Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana que están a cargo de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, gestionando y liquidando impuestos autonómicos, recibirán a partir de 2023 una retribución por este trabajo basada "en criterios objetivos que guarden relación, preferentemente, con las tareas efectivamente desarrolladas". El nuevo sistema retributivo será objeto de revisión periódica y, en todo caso, se revisará cada cuatro años.
Así figura en el borrador de decreto que prepara la Conselleria de Hacienda para regular la actividad y las retribuciones de estas Oficinas Liquidadoras, unas 60 en la Comunitat Valenciana. Una regulación que no se había modificado desde el año 1993 y que había quedado obsoleta frente a la evolución tecnológica que ha experimentado la gestión y el cobro de impuestos, que actualmente se hace mayoritariamente de forma telemática.
Como publicó Castellón Plaza el pasado 29 de agosto, la Conselleria de Hacienda decidió este verano atajar el aumento del coste de este servicio como consecuencia de la inflación y de un método de cálculo que no tenía en cuenta el trabajo realizado, pues era el 4% de las cuotas ingresadas. Por ello, el departamento que dirige Arcadi España optó por poner un tope de retribución este año -no podrá superar en conjunto los 33,18 millones que cobraron el año 2021-, al tiempo que anunció un nuevo decreto regulatorio cuyo borrador acaba de salir a exposición pública.
El decreto en ciernes plantea cómo será la futura retribución pero no da cifras, ya que será la persona titular de la Conselleria de Hacienda la que las establecerá mediante una orden.
Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario actuarán bajo la dependencia funcional del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), organismo que ahora dirige Sonia Díaz, al que corresponde la coordinación, supervisión e inspección de estas Oficinas.
Su trabajo se circunscribe a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a excepción de las transmisiones onerosas de medios de transporte usados entre particulares y de aquellas otras que vengan atribuidas reglamentariamente a otros órganos de la ATV.
Entre las tareas que les atribuye la ley, el borrador de decreto recalca, entre otros, la recepción y registro de las autoliquidaciones, documentos, escritos y declaraciones que se presenten y, en su caso, la remisión al órgano u oficina competente para su tramitación; la digitalización de la documentación presentada y la grabación en el sistema informático tributario de las autoliquidaciones presentadas; el otorgamiento de prórroga de los plazos de presentación de los documentos o declaraciones relativos a adquisiciones por causa de muerte así como la suspensión de la liquidación, en los casos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; la información y asistencia a los sujetos pasivos para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, o el examen y análisis de la documentación presentada, tanto por vía presencial como telemática, y la práctica de los requerimientos para su subsanación y mejora.
