ALICANTE. Las constructoras especializadas en la ejecución de obra pública mantienen su actividad habitual en la provincia de Alicante, sin que se haya acordado ninguna paralización significativa pese al impacto del coronavirus. No obstante, sí se comienzan a percibir algunas de sus consecuencias, como la ralentización del ritmo de trabajo y el retraso en la recepción de suministros, por ejemplo.
Como mínimo, esa es la radiografía de la que dispone la Federación de Obras Públicas en Alicante (FOPA), transcurridos los diez primeros días de confinamiento desde que entrase en vigor la declaración del Estado de Alarma. Su presidente, Javier Verdú, precisó a Alicante Plaza que entre el 90 y el 92% de las obras iniciadas continúan en desarrollo, aunque a una velocidad inferior por la demora que ya comienza a registrarse en algunos abastecimientos de materiales suministrados por carpinterías metálicas, por ejemplo.
A ello se suma, además, la complejidad que supone adaptarse a las medidas preventivas establecidas en los protocolos del sector para evitar contagios entre las plantillas de los trabajadores: precauciones como mantener distancias mínimas de un metro y medio, la desinfección de vehículos y maquinaria o la limitación de desplazamientos de varios empleados en un mismo transporte.
Además, apuntó que en algunos casos puntuales sí se ha producido alguna renuncia por parte de cuadrillas de trabajadores de algunas subcontratas que han manifestado su voluntad de permanecer en sus domicilios para no exponerse a ningún posible riesgo. Todo pese a insistir en que las condiciones de trabajo en una obra pública que se desempeñe al aire libre, por lo general, no conllevan situaciones de contacto que puedan facilitar la propagación del Covid-19.
FOPA insiste en que no se opondría a que se acordase una paralización del sector y recuerda que la federación nacional ya lo ha solicitado
En todo caso, señaló que "si alguien piensa que no paramos porque no queremos, se equivoca; las empresas no podemos permitirnos el lujo de parar las obras, salvo que exista una orden expresa por parte del Gobierno, ya que si no se certifican trabajos ejecutados mes a mes, la administración no paga y no se puede hacer frente a las nóminas de los empleados", insistió.
Es más, añadió que "si se dictase una orden de paralización de las obras, no nos opondríamos". En esta línea, recordó que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ya ha remitido una comunicación dirigida al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que solicitaba que se ampliase la regulación estatal para ordenar también el cese de actividad en el sector "y por el momento no consta que la petición haya tenido respuesta".