VALÈNCIA. La renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana que el Botánic había reencauzado con la esperanza de sacar adelante antes de que acabe la legislatura no tendrá lugar. Las razones del escenario final son múltiples, aunque se resumen en que el PSPV, Compromís y Unides Podem no han podido lograr los apoyos suficientes debido a que eran necesarios los de algún grupo de la oposición. Todos los puentes acabaron por romperse ayer lunes, día límite para presentar candidatos, entre repartos de culpa y críticas cruzadas.
En estos momentos, hay seis entes que se encuentran en funciones: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia, el Consell Valencià de Cultura y el Consell d'Universitats. A ellos se añade el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CMVC). Algunos de estos órganos resultan clave para el correcto funcionamiento de la administración valenciana, pero los partidos llevan meses –en algunos casos, años– sin ser capaces de desbloquearlos.
Tras el verano se abordaron unas negociaciones que quedaron paralizadas el pasado noviembre. En aquel momento, el PPCV se mostraba dispuesto a tratar de pactar el reparto. La distribución acordada al principio era que los cuatro candidatos que deben designar Les Corts fuesen nombrados por los populares, Unides Podem, Ciudadanos, y un cuarto de consenso entre todos los partidos excepto Vox. Sin embargo, este acuerdo fue modificado y el aspirante de consenso pasaba a ser designado por Compromís. Algo que, lógicamente, no agradaba al PP. El propio Botànic apenas se aclaraba a la interna y parecía que la actitud de la portavoz del PSPV, Ana Barceló, no facilitaba las cosas, según reconocían sus socios.
Las conversaciones se retomaron hace unas semanas y hubo un acercamiento. Los partidos de la izquierda llegaron a un entendimiento. El reparto quedaba como sigue: el PSPV proponía la presidencia del Consell Jurídic Consultiu (CJC); Compromís el Síndic Major de Comptes; y Unides Podem la presidencia del Consell de Transparencia. Como informó Valencia Plaza, los socialistas querían mantener a Margarita Soler al frente del primero después de que en 2017 se convirtiera en la primera mujer en ostentar la presidencia. En cuanto a los nuevos miembros, Unides Podem apostaba por Antonio Montiel, candidato de la formación morada a la Generalitat en 2015 y portavoz en la pasada legislatura en Les Corts; y Compromís por Fernanda Lapresta, miembro de ejecutiva de la coalición en València ciudad que figuró en la lista al Ayuntamiento en las pasadas elecciones.
En la Sindicatura de Comptes, la coalición proponía para relevar a Vicent Cucarella a Josep Vidal. Proveniente del Bloc (pata mayoritaria dentro de Compromís), fue concejal en l'Olleria y subsecretario de la Conselleria de Educación entre 2015 y 2017 con Vicent Marzà. Un perfil que los socialistas, después de conocerlo, aprovecharon para cuestionar. Por último, para dirigir el Consell de Transparencia, Unides Podem impulsaba a Héctor Clark (procedente de Esquerra Unida) como relevo de Ricardo García Macho.
Tras resolver el Botànic sus nombres, tenía que entrar en juego la oposición. La mayoría de órganos se podían sacar con 60 diputados. Es decir, los de la izquierda (52) más 8. El PSPV, Compromís y Unides Podem quedaban entonces a la espera del PPCV, al que abordaron directamente con un ultimátum: o entraban en las negociaciones o sacaban los nombramientos adelante con Ciudadanos. La norma que suele imperar en este tipo de designaciones es que se realicen por orden de representatividad en Les Corts. Motivo por el que, normalmente, los socialistas siempre han metido a los populares en la ecuación y los han considerado los interlocutores prioritarios de la oposición.
Pero las prisas por sacarlo todo adelante antes de la disolución del Parlamento autonómico en escasos días por las elecciones del 28 de mayo y el hecho de que la portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris, ofreciera de manera entusiasta los votos de su grupo llevaron a que el tripartito lanzara este órdago al PPCV. La realidad, sin embargo, era otra. Ni siquiera 8 de los 13 diputados con los que cuenta Ciudadanos estaban dispuestos a apoyar la renovación pilotada por el Botànic, y así se vio en una reunión del partido la semana pasada.
Con los naranjas divididos en plena desintegración ante la profunda debacle que vaticinan las encuestas y que les dejan fuera de Les Corts, al Botànic sólo le quedaba el PPCV, que se sentó a negociar en apariencia. Pero ya era tarde y los populares tampoco es que tuvieran ningún interés a estas alturas. Mientras la izquierda quiere asegurarse la colocación de perfiles de su confianza en las instituciones ante un incierto resultado electoral, el PPCV se sitúa en el mismo cálculo. Si forma mayoría en el Parlamento autonómico o mejora su representación, se encontrará en una mejor posición para pelear su cuota tras el 28 de mayo.
