VALÈNCIA. El desarrollo de la causa sobre la gestión de la Conselleria de Igualdad de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Mónica Oltra cuenta ya con diversas ramificaciones cuyo desenlace resulta imprevisible. La última es la relacionada con la posible desprotección del hijo mayor de la joven, que tiene alrededor de un año. La Fiscalía abrió el pasado junio un expediente al respecto, pero ahora indica que es la Generalitat la que tiene que tomar una decisión.
El embrollo con este asunto es importante. Todo parte de una situación ocurrida hace pocos meses. Una persona vinculada a Teresa, la chica que sufrió los abusos sexuales y que actualmente cuenta con 20 años, acudió a un centro de salud con el hijo de ésta. Allí, al parecer, informó de las circunstancias de ambos y de que dormían en la calle. Los servicios sociales de Atención Primaria de la mancomunidad de La Ribera Alta comenzaron entonces a realizar un seguimiento sanitario a la familia y, posteriormente, dieron aviso a la Conselleria que, todavía en ese momento, dirigía Oltra.
Los documentos que fueron remitidos al departamento de Igualdad eran de un médico y un pediatra. También hubo colaboración de la Guardia Civil. En ellos se relataban los problemas que estaba atravesando la joven, quien este mismo martes dio a luz a su segundo hijo. Residencias itinerantes en varios municipios, descuido de los controles de embarazo o sustancias tóxicas son algunos de los aspectos que figuran en los informes.
Aquí comenzó el recorrido administrativo. Primero llegaron a la dirección territorial de Valencia que encabeza Carmen Fenollosa. Y de ahí pasaron a la dirección general que ocupa Rosa Molero. Ambas se encuentran imputadas por parte del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y el magistrado cree que tanto ellas como una decena más de cargos trataron de obstaculizar la investigación de los abusos e, incluso, de ocultarlos.
Precisamente esa situación judicial condicionó la toma de decisiones sobre el hijo de la víctima. Pese a que el proceder habitual tras ese tipo de informes –que llegan con asiduidad a la Conselleria– habría sido el de establecer medidas, optaron por evitar el pronunciamiento y remitirlo todo a la Fiscalía de Menores –algo que ocurrió pocos días antes de que Oltra abandonara su cargo–. Un comportamiento que da cuenta del temor que genera firmar cualquier documento relacionado con este asunto y de las dificultades que está provocando la investigación sobre lo sucedido en la gestión diaria.
El Ministerio Público emitió una resolución el pasado 17 de junio en la que abría un expediente de protección de menores (también dio cuenta al juzgado que instruye la causa relacionada con Oltra). Esta intervención se realiza cuando se detecta una situación de riesgo y existe la posibilidad de que dure hasta que el niño sea mayor de edad. Aunque puede derivar, en última instancia, en una retirada de la patria potestad, no tiene por qué suceder y tampoco supone directamente desamparo o desprotección del bebé.
Con estos expedientes se suele realizar un plan de seguimiento familiar para trabajar en los aspectos más débiles, pero lo habitual es que de todo ello se encarguen los servicios sociales de la Generalitat, dependientes de la Conselleria de Igualdad. De ahí que la portavocía oficial de la Fiscalía explique que el Ministerio Público realizará averiguaciones, pero es Igualdad la que tiene que abrir un expediente administrativo.
El asunto habrá de volver de este modo a la Conselleria para que realice la valoración de la situación del niño y si resulta pertinente tomar medidas pese al intento de evitar un pronunciamiento.