Parece que los ciudadanos han mostrado su malestar ante la sentencia del caso Nóos en cuanto a la implicación de la Infanta Cristina. La Sala le absuelve de los delitos contra la Hacienda Pública por los que venía siendo acusada. Se ha leído de todo estos días en los medios de comunicación y en las redes sociales, que si la Justicia no es Justa, que si eso ocurre por ser quién es, que si el mismo Tribunal en hechos parecidos había puesto más pena, que si por robar una bicicleta, un chaval ingresó en prisión, que si la sentencia le sale a devolver, etc.
Parece que la opinión pública en este asunto está un poco decepcionada con la sentencia dictada por el Tribunal de Palma y posiblemente en su percepción influyan tres factores importantes a tener en cuenta.
En primer lugar existe una cierta "indignación ciudadana" debido a que se percibe que en algunos casos relacionados con la justicia los poderosos se suelen salir de "rositas". El problema también reside en que tenemos un Código Penal bastante "blando", muchas actuaciones susceptible de reproche social no están reguladas, existen lagunas jurídicas en determinados delitos, plazos cortos de prescripción para algunos otros y una regulación demasiado flexible que permite el "escape" ante el principio básico del Derecho Penal, "la duda favorece al reo" o lo que es casi lo mismo, la "presunción de inocencia" requiere prueba en contra.
En segundo lugar la percepción de que la Justicia está politizada, no se trata de una frase nueva, sino de una realidad, puede verse al respecto numerosos estudios doctrinales y las quejas de profesionales de la Justicia, o de las Plataformas y Asociaciones a favor de la Independencia Judicial. Es bien sabido del reparto de cuotas de los partidos en instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, artimañas, que difícilmente puede favorecer una justicia independiente. Además el Ministerio Fiscal es una institución en donde rige los principios de jerarquía y dependencia y cuyo Jefe al frente de la organización, el Fiscal General del Estado, es nombrado por el Gobierno. No son pocas las veces donde la Fiscalía actúa con energía, y otras veces donde parece dormir en la instrucción. Entre ambas actitudes existe un margen de discrecionalidad muy amplio para ejercer o no la acusación. Recuérdese al respecto las controversias entre el fiscal Horrach y el juez Castro en la fase inicial del caso que nos ocupa.
En tercer lugar pero relacionado con lo anterior, se constata la interferencia del poder político sobre el poder Judicial y sino recuérdese el último episodio con declaraciones del Ministro de Justicia, respecto al Presidente de la Comunidad de Murcia, donde la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación del Sr. Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso. Que el Gobierno sea del PP y el presidente de la Comunidad de Murcia del mismo partido, es una mera casualidad para los ingenuos. Para colmo, existe un proyecto que quiere atribuir a la Fiscalía, la investigación de las causas criminales en vez de al juez instructor.
Todos estos hechos colaboran en la percepción ciudadana de que existe una doble vara de medir en materia de Justicia y que ésta no recae con la misma intensidad en todos los casos.
En definitiva, si no hubiera dudas sobre la politización de la justicia, tampoco existirían dudas en la opinión pública respecto a la sentencia dictada en el caso Nóos.
Victoria Rodríguez Blanco
Jurista y Politóloga.