Dos operarios del servicio de limpieza, provistos de sopladoras. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Los cuatro grupos políticos que ejercen labores de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guanyar, Ciudadanos (Cs) y Compromís, han confirmado este viernes la presentación de una solicitud de convocatoria conjunta para forzar al equipo de Gobierno, del PP, a celebrar una reunión extraordinaria y urgente de la comisión municipal específica para el estudio y análisis del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, como anunciaron el pasado miércoles. La petición se registrará de manera oficial el próximo lunes, tras recabar la firma de los representantes de las cuatro formaciones.
De acuerdo con el escrito de solicitud, la última reunión de esa comisión se celebró hace ya casi seis meses, el 31 de julio de 2018, "y en ella su presidente, Emilio Israel Cortés Santiago, expresó su voluntad de celebrar una nueva reunión, nunca convocada, durante el mes de septiembre de 2018".
Ahora, tras esta iniciativa compartida por las cuatro fuerzas opositoras, en esa nueva sesión que debe convocarse de manear forzosa se pretendería abordar, entre otros, los siguientes puntos. Primero, la elaboración de la auditoría económica del servicio (capítulo 6.10 del vigente Texto Refundido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), así como los informes de Intervención y de la Secretaría General del Pleno sobre dicha auditoría.
Segundo, la "asistencia técnica para evaluar la calidad del servicio". Es decir, el informe externo que se lleva anunciando desde finales de 2016. Tercero, la revisión de los indicadores que el pliego del servicio fija para evaluar su calidad y modificación del pliego. O lo que es lo mismo, los parámetros que se delimitan en las llamadas fichas de observación, con los que la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) se garantiza resultados favorables gracias a la puntuación que se procura con el simple hecho de que los trabajadores del servicio porten sus uniformes, entre otras condiciones similares.
En cuarto lugar, la comisión debe analizar el "estado actual de la recogida selectiva de materia orgánica y propuestas para mejorar y ampliar dicha recogida", después de que el PP anunciase su intención de ensayar un sistema de recogida puerta a puerta en algunos barrios de la ciudad.
En quinto término, la comisión debería revisar las "inversiones en el centro de tratamiento de residuos de Alicante para reducir los problemas de malos olores (lámina plástica flotante sobre las balsas de lixiviados, cerramiento en depresión de los espacios de compostaje de la materia orgánica,...).
En sexto lugar, en la comisión se debería "entregar a sus miembros todas las memorias anuales de gestores de residuos no peligrosos de la Comunidad Valenciana (valorización y eliminación) presentadas por UTE Alicante en relación a la planta de tratamiento de Alicante correspondientes a todos los años de vigencia del actual contrato, incluido 2018".
Como séptimo punto, se debe producir la "entrega a los miembros de la comisión de todas las relaciones del personal empleado afectado por el contrato que han debido ser presentadas obligatoriamente mes a mes por el contratista desde el inicio del contrato, así como toda la información que el contratista debe trasladar al Ayuntamiento sobre cualquier medida que pueda suponer alteración de la masa salarial de cara a una futura subrogación".
