Loreto Cascales en Gran Alacant.SANTA POLA. Ni los agentes de la Udef de la Polícía Nacional ni el juzgado número dos de Elche, que instruye el caso de la clínica de Gran Alacant, no llamarán (y no han llamado) a declarar a la diputada nacional del Partido Popular Loreto Cascales. ¿La razón? Es obvia. Los diputados y senadores electos sólo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo, una vez el juzgado de instrucción concluya su labora y vea indicios de delito en algunos de los miembros del poder legislativo.
Y eso es lo que al parecer hará la juez de instrucción número dos de Elche, que lleva el caso de la clínica de Gran Alacant, y por la que está investigada Loreto Cascales Martínez, que en el momento en el que se produjo el alquiler de la clínica privada en dependencias municipales, ella era la concejala delegada de Gran Alacant y tenía despacho en esas instalaciones.
Por el momento, como ha informado Alicante Plaza, han sido citado a declarar los otros seis imputados: el ex alcalde de Santa Pola y diputado de Servicios Sociales, Miguel Zaragoza; el ex concejal de Personal, Jorge Perelló; la esposa de éste y hermana de Zaragoza, Pilar Zaragoza; los ex concejales del PP Francisco y Antonio Jesús Martínez García, y los primigenios dueños de la clínica de Gran Alacant, Fernando Gómez y Manuel Rodríguez Bernal.
Lo que si investiga en esta causa es si el Ayuntamiento de Santa Pola, desde 2005 hasta 2015, alquiló unas instalaciones municipales a la empresa Clínica Gran Alacant SL para la gestión de las mutuas de los funcionarios y para dar servicio a la zona residencial a cambio de favores a familiares de los responsables públicos del PP. Así, entre otras cosas, se investiga si la hermana del ex alcalde cobraba de la clínica sin a trabajar o si el personal del consistorio prestó servicios para esa empresa privada. En los primeros interrogatorios que ha realizado la Udef se apunta hacia esa dirección: hay varios testigos que han avalado esa tesis ante la Policía Nacional. Durante todo este periodo de alquiler, Clinica Gran Alacant no abonó ninguna mensualidad del canon al consistorio.
Ahora, los seis investigados deben prestar declaración ante el jugado número dos de Elche, entre el 20 de marzo y el 10 de abril. En caso de que la juez vea indicios y que éstos afecten a la diputada nacional, la causa será elevado al Tribunal Supremo con una exposición razonada. Y si el Supremo lo admite, pedirá el suplicatorio ante el Congreso de los Diputados. Y una vez se le autorice, Loreto Cascales prestaría declaración ante la sala de lo penal, si es que hay fundados indicios que afecten a su intervención en el proceso que se investiga: hay que recordar que los investigados están acusados de supuesta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Cualquier citación con anterioridad a este momento podría conllevar la nulidad de las investigaciones.
El artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que el juez o tribunal que encuentre motivos para procesar a un senador/a o diputado/a a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieran abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo que se trate de un senador o diputado sorprendido en flagrante delito.
