Ayuntamiento de Orihuela. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado este martes estimar los recursos presentados por los habilitados nacionales y el Cosital (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local) ante el decreto de la concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné (Ciudadanos) en el que se aprobaba la modificación del Manual de Valoración de puestos de Trabajo del Ayuntamiento. Esto es, retribuciones específicas en función del puesto de trabajo. De este modo, la Junta de Gobierno, con los votos a favor del Partido Popular –grupo mayoritario del bipartito- y la abstención de Cs –partido que ostenta la concejalía- da la razón a los recursos presentados dejando así sin efecto la decisión de la edil.
Dos cuestiones principales son las que sustentan los dos recursos presentados y que ha aceptado la Junta de Gobierno. Por un lado, tal y como indica el Cosital, la aprobación y modificación del Manual de Valoración de los puestos de trabajo tiene que formar parte de un documento superior, extenso y laborioso: la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Orihuela, aunque debería contar con él por ser municipio de gran población, no cuenta con este documento. No se puede aprobar lo primero, el Manual de Valoración, de forma independiente, sin tener la RPT. Y por otro lado, también como defiende el colegio oficial de habilitados nacionales, no es competencia ni de la edil ni del área de Recursos Humanos la aprobación de esta herramienta, sino de la Junta de Gobierno Local.
Esta situación surge cuando la edil de Recursos Humanos firma una resolución el 30 de junio en la que dejaba sin efecto la resolución de su antecesor. La edil explicaba a este medio que su propósito era cumplir con la Ley de Base de Función Pública, en la que se determina que los municipios de gran población, como Orihuela, ha de contar con además del puesto de interventor, tesorero y secretario, con un puesto de órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y un puesto del órgano de asesoría jurídica. Puestos, estos dos últimos no creados y que asume el secretario general.
El problema, exponía Boné, surge cuando al iniciar el expediente de modificación del catálogo de puestos de trabajo –herramienta en vigor en la administración local como sustituta a la Relación de Puestos de Trabajo- incluye las fichas donde se definen las funciones y retribuciones específicas para esos dos puestos de trabajo. La pretensión de la edil, según explicaba, era dar formalidad al manual de valoración que su antecesor elaboró y en donde solo se reflejaban los factores a tener en cuenta para fijar la retribución final –como por ejemplo peligrosidad, nocturnidad o responsabilidad. La edil, con su resolución fijó unas cuantías monetarias específicas a esos factores. Ha sido precisamente esa concreción la que ha llevado aparejada la modificación del manual de valoración.
El Colegio Oficial de habilitados nacionales añadía también que en la resolución de la edil se especificaba la cuantía económica al “complemento singular” –los factores específicos para la retribución final- de jefaturas de área, jefaturas/coordinaciones, Intendente Policía Local, Inspector Policía Local y Oficial Policía Local.
En su recurso, el Cosital concluía que el decreto de la edil es “nulo de pleno derecho” y su figura “no competente” para su aprobación. Tanto por ser una cuestión que corresponde a la Junta de Gobierno como ser inseparable de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. Boné afirmaba a este medio la semana pasada, cuando Alicante Plaza publicó el recurso presentado por Cosital, que no tenía ningún problema en dar la razón a las alegaciones presentadas y se revoque su decreto, y sea la Junta de Gobierno Local quien lo resuelva.
Del mismo modo aseveraba que su propósito es que el Ayuntamiento tenga la estructura de puestos de trabajo “que tiene que tener” en referencia al órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y el de asesoría jurídica. También la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, expediente que ha intentado iniciar en dos ocasiones para su aprobación en pleno y que se ha encontrado con trabas y dificultades, concluía.
