Foto: KIKE TABERNERMURCIA (EFE). Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que carga a los propietarios con el pago de los honorarios de las agencias, son muchas las inmobiliarias que están ampliando la gama de servicios que ofrecen, mientras que algunas otras hacen trucos para sortear la ley con comisiones camufladas.
Tal es así que Facua ha denunciado ya a una treintena de inmobiliarias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca al constatar las argucias que están llevando a cabo para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión y los honorarios.
De hecho, Facua no descarta nuevas denuncias ante las administraciones autonómicas de protección al consumidor solicitando la apertura de expedientes sancionadores, según explica a EFE su portavoz, Rubén Sánchez.
Las hay que siguen cobrando a los inquilinos los gastos en contra de lo que dice la ley; las que comunican que el pago de las gestiones debe hacerlas el arrendatario (habitualmente, una mensualidad de la renta); las que se inventan conceptos como la realización de un "estudio de viabilidad y solvencia económica" del inquilino o las que usan anglicismos para referirse a unos honorarios en base a servicios prestados al arrendatario que no detallan y cuyo pago imponen, denuncia Facua.
En estos casos, recomienda a los consumidores que se estén viendo afectados por esta situación que reclamen la devolución del dinero, incluso si ya han formalizado el contrato de alquiler.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) aseguran que la agencias están cumpliendo la ley y que hay "tolerancia cero" con las malas prácticas premeditadas de unos pocos, por lo que lamenta los ataques al sector, que suma más de 120.000 profesionales y más de 30.000 agencias.
Además, critican que haya entrado en vigor sin un período de adaptación razonable y defienden que hay que cumplirla, aunque agravará aún más el problema del alquiler.
Por su parte, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, entiende que va en contra de la profesionalización del sector y que supondrá más carga de trabajo para los jueces, ya que es un sector complicado en el que si ambas partes optan por no contratar a una inmobiliaria, pueden añadir en los contratos cláusulas ilegales o que no son de aplicación y acabar todo siendo un "reino de taifas".
Además, señala que la ley tiene un marcado peso ideológico y político, que nace viciada y fruto de las prisas, y cuyo futuro es incierto tras las elecciones municipales y autonómicas y las próximas generales.
Hay supuestos excepcionales en los que la agencia sí podrá repercutir los gastos a los inquilinos: alquileres de viviendas no sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); arrendamientos para uso distinto a vivienda (locales, oficinas, despachos, etc); alquileres por temporadas o cesiones temporales de viviendas.
Por ello, Zurdo advierte de que van a proliferar estos tipos de alquiler, reduciendo más la oferta de vivienda y elevando más los precios, y apuesta por dar seguridad y garantías desde el Estado para que salgan al mercado más de 1,5 millones de viviendas vacías.
Aunque ya no se pueden repercutir a los inquilinos los gastos de gestión y de formalización de los arrendamientos, el sector señala como excepción los casos en los que las inmobiliarias ofrecen una serie de servicios adicionales durante el alquiler.
De hecho, el vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria, Jesús Duque, afirma que las agencias se verán abocadas a prestar más atención a otros servicios de valor añadido que ofrecen a los propietarios, como asesoramiento legal y fiscal, promoción de propiedades en alquiler, servicios de gestión y mantenimiento, servicios de traducción, intermediación en la mudanza, o ayuda con los cambios de suministros.
Desde FAI añaden que fruto de la inseguridad jurídica, la desprotección y la pérdida de rentabilidad, muchos propietarios están retirando su vivienda del alquiler y otros gestionando por su cuenta los alquileres, lo que se reducirá la actividad de las inmobiliarias y perjudicará a los inquilinos menos solventes.
Eso se va a traducir en rentas más altas, más economía sumergida, más desprotección, endurecimiento de las condiciones de búsqueda de inquilinos y procesos más complicados para recuperar la vivienda, alerta.
