La contaminación industrial del aire costó al menos 740 millones en un año en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA. Los agentes contaminantes expulsados a la atmósfera por las grandes instalaciones industriales de la Comunitat Valenciana conllevaron un coste económico en daños ambientales y humanos que la Unión Europea estima en al menos 740,7 millones de euros en un año, sobre todo debido a las emisiones del sector energético y de las industrias minerales situadas, en muchos casos, en la provincia de Castellón. Aun así, la cifra queda lejos de las cantidades globales que se atribuyen a autonomías como Andalucía (2.595 millones de euros), Asturias (1.795 millones), Cataluña (1.396 millones) o País Vasco (1.106 millones), las principales regiones emisoras de España.

Así se desprende de las valoraciones que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publica este año con 2021 como ejercicio de referencia, y a cuyos datos se ha accedido fruto de la colaboración entre el proyecto CORRECTIV.Europe, una red de periodistas locales fundada por el medio de investigación alemán CORRECTIV, y Valencia Plaza. La metodología de esta agencia, que regula los asuntos medioambientales en la Unión Europea, convierte pues la acción de los contaminantes industriales y de las granjas avícolas y porcinas a un coste económico estimado. Para ello se tienen en cuenta sus perjuicios en seres humanos y su entorno, como las enfermedades y muertes prematuras, la carga asistencial al sistema de salud y los efectos para los ecosistemas.

Los datos de la AEMA evidencian de este modo que las instalaciones industriales de mayor tamaño y producción, tanto en el caso valenciano como en el de otras muchas regiones europeas, son las que en términos cuantitativos arrojarían al aire volúmenes de contaminantes más altos y, por lo tanto, a muchas ellas se les estiman los costes más elevados. “Las instalaciones más grandes, abundantes y que trabajan durante un mayor tiempo son las que más van a emitir y son sobre las que hay que poner el foco”, confirma el investigador del Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química de la Universitat Politècnica de València, Eduardo Palomares.

En este sentido, a uno de los grandes sectores predominantes en la Comunitat Valenciana como es el energético, que cuenta con varias infraestructuras de calado en territorio valenciano, la Unión Europea le atribuye efectos económicos estimados en cerca de al menos 317 millones de euros. La cifra representaría un 42% del perjuicio total en el que se traduciría la actividad industrial radicada en esta autonomía durante 2021. Gran parte de este coste se concentraría en la planta petrolífera que BP posee en Castellón, que en ese ejercicio emitió 1,1 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y varias toneladas más de otros contaminantes que la AEMA transcribe a más de 235 millones de euros.

Pese a que la actividad emisora de esta refinería situada en el Grao de la capital castellonense se ha mantenido en niveles similares a este durante más de una década, hasta otras seis instalaciones de este tipo ubicadas en distintos puntos de España lanzarían a la atmósfera más contaminantes anuales que la construcción de BP, y por ello figuran por delante en cuanto a coste económico. Aun así, la instalación de Castellón es la única radicada en la Comunitat Valenciana que aparece entre las cuarenta de mayor costo para España en 2021, un listado en el que bien podría haber emergido otra energética de la región, como es la planta de ciclo combinado que Naturgy tiene en Sagunto.

De hecho, esta instalación sería, según el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR), la que más toneladas de polución atmosférica habría emitido en los últimos quince años desde suelo valenciano. No obstante, y pese a que en el ejercicio posterior notificó 1,3 millones de toneladas de contaminantes, sobre todo de dióxido de carbono, y a que en el año precedente informó de más de 776.200 toneladas expulsadas, para 2021 el E-PRTR solo muestra 321.600, uno de sus valores más bajos al menos desde 2007. La principal razón de ello sería que para ese año no figuran en esta planta de gas natural emisiones de CO2, su principal contaminante, del que expulsa una media de más de un millón de toneladas anuales.

Esta situación, que se replica de forma similar en el caso de la cementera que la compañía Holcim tiene en la misma localidad valenciana, se recoge de igual modo en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, y se debe, según fuentes del Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación de la Conselleria de Medio Ambiente consultadas por Valencia Plaza, a que las cifras todavía no habrían sido verificadas. Aun así, este departamento del Gobierno valenciano sí confirma que la planta de Naturgy comunicó 728.348 toneladas de CO2 expulsadas al aire en 2021, una cifra que, de confirmarse finalmente, repercutiría de manera sustancial en el coste económico que la Unión Europea estima para las energéticas y colocaría a esta central entre las infraestructuras con mayor repercusión de la autonomía.

