La Abogacía desautoriza a Compromís en materia de renovables ante el 'atasco' de 2.250 MW 

VALÈNCIA. El despliegue de las renovables en la Comunitat Valenciana se está convirtiendo en un verdadero problema para el Govern del Botànic -formado por PSPV, Compromís y Unides Podem. Y es que de los 10.000 MW que la región debe alcanzar en 2030, tanto en energía eólica como fotovoltaica, únicamente hay autorizados 1.737 MW, de los que 1.243 son de eólica y 417, fotovoltaica. Un retraso que incluso ha generado una fractura entre los socios de gobierno por las diferencias de modelo a implantar en la región.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha admitido que la tramitación es "mejorable" y el sector privado lleva meses denunciando el atasco apuntando como la causante del tapón a la Dirección General de Paisaje, dependiente de la Conselleria de Territorio y dirigida por Rosa Pardo (Compromís). Un departamento que ha mostrado reparos en la autorización de varios proyectos esgrimiendo motivos de incompatibilidad urbanística y exigiendo informes adicionales a los promotores sin que la normativa lo exigiera. 

Así lo ha considerado la Abogacía de la Generalitat en un extenso informe, a petición de la propia consellera de Territorio, Rebeca Torró, en el que clarifica los criterios a seguir para desbloquear los proyectos, principalmente 63 expedientes, que suman una potencia total de 2.250 MW, y que se juegan su futuro el próximo 25 de enero de 2023. Una fecha marcada en rojo en el calendario de los inversores y la Administración porque si no logran la declaración de impacto ambiental favorable (DIA) del Ministerio de Transición Ecológica, pese a contar con autorización administrativa, automáticamente se quedarán sin esos permisos y deberán empezar de nuevo todo el proceso. 

El tiempo apremia y son varios los expedientes que siguen en los despachos de las Consellerias de Territorio, Medio Ambiente y Economía, todas ellas implicadas en la tramitación de las renovables en la Comunitat Valenciana, aunque el órgano sustantivo es el departamento que dirige Rafa Climent. Si no se llega a ese hito fijado por el Ministerio, los promotores se arriesgan a perder los puntos de conexión a la red y el aval depositado y pueden exigir responsabilidad patrimonial a la Generalitat Valenciana.

Ante esta situación, y las interpretaciones que cada departamento hacía de los diferentes decretos que regulan esta materia, Torró solicitó el pasado 5 de octubre un informe a la Abogacía de la Generalitat para fijar los criterios y "aclarar dudas interpretativas", especialmente tras la aprobación del decreto ómnibus que buscaba precisamente la aceleración del proceso administrativo. 

Aclaraciones de la Abogacía

Así, el primero punto que clarifica el informe de los letrados es que "en ningún caso es exigible la presentación de un estudio de paisaje a los promotores" como hasta ahora estaba solicitando Paisaje. Una exigencia que dilataba la tramitación ya que la elaboración de ese documento es ardua y costosa por la información que se solicita. No obstante, ahora la Abogacía recalca que esa petición "no está predeterminada normativamente, por lo que es contraria al ordenamiento jurídico y va más allá de los límites que establece la norma".

También deja claro que los informes de compatibilidad urbanística únicamente competen a los ayuntamientos y, por tanto, "la Generalitat no puede sustituir al Ayuntamiento en su emisión". De hecho, la negativa de la compatibilidad urbanística ha sido uno de los principales argumentos que ha estado esgrimiendo Paisaje para denegar autorizaciones. No obstante, ahora Abogacía resalta que esta Dirección General no es la responsable de emitir esos informes.

Asimismo, la Abogacía expone en su informe que la limitación de uso del 3% de suelo para renovables en un municipio, recogido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), no es aplicable porque impera antes el decreto 14/2020 al ser una norma específica sobre renovables. "Esta normativa la aprobó el Gobierno precisamente para poder agilizar la tramitación estableciendo unos criterios muy claros medioambientales, territoriales, paisajísticos y energéticos", resaltó Torró. Finalmente, los letrados señalan que en suelo urbanizable protegido también se pueden instalar plantas fotovoltaicas porque no se genera impacto medioambiental.

Un informe que, sin embargo, no acabó de convencer ni a Pardo ni a la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Inma Orozco, también de Compromís, que pidieron a los letrados de la Administración una clarificación por discrepancias con su contenido. Y la Abogacía fue clara: ratificó en todos sus términos su primer informe, rechazando las prácticas e interpretaciones de Compromís y fijando el proceso a seguir.  

"El informe se tiene que aplicar"

Aunque el documento no es vinculante, en caso de no cumplirse deberá existir una motivación. Y más porque la Generalitat se enfrenta a posibles demandas por responsabilidad patrimonial si los promotores no llegan a ese hito del 25 de enero por las interpretaciones y el retraso de la Administración valenciana. Al respecto, la propia Torró aseguraba que el informe "se tiene que aplicar como tal" . 

"Puedo entender que haya opiniones diversas y que podían existir esas interpretaciones. Por eso, pedí el informe para aclarar cualquier duda. Ha sido la Abogacía la que ha marcado esa aclaración", subrayó la consellera.Por tanto, aseguró que no tienen "ninguna duda de que la Dirección General de Paisaje aplicará lo que la Abogacía ha señalado". "Esperamos que con esta aclaración podamos ir más rápido en la emisión de los informes", resaltó.

De hecho, desde Territorio se ha nombrado a un segundo subdirector en la Dirección General para poder contribuir en la agilización de los expedientes. Así, habrá una persona encargada de la planificación y otra para la propia gestión. "Las tres Consellerias implicadas vamos a trabajar al máximo para poder llegar al hito marcado por el Gobierno de España del 25 de enero", concluyó Torró.