¿Por qué lo de construir casas en ‘el último km sin urbanizar de la costa’ de Orihuela? Buena pregunta, y fácil de contestar, salvo que se quiera manipular la realidad y, sobre todo, hacer demagogia desde la política, algo muy frecuente cuando se huele cerca la tinta fresca de las papeletas electorales.
El sector D-1 Alameda del Mar, conocido como ‘Cala Mosca’, son, efectivamente, las últimas cerca de 60 hectáreas pendientes de desarrollar urbanísticamente. Pero no de ahora, sino desde 1990, año de la aprobación de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela. Entonces el PGOU clasificó poco más de 2.600 hectáreas entre suelo urbano (468 hectáreas) y urbanizable (2.133 hectáreas) en la costa oriolana, representando Cala Mosca un 2,3% del total y un 2,8% del suelo urbanizable, en el que se encontraba.
No es, por tanto, ninguna sorpresa que se vaya a urbanizar y construir en Cala Mosca. Así está previsto desde hace más de 30 años. Y desde entonces ese sector ha estado sometido a numerosos trámites administrativos, de conocimiento público y con participación social y política, en los que han intervenido todas las Administraciones, desde la local hasta la estatal. Más aún: todas esas Administraciones han tenido distintos colores políticos, de derecha a izquierda.
Resulta por ello curioso el camino recorrido por los distinto partidos sobre el tema, tan en contra del desarrollo de ese sector desde el activismo en la calle o en la oposición institucional como contemporizadores con el mismo, y hasta decididamente favorables, cuando han ejercido responsabilidades de gobierno.
Si hablamos desde la perspectiva social, hay que reconocer que quienes desde la ciudadanía oriolana se han manifestado contra el desarrollo urbanístico en Cala Mosca, y en general contra cualquier otro en esa zona, son fundamentalmente nuevos vecinos de esta ciudad que llegaron aquí adquiriendo un inmueble para residir, de manera permanente o temporal, justo en zonas de desarrollo urbanístico que aparecen a partir de los años 60, básicamente para el aprovechamiento turístico, como ocurre con Cala Mosca. Quienes hoy protestan por estos últimos desarrollos urbanísticos pendientes, por tanto, y seamos sinceros, guardan sus pancartas en garajes, trasteros o buhardillas de chalets, bungalows o apartamentos construidos sobre terrenos exactamente iguales a los de Cala Mosca. Sirva como anécdota que lo confirma el domicilio en primera línea de playa de uno de los concejales, de nacionalidad británica por más señas, más activos de los que ha tenido Orihuela en la ‘defensa’ de Cala Mosca.
Pero si nos vamos a la posición política, sorprende algún argumento escuchado últimamente, como el expresado desde las filas del PP, que nunca puso objeción alguna al desarrollo de Cala Mosca, que acusa ahora a la Concejalía de Urbanismo en Orihuela, gestionada por Ciudadanos, de haber bloqueado a la alcaldesa socialista Carolina Gracia hasta lograr la aprobación del proyecto modificado de urbanización hace unos días. Olvida el PP que esa tramitación tiene un proceso reglado con plazos señalados y que, con fantasiosos bloqueos o sin ellos, el resultado habría sido el mismo. Quizá los rencores andan por no haber sido un alcalde del PP el supuestamente ‘bloqueado’…
Más que sorprendente ha sido la postura del PSOE, que del no rotundo en la oposición al proyecto de Cala Mosca ha pasado por boca de su actual lideresa oriolana a un sí con la boca pequeña. Un sí escondido en una abstención, porque pudo votar que no a la aprobación del proyecto modificado de urbanización en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 18 de abril. Ni parece que estuvieran los concejales socialistas muy convencidos de ese ‘no’ cuando no mantuvieron esa posición pudiendo hacerlo, ni que la alcaldesa haya sido mínimamente creíble en sus denuncias públicas de amenazas por parte del abogado de la promotora. Al fin y al cabo, y en rueda de prensa, terminó asumiendo que lo legal era, justamente, aquello que aquel abogado le advertía que lo era.
De Cambiemos Orihuela, marca local de Unidas Podemos, y su recién coaligado Compromis, qué quieren que les diga… Baste saber que llevan meses berreando sospechas de oscuras vinculaciones entre el Ayuntamiento de Orihuela y la empresa promotora de Cala Mosca cuando resulta que han sido sus superiores políticos en la Generalitat, más concretamente en la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, integrada en la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, todos ellos de Compromís, quienes han firmado favorablemente la declaración de impacto ambiental (2018) sobre el proyecto o resoluciones complementarias a la misma, dando por cumplidos sus condicionantes (2022).
Si alguien pudo parar Cala Mosca en un despacho, fueron el PSOE, UP y Compromís. Si no lo han hecho es, simplemente, porque en Orihuela nos engañan. El PP mira hacia otro lado, que bastante tiene estos días con lo que tiene.
