puig, que también resaltó que estos proyectos favorables permitirán que la Comunitat aumente en un 57% la potencia que se genera con energías renovables.

No se ejecutan los avales y respiro en el sector

Al resolverse en plazo estos expedientes, no se ejecutarán los avales a los promotores, de manera que aquellos que no han recibido la aprobación de la administración recuperarán su inversión. Además, existen otro centenar de proyectos que no requerían de esta DIA para los que la Generalitat ha llegado a un acuerdo con Iberdrola para certificar que se están tramitando y que poco a poco se vayan autorizando. Asimismo, según explica el Consell, quedan también pendientes de resolución otros proyectos cuya autorización depende del Ministerio y que suponen 1.123 MW más.

Un escenario que ha tranquilizado al sector. Había muchos millones en juego, ya que 1 MW supone 40.000 euros de aval, por lo que el hecho de no perder esas inversiones ha resultado un alivio. Según las estimaciones de la patronal Avaesen había cerca de 200 millones de euros pendientes de esta decisión. "Valoramos que se hayan resuelto todos los expedientes y que no haya ejecución de los avales", destacaba en declaraciones a este diario el presidente de la patronal, Marcos Lacruz. 

No obstante, admite que el número de proyectos desestimados le "sorprende", por lo que Avaesen pedirá una reunión de trabajo con la Generalitat Valenciana para comparar números, evaluar la situación y hacer seguimiento de los siguientes hitos a cumplir. El próximo será en seis meses, es decir, el próximo 25 de julio, cuando los proyectos necesitarán la autorización definitiva para poder iniciar la construcción de las plantas.

Lo cierto es que en las últimas semanas, la Generalitat Valenciana había agilizado la tramitación ante el bloqueo existente y la lentitud en el proceso en comparación con otras regiones. De hecho, el pasado mes de diciembre todavía había 64 expedientes por resolver de los 107 que precisaban de DIA. Y solo diez días antes de llegar hasta este miércoles quedaban 41, por lo que han sido unas semanas de duro trabajo para llegar al plazo casi en el tiempo de descuento. 

Una tramitación a toda velocidad

Las discrepancias en el seno del propio Consell han sido la principal causa del atasco. Durante semanas, cada Conselleria a la que le compete la tramitación de renovables comunicaba su criterio de manera independiente, con visibles desacuerdos y declaraciones públicas cruzadas. La disputa llegó a tales niveles por los diferentes modelos que cada socio del Botànic defendía que desencadenaron en el cese del director de Transición Ecológica. 

Una situación, y la posibilidad de acabar en los tribunales, que llevó al propio Puig a poner orden y dirigir la posición del Ejecutivo autonómico hacia el acuerdo para acelerar los plazos. Y ese toque de atención finalmente ha tenido sus frutos liberando poco a poco la tramitación de proyectos. 

Dos de los factores que han tenido mucho que ver han sido, por un lado, el aumento de los recursos humanos implicados en esta materia, y, por otro, el informe de la Abogacía de la Generalitat, que fijó la hoja de ruta a seguir y ha permitido desatascar la situación al evitar interpretaciones sobre cómo proceder con los expedientes. Fue la propia consellera Torró, del PSPV, quien, consciente de que parte del 'tapón' estaba en la dirección general de Paisaje, dependiente de su Conselleria, pero dirigida por Rosa Pardo (Compromís), consultó a los letrados de la Administración para clarificar dudas.