La cercanía electoral aviva las diferencias entre Pedro Sánchez y los barones del PSOE

VALÈNCIA (EFE/Sol Carreras). La cercanía de las elecciones autonómicas de 2023 y las particularidades de cada territorio han llevado a barones del PSOE a defender posiciones contrarias a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, como ha ocurrido con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente manchego, Emiliano García-Page.

Ambos casos han generado malestar en el PSOE, como reconocen en privado varios dirigentes socialistas, aunque en público nadie se atreve a criticar directamente a sus compañeros de partido para evitar entrar en polémicas.

En concreto, las desavenencias con Page tienen que ver con una entrevista publicada recientemente en la que el presidente manchego cuestionaba tanto la estrategia de pactos del Gobierno de Sánchez como las críticas sobre la "insolvencia" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin llegar a respaldar en ningún momento esta postura, algunas fuentes socialistas la justificaron al señalar que Page se dirige a un electorado muy concreto y "más conservador", el de Castilla-La Mancha, donde el PSOE aspira a volver a ganar por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Algo parecido ha ocurrido con el president de la Generalitat, Ximo Puig, que anunció el martes, en el debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana, una bajada de impuestos contraria a las tesis defendidas por el PSOE.

Algunas fuentes socialistas señalan que Puig encabeza un Gobierno de coalición con Compromís, lo que "tiene sus complejidades", aunque dejan claro que no están de acuerdo con las medidas adoptadas.

Otras fuentes reconocen el malestar causado en el PSOE, pero apuntan que en un país "federado" cada comunidad autónoma puede plantear sus propias políticas fiscales, dentro de su margen de maniobra y en respuesta a las necesidades y particularidades de cada territorio.

De hecho, el propio Puig ha comentado que su propuesta fiscal responde a la visión de su Gobierno en el marco de sus competencias, con el objetivo de ayudar "a una mayoría social", y afirma que su voluntad no es polemizar con nadie.

La medida de Puig que más ha molestado en el PSOE es la deflactación del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, que va en línea con la propuesta de Feijóo de adaptar este impuesto por la situación actual de inflación a las rentas por debajo de los 40.000 euros.

Fuentes socialistas del Gobierno rechazan deflactar el IRPF aunque sea sólo a las rentas bajas, ya que argumentan que al final también se benefician las rentas altas por el efecto "escalera", y creen que si una comunidad autónoma quiere compensar a los que menos ganan lo más conveniente sería dar ayudas directas.

Además, estas mismas fuentes consideran que el anuncio de Puig llega en un mal momento, con el Gobierno de Sánchez ultimando su propio plan fiscal, que dará a conocer cuando cierre con sus socios de Unidas Podemos el acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para 2023.

Por su parte, fuentes de Ferraz piden prudencia con las bajadas de impuestos porque creen que "pueden socavar el principio de justicia fiscal" y alertan del peligro de sumarse al carro de la competición entre comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha sido contundente con estos planteamientos al rechazar la "espiral" de bajadas fiscales y las bajadas "masivas" de impuestos, aunque defiende hacer reducciones "quirúrgicas" y "selectivas".

Como la mayoría de sus compañeros de partido, Montero cuestiona de forma velada las medidas fiscales de Puig pero centra sus críticas en el PP, sobre todo por la supresión del impuesto de patrimonio anunciada por el Gobierno de Andalucía y que ya está vigente en la Comunidad de Madrid.

Y es que en el PSOE afirman que las diferencias con la política fiscal del PP siguen siendo evidentes, incluso teniendo en cuenta los planteamientos de Puig.

Por ejemplo, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, considera que el debate no está "en subir o bajar impuestos, sino a quién", y asegura que en esto el PSOE "tiene una posición muy clara", ya que la idea común es "ayudar a las amplias mayorías" y pedir un esfuerzo a las "grandes fortunas".

Por el momento, ninguna otra comunidad autónoma gobernada por el PSOE ha anunciado rebajas de impuestos más allá de la Comunitat Valenciana, aunque el PP ya habla de la "rebelión" de los barones socialistas contra las políticas de Sánchez.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha descartado más bajadas de impuestos y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dejado claro que "los debates en Extremadura no están vinculados a lo que hagan los demás" en materia de política fiscal.

Sin embargo, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha abierto la puerta a apoyar una rebaja del tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas.

Y el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que en el actual contexto económico podría ser "razonable" abordar una revisión de la fiscalidad en la comunidad.

En el PSOE abogan por tener un debate "sosegado" en política fiscal, aunque reconocen que muchas medidas deberían ser adoptadas en el marco de la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014 por las desavenencias existentes incluso entre comunidades del mismo color político.

Pero en este caso todos los líderes del PSOE coinciden en que no habrá avances sobre financiación autonómica hasta la próxima legislatura, tras las elecciones generales previstas a finales de 2023, porque electoralmente no interesa abordar esta cuestión.