El obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui. Foto: Obispado Orihuela-Alicante ALICANTE. La controversia sobre la vacunación supuestamente irregular de determinados responsables públicos, que ha motivado la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Alicante, continúa ahora en el ámbito de otros representantes sociales. En concreto, por lo que respecta a algunos de los últimos casos conocidos que afectan al obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, a su hermana y al esposo de esta. Los dos activistas vecinales que presentaron la denuncia inicial, José Luis Valdés y José María Hernández Mata, han registrado este lunes un escrito de ampliación con el propósito de que también se investigue esos nuevos casos para que se determine si también se produjo una alteración irregular del orden establecido en los protocolos de inmunización contra la covid-19.
Así, en ese escrito de ampliación, ambos representantes ciudadanos sostienen que, tras la interposición de su denuncia original, que afectaba a personas que desempeñan cargos públicos por designación política, "hemos conocido por los medios de comunicación de los que adjuntamos noticias de recientes fechas, de que hay grupos de personas que no son cargos políticos" y que, a juicio de los denunciantes, pudieron haberse aprovechado también de "los puestos de relevancia que ocupan en nuestra sociedad". Según la denuncia, esos representantes "han variado los listados de vacunación que estaban bajo su responsabilidad por cesión de la Conselleria de Sanidad, para incluirse ellos y otros cargos similares e incluso familiares".
Así, en su ampliación de la denuncia original añaden que "esta situación injusta y poco edificante nos mueve solicitar que la Fiscalía valore las sanciones que puedan corresponder a esta ilegalidad". El escrito se acompaña de documentación con las noticias publicadas en diversos medios de comunicación respecto a la vacunación del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante. De hecho, la petición de ampliación de las diligencias se registra tres días después de que el Obispado informase, a través de un comunicado, sobre las condiciones en las que se produjo la vacunación del prelado, de su hermana y de su cuñado. En ese comunicado se detallaba que ambos convivían con Murgui en la Casa Sacerdotal.
La Fiscalía ya ha solicitado a la Conselleria de Sanidad la remisión de informes sobre los protocolos de vacunación, así como el detalle de las circunstancias en las que se produjo la inoculación de los cargos públicos incluidos en la denuncia original. Se trata del alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP); del alcalde de El Verger, Ximo Coll (PSOE) y de la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSOE), así como del concejal de Orihuela, José Galiano (PP); el concejal de Benejúzar, José Antonio García (PSOE), y la ya exedil de Sanidad y Bienestar Social de Dénia, Cristina Morera (PSOE), quien presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal. También han dejado de desempeñar sus respectivas responsabilidades de gobierno Galiano y García, aunque conservan el acta de concejal. Hasta el momento, no se ha recibido el compendio de esa información, por lo que no se ha adoptado ninguna decisión adicional.
