MADRID (EP). La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, y propone juzgar a 13 investigados, entre ellos al exdirector general de la entidad Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.
En su auto de pase a procedimiento abreviado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
La magistrada da a partir de ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras 11 personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.
Estudios muy deficientes
El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una "serie de irregularidades comunes", tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos.
Todos estos estudios, según la juez, "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal". Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.
Lamela afirma en su auto que Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, "consintieron" que Ferri y Baldó "dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".
Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad".
"Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.
El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional.
Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.
Roberto Lóepez Abad, ex director general de la CAM.
