La Generalitat admite que tendrá que hacer una ley de coordinación con diputaciones

VALÈNCIA/ALICANTE. El Gobierno valenciano está casi convencido de que tendrá que legislar sobre la relación que quiere mantener con las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana. Esa esa es la conclusión a la que llegan desde el Palau de la Generalitat Valenciana después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara los decretos de coordinación en materia de Turismo y Deportes al considerar que no se cumplía el principio de reserva legal y que, según las diputaciones, pretendía restarles competencias en estos campos.

Desde la Generalitat consideran la vía de la legislación como la más urgente y eficaz, pues el recuso ante el Tribunal Supremo, que lo permite el fallo del TSJ, pues no es firme, podría alargar los plazos y no entraría en vigor. Y es más, la propia sentencia del TSJ invita al Consell a seguir esos pasos, basándose en la Ley de Régimen Local y en el Estatuto de la Autonomía. De igual forma, el TSJ menciona el artículo 52 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que fija cómo debe ser la coordinación de funciones y también pone ejemplos recogidos en el Estatut de Autonomía, que incluso habla de poder coordinar los presupuestos, "que se puede unir a los de la Generalitat (sic)".

El gran quebradero de cabeza en el Palau de la Generalitat es que la sentencia da por derogado el artículo 4 de la Ley 2/1983, que permitía las políticas de coordinación y sobre el que se basó la dirección territorial de Administraciones Públicas para elaborar los decretos en cuestión.

Por su parte, el jefe del Consell, Ximo Puig, ha asegurado que "no se puede estar permanentemente en una batalla de carácter partidista en la que nosotros no estamos, pues lo que estamos haciendo es generar el mejor entorno posible para el turismo".

"Nosotros queremos que no se despilfarre dinero público y que quien tiene las competencias en turismo, que es la Generalitat, tenga capacidad de organizar el sector junto a los propios profesionales del mismo, es decir, queremos la cogestión público-privada respecto al sector turístico", ha afirmado. A su juicio, "esto hay que hacerlo de manera razonable, organizada y de acuerdo con el que tiene las competencias, ha añadido el jefe del Consell.

En opinión de Puig, lo que dice el auto judicial que anula los decretos es que "se tenía que haber definido previamente en una nueva ley de coordinación las materias que se han de coordinar". No obstante, el 'president' cree que la ley de coordinación "está vigente y que no hacía falta esta cuestión".

En el ámbito administrativo, las consecuencias ya son conocidas. El Consejo de Coordinación Turística, que a grupa a todos los actores turísticos y a las diputaciones, previsto para este lunes ha quedado suspendido. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha comparecido este lunes y ha asegurado que "la anulación del decreto de coordinación turística no debería tener impacto en la práctica".

Para Colomer, el decreto era una fórmula para formalizar la coordinación que se está realizando y "no dejarlo al albur".  El secretario autonómico ha insistido en que valoran desde el respeto la decisión del TSJCV, pero que la Abogacía de la Generalitat estudiará si cabe recurso. No obstante, también ha abundado en la idea de que estudiarán fórmulas alternativas para revestir de formalizad las diferentes acciones. 

Sin embargo, ha insistido que la relación de la Agencia Valenciana de Turismo con las diputaciones seguirá siendo de "coordinación, consenso y diálogo". Ha señalado que los Planes de Gobernanza y Coordinación - antes de Competitividad- son los que de verdad recogen esta voluntad de ir todos a una y están incluidos en el presupuesto de 2017. 

"La agencia quiere evitar la confrontación", ha asegurado y ha señalado que estas inversiones no corren ningún peligro además de que Turismo nunca "confiscó presupuestos". "El esfuerzo compartido con las diputaciones da sus frutos porque este año se realizan 14 planes mientras que el año pasado fueron 9. Son tres años de estrategia compartida e inversiones sostenidas en el tiempo".