Es por ello que, en términos de coste económico, la instalación valenciana que figura en los datos europeos como la segunda con mayor impacto en 2021 es la central térmica de Iberdrola de Castelló de la Plana, a la que la Unión Europea le calcula daños sobre los seres humanos y el medioambiente por valor 74 millones de euros. Más allá del sector de la generación de la energía, el otro ámbito que lidera los vertidos contaminantes a la atmósfera en el caso valenciano es el mineral, sobre todo por la acción de las compañías cementeras y, en menor medida de aquellas dedicadas a actividades relacionadas con la cerámica o las esmalteras, que de nuevo son algunas de las ramas industriales más consolidadas de la economía valenciana.

En total, el coste estimado por la AEMA para este sector es de 316,5 millones de euros, una cifra muy similar a la que arroja la industria energética. No obstante, y al contrario de lo que sucedía en ese caso, en el que menos de cinco compañías aglutinan casi toda la capacidad contaminante notificada, las instalaciones minerales superarían las ochenta, por lo que la acción de cada una de ellas por sí sola tendría un menor calado. En este sentido, destacan las estimaciones de las emisiones generadas por las cementeras de Cemex en Alicante y de Cimsa en Buñol, que con un coste de 73,6 millones y 48,3 millones de euros respectivamente están entre las cinco plantas valencianas más gravosas en el año 2021. En total, así pues, los daños totales del cemento se contabilizarían en torno a 122 millones de euros.

Sobre el subsector cerámico, por su parte, de las más de ochenta plantas valencianas de la minería industrial cuyas emisiones se tienen en cuenta para los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, más de cincuenta están vinculadas a la cerámica, y sus costes globales se calculan en 114 millones. Esta es también una de las razones por las que, en 2021 y según los datos que comunica la AEMA, la mayor parte del dispendio causado por la contaminación de la gran industria valenciana se concentraría en la provincia de Castellón, con 522 millones de euros, por delante de Valencia (132,9 millones) y Alicante (85,9 millones). De entre las instalaciones con mayor coste para la sociedad, destacarían la de Azulmed en Xilxes (51,9 millones de euros), la de TAU en Castelló de la Plana (21 millones de euros) o la del Grupo Samca (14,5 millones) en Cabanes.

Aun así, y dado que las plantas de mayor tamaño y producción suelen ser siempre las que más contaminantes expulsan y, en consecuencia, las que se asocian a costes mayores según la metodología de la Unión Europea, Palomares hace hincapié en que una pequeña planta puede terminar por resultar más dañina que una gran estructura si concentra en muy poco tiempo la expulsión de una cantidad relevante de contaminantes. “Lo que marca el legislador es la concentración y no las emisiones totales. Esas empresas, como trabajan todos los días del año, en toneladas emiten mucho, pero los contaminantes aparentemente estarían muy diluidos y podrían ser menos peligrosos que una planta que emita poco, pero de forma muy concentrada”, sostiene.

Al margen de las instalaciones cerámicas, e igualmente enmarcadas dentro del sector mineral, la producción de fritas y esmaltes y la fabricación de vidrio reportó hace tres años unas emisiones anuales equivalentes a 80 millones de euros en daños humanos y ambientales. Así pues, en su conjunto, este sector de los minerales y el energético serían responsables del gran grueso de las emisiones de las instalaciones valencianas y de sus efectos sobre personas y ecosistemas en 2021, aunque existen otras áreas productivas que en términos cuantitativos son igualmente reseñables. Una de ellas sería la gestión de residuos y especialmente los vertederos, que cuenta con varias plantas en las tres provincias y cuyo impacto se estima en más de 68 millones de euros.

Por último, de la industria química destacan las emisiones de la planta que UBE posee en Castelló de la Plana, con un coste durante 2021 calculado en más de 22 millones de euros por la agencia europea medioambiental, mientras que si bien ninguna de las instalaciones dedicadas a la ganadería porcina y avícola aparecen entre las treinta más contaminantes en ese año, en su conjunto los efectos de sus emisiones se cifrarían en 12,4 millones.