ELCHE. Durante el año 2016, la Oficina Municipal de la Vivienda Social de Elche realizó un total de 283 atenciones y actuó en varios procesos que van desde ejecuciones hipotecarias hasta deudas de alquiler, pasando por solicitudes al Fondo Social de Vivienda. Sin embargo, la oficina no está a la altura de las expectativas en cuanto a soluciones. O al menos es lo que denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad, que es el colectivo que lleva más años luchando por el derecho a una vivienda digna, uno de los grandes problemas que trajo la crisis y que a día de hoy sigue arrastrando a numerosas familias. Desde la PAH hacen un balance de estos dos años y afirman que ha habido un cambio de actitud con respecto al anterior gobierno, del que dicen no querían ni que la plataforma se acercase. Sin embargo, si se pasan a los hechos, la historia es bien diferente.
Se ha conseguido reubicar a varias familias en viviendas de La Caixa o alquileres sociales en dicho banco o en el Sabadell, “pero el resto de bancos no han dado vivienda ni a ellos ni a nadie”, explica Gloria Marín, portavoz de la PAH. Además, indica que en los dos años que lleva el actual equipo de gobierno, mientras que ellos han conseguido regular varios alquileres sociales, la plataforma ha conseguido varias decenas. Algo que representa la poca incidencia que tiene la Oficina en los problemas de vivienda que existen en el municipio, apunta Marín. Aunque no sólo son alquileres sociales las únicas problemáticas que existen, pero sí una de las más recientes debido a la tendencia cada vez menor a comprar pisos.
Según indican desde la PAH, uno de las principales funciones del Ayuntamiento que echan en falta es la de que pueda evitar la emergencia de un desahucio de un particular que se va a quedar en la calle. Es decir, encontrarles una alternativa habitacional mientras encuentran otra vivienda. Para reforzar este argumento se amparan en una reciente resolución de la ONU al respecto. Marín señala que solo han conseguido esa alternativa habitacional desde el Ayuntamiento en un caso, y al cabo de tres meses en los que le habían estado ayudando a pagar un alquiler, le retiraron la ayuda porque tenía un sueldo de 715€. Denuncia que hay bastantes casos más en los que llevan meses esperando; casos en los que personas mayores tenían que dejar sus habitaciones en mayo o junio y que tras el compromiso del Consistorio de encontrarles pisos para compartir con otras personas, siguen sin tener noticia ni ninguna solución al respecto de los mismos.
Denuncian también la falta de sensibilidad y de tacto que se han encontrado tanto en la Oficina como en Servicios Sociales, “planteando algunas cosas inviables”, y mencionan algunas propuestas como que sean hijos quienes avalen a padres, a pesar de que estos estén en paro o ellos mismos reciban prestaciones sociales para poder salir adelante. Marín señala que se les pide a las familias que sean quienes apoyen, “cuando precisamente la Ley de Dependencia venía a reconocer que debía ser el Estado quien cubriera este espacio y no los hijos los responsables de cuidar del anciano, como venía siendo habitual”. Cree que Servicios Sociales debería llevar precisamente el planteamiento contrario y que siguen sin tener soluciones para casos que llevan en espera hasta tres meses. Asevera que “la oficina debería ofrecer un asesoramiento general que no hace”. O buscar viviendas, señala, tareas que se consiguen a duras penas o que son insuficientes desde la institución.
Otra de las trabas que se encuentran las familias o particulares es la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler, máxime cuando se quedan en el paro y este pago se va acumulando. En este sentido, desde la PAH explican que el Ayuntamiento dijo que para julio se iban a concertar unos seguros para ir tirando hasta que el afectado encontrara un nuevo empleo o pudiera hacer frente al pago. Es el caso de madres que con tres niños se iban a quedar en la calle y que tuvieron que acudir a una habitación de alquiler de una persona con un caso similar, al final con seis personas en la misma, y sólo temporalmente porque el casero tenía la habitación alquilada para tres personas. Al final, tras pasar por Cáritas, lograron una habitación por 250 euros, con la madre durmiendo en la cocina y los hijos en el dormitorio. Es sólo una de las muchas situaciones de emergencia que tienen en la PAH y por las que reclaman mayor eficiencia al Ayuntamiento. “Quien no tiene soporte acaba en la calle, y quien tiene algo, en una infravivienda, pero tampoco son condiciones dignas para vivir”.
