VALÈNCIA. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), han suscrito el acuerdo para la compra por parte de la Generalitat de 22 viviendas en Callosa de Segura por un importe que alcanza los dos millones de euros. Se trata de inmuebles que forman parte de un edificio de 27 viviendas.
El secretario Autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, que ha participado en el acto notarial ha destacado que "con esta adquisición la Conselleria de Vivienda continúa trabajando para garantizar el derecho a una vivienda digna en la Comunitat Valenciana". En este sentido, ha explicado que la incorporación al parque público de estas 22 viviendas permitirá dotar de solución habitacional a situaciones de especial vulnerabilidad de Callosa de Segura.
La operación que se ha llevado a cabo a través de la dirección general de Vivienda y Regeneración Urbana incluye además el traspaso de 30 garajes y tres trasteros, según ha informado la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, que ha estado presente en la firma.
Con este acuerdo, según ha explicado Elena Azcárraga, la Generalitat ha adquirido ya un total de 113 inmuebles de Sareb, después de formalizar la compra de 75 activos en diciembre de 2020 mediante compra directa y también la adquisición de otras 16 viviendas a finales de 2021 mediante concurso.
Una vez adquiridas las viviendas, se procede a su incorporación al patrimonio público de vivienda de la Generalitat que tiene adscrito la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), para su gestión, administración y adjudicación, en colaboración con el ayuntamiento de Callosa de Segura.
Se trata de una compra directa justificada por razones de emergencia habitacional, ha señalado la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana. El municipio de Callosa de Segura está catalogado como ANHA Alta en el Catálogo de Áreas de necesidad de vivienda de la Generalitat.
Según se indica desde la dirección general de Emergencia Habitacional, se sitúa en una comarca especialmente tensionada, con un alto número de demandantes en función de la población, práctica inexistencia de parque público de viviendas y situaciones constatadas de vulnerabilidad habitacional, acrecentada en los últimos años por las crisis económicas y daños producidos por la DANA 2019 y por la pandemia del COVID-19.