Con esas premisas se abordaba la última reunión ayer lunes a cinco bandas. Y todo saltó por los aires. Debido a que el gran escollo siempre ha sido el Consell Jurídic Consultiu, Ciudadanos planteó, según fuentes parlamentarias, ceder su representante para que éste fuera alguien de consenso elegido entre todos los grupos. El PP pasó del asunto y comunicó que no iba a participar en la renovación en esos términos porque no resolvía nada, por lo que no presentaban ni candidatos.
Con este panorama, PSPV, Compromís y Unides Podem retiraron sus respectivos nombres para todos los órganos a horas de que finalizara el plazo. Una decisión con la que el proceso se paraliza y directamente se evita la votación en Les Corts para no evidenciar el desastre, de manera que se pospone a la próxima legislatura.
Tras lo ocurrido, comenzaron las críticas cruzadas y las culpas. El PSPV acusó al PP de reventarlo todo y de "secuestrar los órganos consultivos para utilizarlos como rédito electoral", así como de "ningunear" las instituciones y el autogobierno y romper la estabilidad. Compromís añadió que el bloqueo de los populares supone mantener en el Consell de Transparencia a Carlos Flores Juberías, candidato de Vox a la Generalitat que fue condenado por maltrato en 2002.
Desde el PPCV, por su parte, justificaron que no podían participar en una negociación en la que se ninguneara a uno de los partidos mayoritarios. Asimismo, comentan que tampoco agradaron los perfiles propuestos por el Botànic tras conocerlos a través de este periódico al considerar que iban "con el carnet en la boca" pese a que la izquierda cambió la ley para despolitizar los órganos.
El órdago lanzado por el tripartito con unas conversaciones al margen de los populares y creyendo que tenían los votos de Ciudadanos tampoco sentó nada bien, según destacan fuentes de la formación. "Se podría haber llegado a un acuerdo cuando empezamos a hablar antes del verano. Hubiésemos aceptado una negociación abierta con los nombres desde el primer minuto encima de la mesa. Pero no que llamen a nuestra puerta con todo repartido y con propuestas de personas con carnet de partido. Encima, a última hora y con una pseudoamenaza", señalan.
El líder del PPCV, Carlos Mazón, abogó ayer lunes por esperar a la próxima legislatura. Pero la respuesta llegó en boca del presidente de la Generalitat, Ximo Puig: no. "Si el PP boicotea, es evidente que no habrá renovación de los órganos estatutarios hasta que cambie su dirección", zanjó. Es decir, que según el jefe del Consell no pactarán con los populares este asunto pase lo que pase tras las próximas elecciones y hasta que no haya un nuevo liderazgo.
Después de todo lo ocurrido, Ciudadanos intentó salir del paso del enredo. Mamen Peris argumentó en un nuevo giro de discurso público que descartaban –ahora– una posible renovación pactada con el Botànic por "coherencia" y porque no ha sido posible llegar a un consenso amplio junto al PP. "Ciudadanos no va a ser muleta ni del PP ni del Botànic", indicó.
De paso, aprovechó para acusar a los populares de frustrar el consenso por intereses partidistas e hizo hincapié en que "quien no sabe dialogar, que se piense si está preparado para gobernar". "El PP cada vez sale con una excusa. No sé si hay buen 'feeling' entre Carlos Mazón y María José Catalá o qué les pasa", añadió.
El siguiente lío pendiente es el de la presidencia del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. El Botànic y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para que la ostentara Miquel Francés. El profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Universitat de València fue elegido en comisión con estos apoyos y los votos en blanco del PP y Vox. Ahora, sin embargo, tiene que ser ratificado por el pleno de Les Corts en un ajustadísimo calendario y sin los apoyos claros.
Debido a un cambio en la ley de À Punt introducido por el tripartito, ya no es necesario contar con los votos de la oposición para que exista un nombre de consenso entre la mayoría de partidos del Parlamento autonómico, aunque sería lo deseable. La norma dice que, en una primera votación en pleno, el aspirante a presidente tendría que obtener 66 apoyos (el Botànic más 14 de la oposición); en una segunda 60 (el Botànic más 8 de la oposición); y en una tercera mayoría absoluta (es decir, sería suficiente con PSPV, Compromís y Unides Podem).
En el 'pleno escoba' (extraordinario) del 29 y 30 de marzo habría de incluirse la primera votación. Pero a continuación se tendría que celebrar un segundo pleno –en el caso de que sí estuvieran asegurados los votos de todo el grupo de Ciudadanos, lo que no parece claro– y un tercero si lo tiene que sacar el tripartito en solitario. En definitiva, entre el 30 y el 31 de marzo se habilitarían nuevas sesiones a dos días de la disolución de Les Corts si se quiere aprobar la presidencia de À Punt esta legislatura.
Mamen Peris anunció sorpresivamente ayer lunes que van a descartar a su candidato para el Consell Rector (su jefe de Gabinete, Luis Gil-Orozco). Y mientras el Botànic decide qué hace, ya circula un plan B en el caso de que no salga nada adelante: que la periodista Lola Bañón ocupe la presidencia en funciones, como informó Valencia Plaza.