VALÈNCIA. La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha reprochado este lunes a la Conselleria de Justicia que dirige Elisa Núñez el recorte de funcionarios de refuerzo en la Fiscalía. Durante una comparecencia en Les Corts para presentar la Memoria correspondiente a 2022, Gisbert ha calificado de "cambio negativo" esta decisión por parte del nuevo Ejecutivo autonómico conformado por el PP y Vox.
Justicia comenzó a finales de año a comunicar que no iba a prorrogar refuerzos en determinados juzgados, lo que suponía el cese de funcionarios a partir de enero, tal como publicó Valencia Plaza. Algo que también se ha extendido a la Fiscalía, a la que ha trasladado la no renovación de algunos de estos profesionales.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Gisbert, se han eliminado un total de 12 refuerzos en la Comunitat Valenciana: 6 en Valencia, 4 en Castellón y 2 en Alicante. "Corresponden a plazas que deberían ser estructurales. Y en vez de incrementarlas o, al menos, mantenerlas, se ha producido un descenso", ha señalado.
La fiscal superior hizo hincapié en la carga de trabajo que soportan y en la necesidad de apoyo de funcionarios, aunque se trate de una medida que debería ser temporal. El desacuerdo, ha explicado, ya ha sido comunicado a la Conselleria, con la que en breve celebrarán una comisión mixta, para tratar de solucionar la situación. Cree que existe voluntad de hacerlo, pero, ha comentado, "el daño ya está hecho porque los Presupuestos ya están".
Gisbert ha reclamado asimismo la mejora de las instalaciones judiciales y la urgencia de que exista un sistema informático común para jueces y fiscales. Actualmente, se encuentran implantando una experiencia piloto en Castellón con el programa Just@. "Esperemos que vea la luz pronto porque tenemos muchos problemas al funcionar con sistemas incompatibles", ha comentado.
Sobre los datos estadísticos de la Memoria, la fiscal superior ha alertado –al igual que en años anteriores– del aumento progresivo en las tres provincias de los delitos de abuso sexual, de agresión sexual y de delitos contra la libertad sexual. Igualmente, ha avisado del "preocupante" incremento en la comisión de estos delitos a menores de 16 años y de los cometidos por menores de 14. En Valencia, por ejemplo, en 2022 cometieron más delitos de abusos sexuales menores de 14 años que menores de 16 y 17 años.
Las causas, ha reflexionado Gisbert, son "muy complejas". En su opinión, hay factores como la carencia de educación afectivo-sexual o el acceso precoz a material pornográfico, que lleva a trivializar las conductas violentas y a tener una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas. "Cuando el autor es menor de 14 años, el fiscal sólo puede remitir testimonio a entidades públicas. Pero las medidas no son obligatorias. Hay que lograr que la familia colabore, hacer un estudio de la labor educativa. Todo ello requiere de muchos medios", ha destacado.
Para Gisbert, los menores "necesitan una intervención clara de reeducación" porque si no se hace desde antes de los 14 años, "ese niño cumplirá 18 años y continuará en la rueda de mayores de edad". Asimismo, ha abogado por un plan de educación a nivel estatal y por una "escuela de padres" para que les enseñen a trasmitir a sus hijos "educación en valores de igualdad, solidaridad y empatía" y herramientas para controlar el acceso a la pornografía en las nuevas tecnologías.
Preguntada sobre si es partidaria de rebajar la edad penal del menor, ha considerado que lo que debería haber es un procedimiento de protección reeducativo para los menores que cometen delitos graves, con intervención del fiscal y del juez de menores y del equipo técnico, en el que se dicte una sentencia de cumplimiento obligatorio para todos, incluyendo los padres. Ésta puede consistir en una libertad vigilada con tratamiento psicológico, con asistencia, etc.