La Generalitat promete defender "los derechos de los vecinos" frente a los deslindes en costas

VALÈNCIA (EP). La Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, ha garantizado que defenderá "los derechos de los vecinos" ante los deslindes que, según ha advertido, ha propuesto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la costa de la Comunitat Valenciana.

Así, ha avanzado que presentará alegaciones a "todos los deslindes" planteados por el Ministerio que, según considera la Administración autonómica, "merman los derechos de los vecinos perjudicados, ya que el territorio afectado pasa a ser propiedad pública".

De esta manera se lo ha trasladado el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus, en una reunión que ha mantenido este jueves con la Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Dénia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Martínez Mus ha defendido con esta medida la Generalitat "se coloca al lado de los vecinos" frente al "expolio injustificado que el Gobierno quiere hacer en nuestra costa". "Se trata de un hecho muy dramático y traumático allí donde se producen los deslindes", ha añadido.

"Allí donde hay problemas de regresión, donde se está perdiendo playa, en lugar de hacer las obras de recuperación pertinentes, lo que se hace es quitar la propiedad a los vecinos que han ido perdiendo terreno delante del mar", ha denunciado.

En la Comunitat Valenciana los últimos expedientes de deslinde han sido en las costas de Puçol, Bellreguard y Dénia. En este municipio alicantino, según ha concretado Martínez Mus, "hay uno en marcha y ahora se han convocado dos tramos más".

En este sentido, el director general ha reiterado que la Conselleria "va a alegar en todos los procedimientos de deslinde" y, concretamente en el de Dénia, ha comunicado a los vecinos que el próximo 7 de noviembre, día en que se celebrará el acto de delimitación de los terrenos, comparecerá en representación de la Generalitat para presentar "todas las alegaciones que se estimen oportunas".

"A través de un acto administrativo, que viene a ser una orden ministerial, se traza una línea y todo lo que queda dentro pasa a ser propiedad estatal, de dominio público marítimo terrestre y cualquier vivienda o construcción que esté dentro ve reducidos sus derechos, aunque tenga escritura", ha apuntado.