VALÈNCIA. (EP) La Comunitat Valenciana estrena un registro de vivienda pública y protegida que permitirá agilizar el acceso y situarla como alternativa a la "vorágine especulativa". Se priorizará el alquiler como modelo preferente de adjudicación y los promotores estarán obligados a registrar todas las VPO, independientemente de su carácter público o privado.
Por primera vez, este inventario unirá la lista de demandantes con la oferta de vivienda protegida. Estaba previsto en la Ley de Función Social de la Vivienda de 2017 y llega ante una demanda creciente y "una oferta que no la atiende, ante la que los poderes públicos tienen la obligación de intervenir", ha defendido el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca.
Gracias a la obligatoriedad de registro, la intención es asegurar las condiciones de habitabilidad de las VPO y su puesta a disposición de las personas más vulnerables. También se pretende modernizar la atención y el seguimiento de la demanda para que sea más ágil.
La inscripción se estructurará en torno a la unidad de convivencia, formada por una persona o varias sin necesidad de parentesco. Entre los requisitos figura la necesidad de vivienda, no superar en 2,5 veces el IPREM (índice de renta de referencia para prestaciones sociales) o presentar una declaración responsable. Habrá dos años de vigencia que se podrá renovar cada dos años.
El régimen de cesión será el arrendamiento preferentemente, aunque también se permitirá la compraventa y las cesiones gratuitas a otros. Como situaciones de especial vulnerabilidad se entenderán familias monoparentales y las numerosas, víctimas de violencia machista, personas con diversidad funcional o discapacidad superior al 33%, extutelados menores de 25 años o afectados por desahucios.
Hasta el 31 de marzo, las personas ya inscritas en el anterior registro pueden renovar su suscripción. En general, todo el proceso será electrónico (www.habitatge.gva.es) para simplificar el papeleo, mientras una campaña informativa lo difunde a la ciudadanía.
Pero también es un registro de oferta al que tendrán que inscribirse tanto las viviendas del patrimonio público de la Generalitat como las de protección de promoción privada. Se regula el régimen de cesión y los procedimientos de adjudicación, algo que no altera el régimen aplicable a las promociones privadas más allá del requisito de inscripción.
Paralelamente, se incluye un estatuto de usuarios de viviendas del patrimonio público como una combinación de facultades y deberes que permita "un goce seguro y adecuado". Y se establece un inventario de viviendas protegidas en el que se inscribirán todas en el plazo de un mes desde su calificación provisional.
"Volvemos a situar la vivienda pública y protegida como una alternativa factible a la vorágine especulativa que durante décadas ha devorado nuestro territorio", ha defendido Illueca, con el objetivo de que los valencianos puedan desarrollar un proyecto de vida estable y digno que "desmonte, de una vez por todas, la cepa que oprime a la juventud de escoger entre compartir piso, volver a casa de los padres o dejarse medio sueldo al pagar el alquiler".
Este registro va de la mano del decreto publicado esta semana por la Generalitat para movilizar viviendas vacías en manos de los grandes tenedores con poseen más de diez inmuebles. Para ello también se creará un registro de casas deshabitadas "con todas las garantías" y se establecerán multas coercitivas.
Al respecto, sobre el recargo del IBI del 30% que plantea aplicar el Ayuntamiento de València a los grandes tenedores si mantienen las viviendas vacías y no las destinan a alquiler, el conseller ha remarcado que quiere ser "prudente" en los plazos, ya que el decreto de la Generalitat entra en vigor dentro de 20 días. "Si hay una declaración de vivienda deshabitada, podrá aplicarlo, pero el problema es que hay unos procesos contradictorios y eso lleva tiempo", ha puntualizado.