La histórica panificadora alcoyana Celenpan, a liquidación: víctima colateral del cierre hostelero

ALICANTE. El cierre forzoso de la hostelería durante dos periodos a lo largo del último año, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, no solo ha causado estragos en el sector, sino que también deja víctimas colaterales. Así ha sucedido con la histórica panificadora alcoyana Celenpan, toda una referencia del sector en la provincia y del comercio en la ciudad de los puentes, que ha sucumbido a la drástica caída del negocio.

La firma, fundada en los años sesenta del pasado siglo y heredera de la áun más (si cabe) conocida panificadora Corbí, llegó a emplear a 25 personas hace solo dos años. Sin embargo, la crisis del coronavirus llegó cuando la panificadora ya arrastraba una situación complicada, especialmente en lo que al negocio minorista se refiere, con sus múltiples despachos de pan aguantando el negocio a duras penas. El cierre de la hostelería y la caída en picado de sus productos en este sector, que era su principal fuente de ingresos, terminó de rematar a una empresa que llegaba a la crisis sanitaria fuertemente endeudada.

La panificadora y las tiendas de Celenpan siguieron funcionando hasta finales del año pasado, tras haber realizado un ERTE durante el estado de alarma, pero en enero la actual dirección de la empresa (que la había asumido en 2010, tras separarse los antiguos socios) se vio obligada a bajar la persiana y despedir a toda la plantilla. Según contó a mediados de enero la cadena Cope, el cierre afectó a la panificadora, las seis tiendas que seguían abiertas y una plantilla formada para entonces por 17 personas.

A finales de marzo, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante dictó un auto, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se declara a Celenpan en concurso de acreedores y directamente se abre la fase de liquidación a petición de la concursada. La empresa, que hasta diciembre se encontraba al día en el pago de las nóminas, ya comunicó en enero a los empleados afectados por el cierre que no podía asumir las indemnizaciones. El cierre ordenado y la disolución de la empresa, así, serán dirigidos por un administrador concursal y el juzgado, en lugar de por su propietario.

En los dos últimos ejercicios antes de la pandemia la panificadora facturó alrededor de 650.000 euros. En 2018 aún logró cerrar el año con beneficio, pero en 2019 ya incurrió en pérdidas, aunque muy moderadas. La panificadora tenía al cierre del año pasado una deuda de casi 75.000 euros con entidades financieras y de unos 45.000 euros con proveedores, según el balance correspondiente a 2019.