Pedro Sánchez. Foto: A.ORTEGA.POOL/EPVALÈNCIA (EFE/Ruth del Moral). La ratificación o no de la reforma laboral en el Congreso en las próximas semanas se va a convertir en una piedra de toque para comprobar la estabilidad y firmeza de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, en un momento clave en el que Pedro Sánchez afronta la segunda mitad de la legislatura con leyes controvertidas como la de Memoria Democrática o la de Vivienda.
A menos de un mes de que el Pleno del Congreso ratifique el decreto ley de reforma laboral pactado entre el Gobierno y los agentes sociales, el Ejecutivo negocia contra reloj los votos de ERC, PNV y EH Bildu que, junto a BNG, se niegan a apoyar una normativa laboral que tachan de insuficiente porque no tiene en cuenta los convenios autonómicos ni aumenta a 45 días las indemnizaciones por despido.
En los últimos días se han sucedido llamadas y reuniones discretas con el Ministerio de Trabajo, según señalan fuentes parlamentarias a EFE, aunque algunas han salido a la luz como la cena del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, con Yolanda Díaz.
En todas el resultado ha sido que no hay muchos avances, ya que el Ejecutivo quiere respetar el acuerdo pactado con la patronal y los sindicatos y sus socios de investidura le exigen profundizar en la reforma a través de enmiendas.
Pero la clave podría estar en el PNV. Una opción posible es que el Gobierno esté buscando su voto favorable con el fin de prometer que se garantizarán los convenios autonómicos por encima de los estatales con otra iniciativa legislativa diferente a la reforma laboral.
Y es que fuentes del PDeCAT señalan a EFE que su formación también podría sumarse a una ratificación del decreto sin enmiendas "para preservar el acuerdo del diálogo social", una filosofía que comparte Ciudadanos, y algunas otras formaciones como Más País y Compromís.
Fuentes de Más País han avanzado que votarán a favor de la convalidación y Compromís no lo descarta, aunque quiere seguir "apretando" ante una reforma que les parece escasa.
De esta forma, la suma de votos favorables que podría conseguir el PSOE y Unidas Podemos si se llega a un acuerdo con el PNV podría superar por muy poco la suma de votos en contra, procedentes del PP, Vox, y JxCAT -que "por ahora" ha dicho a EFE que no lo apoya- así como probablemente los de otros partidos como UPN o Foro Asturias.
La ministra de Trabajo, el ministro de la Presidencia y buena parte del PSOE no se cansan de pedir a sus "aliados" que apoyen una reforma de consenso.
PNV, ERC, Bildu y BNG mantienen sus exigencias de que el decreto se tramite con enmiendas. Los nacionalistas vascos exigen por encima de todo la prevalencia de los convenios autonómicos y ERC y Bildu piden además derogar también la reforma de 2010, la que aprobó las indemnizaciones de 20 días por año trabajado cuando los despidos eran por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
"Ahora mismo estamos claramente en el no mientras no se abran a introducir cambios", insiste Bildu en declaraciones a EFE que insta a garantizar que los convenios territoriales y autonómicos vascos tengan prioridad, recuperar la autorización de la autoridad laboral en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y la indemnización de 45 días por año trabajado.
Por otra parte, el nuevo choque de trenes con los socios del Gobierno se produce cuando las relaciones en el seno del Ejecutivo han vuelto a enfriarse durante unos días ante la polémica que han suscitado las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la carne procedente de las macrogranjas.
Un nuevo capítulo de desavenencias entre PSOE y Podemos que, aunque ha terminado con un cierre de filas en torno a Garzón, ha vuelto a poner en entredicho al Ejecutivo de coalición a dos años del fin de la Legislatura.
Diferencias que podrían volver a revelarse en la tramitación de leyes decisivas como la de la Vivienda, la Ley Trans o la LGTBI.
Y esto al margen de la Ley de Memoria Democrática que tendrá que contar de nuevo en el Congreso con los aliados de Sánchez y que de momento permanece estancada, sin empezar su debate de enmiendas.
Lo cierto es que antes de que se inicie el nuevo periodo de sesiones del Congreso en febrero, la Cámara Baja se verá obligada a abrir sus debates parlamentarios en enero para ratificar varios decretos leyes, como el de ayudas a la reconstrucción de la isla de La Palma o el de medidas urgentes en el ámbito energético, cuyos plazos de convalidación terminan antes del 31 de enero.
Probablemente será en la primera semana de febrero, en la que ya habrá sesión plenaria, cuando se voten las convalidaciones o derogaciones no solo del decreto de la reforma laboral, sino también del que obliga al uso de mascarillas en el exterior y del decreto de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
