Así lo ha anunciado el Ministerio Público durante la exposición de sus conclusiones definitivas en la vista oral celebrada este viernes en la Audiencia Nacional. En concreto, la Fiscalía pide un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias en concurso con el delito de prevaricación, solicitando además inhabilitación del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación para cargo público durante seis años.
Inicialmente Anticorrupción solicitó dos años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE elevó su petición a los 9 años al añadir a esos tipos el de tráfico de tráfico de influencias. Finalmente, el PSOE ha decidido adherirse en su totalidad a la petición de la Fiscalía.
Para el líder de 'Gürtel', Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Anticorrupción finalmente solicita una condena de 2 años y 3 meses de prisión respectivamente por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, por un delito de falsedad en documento mercantil y por otro de malversación de caudales públicos.
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, abrió juicio oral por este asunto en septiembre de 2019 sentando en el banquillo a Camps al considerar que había "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".
De acuerdo con el relato judicial, Correa, Crespo, El Bigotes, y el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, "se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market".