La ansiada recuperación

VALÈNCIA. Nos encontramos en un momento de cambio, inmersos en la paradoja de vivir en la sociedad de la información, al tiempo que somos tan vulnerables como los ciudadanos del Londres del siglo XVII durante la peste. Y es que no sólo es la enfermedad, sino también el exceso de información (no siempre fidedigna) y la propia interconexión lo que nos hace vulnerables. 

Se demostró en la crisis financiera de la década pasada que la verdadera fortaleza económica reside en ser capaz de salir con rapidez de las recesiones. Lo que actualmente se conoce como “resiliencia” consiste en soportar los embates de crisis comunes con los menores daños posibles. Porque resulta muy difícil no verse afectado, en mayor o menor medida, por un shock externo, pero sí que está en manos de los países tener disponibles los medios para minimizar sus efectos.

Para un país como España, que sufrió durante la Transición los dos primeros shocks del petróleo, aquella experiencia debería haber servido para prevenir sucesivos tropiezos con piedras similares. La dependencia energética y el carácter rígido de nuestro mercado de trabajo fueron ya entonces obstáculos que retrasaron más de dos décadas nuestra convergencia con la Unión Europea. En efecto, a pesar de que los Pactos de la Moncloa frenaron la espiral inflacionista causada por los precios de la energía y que se trasladó al mercado de trabajo con el consiguiente aumento de los costes y pérdida de la competitividad, la inestabilidad política y la incertidumbre se prolongaron hasta la entrada en la UE. Desde los años 80 seguimos arrastrando un mercado de trabajo que no funciona, por problemas sobradamente conocidos y diagnosticados, pero que no somos capaces de afrontar para acabar con ellos. Nuestra dependencia energética es un segundo lastre que compartimos con nuestros socios europeos, pero no siempre en la misma medida ni intensidad. Aunque estratégicamente nuestro suministro no parezca amenazado, el aumento de costes se está trasladando a toda la economía y ahora que, tras la pandemia, la recuperación es más urgente que nunca, las previsiones de crecimiento y empleo vuelven a ponerse en entredicho.

En este contexto tan frágil e interconectado, un país de la dimensión del nuestro tiene pocas herramientas a su disposición. No usarlas parece un lujo que no podemos permitirnos. Aunque la opinión pública sí es capaz de ver que la salida de la pandemia en Europa se está haciendo de manera más coordinada, gracias al acuerdo en el seno de la UE que ha dado lugar al programa Next Generation, se olvida que los ERTE, financiados también con la ayuda comunitaria, fueron posibles gracias a la reforma laboral que se quiere o quería derogar. En 2010, durante el gobierno del presidente Rodriguez-Zapatero se inició dicha reforma, reduciendo los días de indemnización por despido y facilitando éste por causas económicas. Posteriormente se supo que en agosto de 2011 el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, había enviado una carta a Rodríguez-Zapatero con una serie de recomendaciones, que no se realizaban por vez primera, pero dejando ver que la ausencia de medidas pondrían en peligro no sólo nuestra recuperación, sino la de toda la UE. Las medidas descritas en aquella misiva  dieron la pauta para la reforma  que, en 2012, terminaría por hacer el primer gobierno de Mariano Rajoy. 

El estancamiento secular (o “secular stagnation”) es un concepto que se acuñó en los años 30 por Alvin Hansen y que Larry Summers recuperaría en 2013 para referirse a la Gran Recesión y a la gran lentitud con que, en muchos países, incluyendo a España, salimos de ella. Con la respuesta a la crisis de la pandemia, mucho más rápida y decidida, se ha evitado caer en este problema. ¿Por qué es necesaria la rapidez? Porque el corto y el largo plazo están más ligados de lo que parece: la sub-ocupación en la capacidad productiva daña la habilidad de los países para crecer a largo plazo, pues no sólo se reduce el capital físico, sino que también cae la productividad del capital humano y, con la incertidumbre (que aumentó con la pandemia) se debilitan las empresas y su capacidad para invertir. De ahí que se optara por respuestas conjuntas: el BCE (esto es, política monetaria expansiva), la capacidad fiscal de los países y los fondos europeos, con Next Generation EU. 

Sin embargo, cuando ya se esperaba el rebote de las economías, la subida del precio de la energía y los problemas de abastecimiento han hecho que apareciera un riesgo con el que no se contaba: la subida de precios y costes. Se confiaba en el rápido crecimiento o rebote de las economías avanzadas para poder reducir el peso del endeudamiento generado durante la pandemia y recuperar el empleo. Pero antes de que esto haya ocurrido, la producción se ha visto limitada por el corte de los abastecimientos y encarecida por el precio de la energía. Si el estancamiento es malo, la estanflación (estancamiento con inflación) es aún peor. 

Si, tras el invierno, se moderan los precios de la energía y se estabiliza el transporte de mercancías, el aumento de la inflación habrá sido transitorio. Sin embargo, de no ser así, la pérdida de competitividad de las economías más dependientes de la energía, como España, anulará la capacidad de recuperación. 

Por eso, en el reciente Informe del G-20, elaborado tras la cumbre de finales de octubre, también se recomienda realizar reformas estructurales. Se trata de reformas que permitan aumentar el crecimiento, así como el capital humano, haciendo la recuperación sostenible. En la Tabla 1, extraída de dicho informe, se indica el nivel de prioridad de diversas reformas pendientes. Para el caso español serían las siguientes: reducir las regulaciones del mercado de productos, flexibilizar la normativa de protección del empleo, realizar mayor esfuerzo en I+D e impulsar políticas activas en el mercado de trabajo. Nada nuevo que no sepamos. ¿A qué esperamos?