“Los bancos no ceden pisos fácilmente, pero no hemos visto poner medidas”, apunta Marín, que lamenta que tras una reunión con los bancos en las que no cedieron vivienda, no lo hicieran público para presionar. Actualmente hay en Elche más de 10.000 viviendas vacías entre entidades bancarias y particulares. De las que son habitables, desde la PAH calculan que hay 500 disponibles, algo que han sabido rastreando las páginas web de las entidades. Por esto plantean que si el Consistorio no apoyan la ocupación porque es ilegal, “¿qué alternativas dan?”, y apostilla que esta ocupación es también una forma de presionar.
Por otra parte, ha habido cambios en el personal de la Oficina, que ahora tiene más preocupación y contacto con la plataforma, pero las líneas siguen siendo las mismas: no hay soluciones. La portavoz señala la torpeza que se encuentran, como el caso de una madre con metástasis y tres hijos menores a los que el Ayuntamiento consiguió una sexta planta sin ascensor. Un inconveniente teniendo en cuenta que la madre apenas puede caminar por el tratamiento y ha de ir a diario al hospital. Finalmente su abogado encontró un piso por 350 con ascensor. Sin embargo, entre todos los subsidios, en la casa entraban 850 euros, insuficiente para cinco personas. No se les dio más ayudas porque ya tenían. Y ese es otro de los problemas que denuncia la PAH, que se niegan ayudas a quienes ya reciben prestación, a pesar de que sea la mínima de 426 euros. Ocurría en 2011 y que sigue pasando ahora.
En este sentido, creen que los 20.000 euros para ayudas al alquiler que posee el Ayuntamiento son insuficientes, y se preguntan que si la partida de Bienestar Social tiene dos millones de presupuesto, como se jactan en la concejalía, por qué no hay cambios en la política de prestaciones. Creen que se debería tirar de ahí para adelantar las ayudas de Conselleria, que tardan meses en llegar y que dependiendo de la situación socioeconómica, no todas las familias se pueden permitir esperar pues supone la diferencia entre llegar o no a final de mes. En cualquier caso, Marín asegura que el Ayuntamiento debería hacer mayor difusión de sus servicios porque hay gente que no iría a la PAH pero sí a él, pero les da la impresión de que andan desbordados, y sacando cuentas, como apuntan, “no salen a una intervención por día, es un balance muy pobre por hora trabajada”. Además también señalan que en Servicios Sociales se trabaja con actitudes dirigidas a culpabilizar a la gente de su situación, asegura que entrando en la vida personal de la gente, inquiriéndoles que busquen trabajo, que denuncien a su expareja o, incluso, que aborten.
Por otra parte, otra piedra en el camino que están encontrando es la del empadronamiento, que es necesario para exigir por ejemplo la moratoria de la deuda. Y denuncian desde la PAH que hay una funcionaria en Estadística que aplica una norma que no es la que hay y con la que llevan luchando dos años. “Su postura es que si el piso no es tuyo no puedes estar empadronado, y hace un año el Secretario del Ayuntamiento hizo un informe al respecto bastante claro” y prosigue Marín: “lo que hay que comprobar en el padrón es si esa persona vive allí, indistintamente de la propiedad y derecho a utilización que haya”. Algo que señalan desde el juzgado y que está en el BOE. Han transmitido al Ayuntamiento estas supuestas ilegalidades, llevando los documentos oficiales de las instituciones y del Secretario a la concejalía, a Estadística y al propio alcalde esperando una respuesta al respecto, puesto que incluso se han encontrado con casos de desempadronamientos de oficio a pesar de tener precontratos de vivienda firmados y sellados por el banco. Además, denuncian que arbitrariamente se les pide para demostrar ese padrón documentos innecesarios.
No obstante, a pesar del calado de las quejas de la PAH, no todo es negativo. Se ha notado una mejora con la pobreza energética puesto que llegan casos a la plataforma en los que no se ha cortado la luz y el agua en casos de vulnerabilidad gracias a Servicios Sociales. No obstante, uno de los principales frentes de batalla ahora mismo es que se aplique el protocolo firmado por la Federación de Municipios con el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat para que en los casos de ejecución de desahucio en los que hay vulnerabilidad, se avise al Ayuntamiento. Pero inciden en que los casos que la plataforma ha tratado no han recibido ningún aviso ni interés por parte de la institución. Situaciones en las que como comenta también la integrante Paula Moyá, “hay muchos recursos pero nos vamos muy mal a casa. La gente entra en shock y se bloquea cuando llega a estas situaciones, la situación te desborda y mucha gente se medica”. Por último, desde la PAH aseguran que la mayoría de los casos que tratan en la Oficina y Servicios Sociales los ha derivado allí la plataforma. Y sin embargo, esta no figura como uno de los entes colaboradores en el informe de 2016.
