VALÈNCIA. La Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana ha incoado un expediente disciplinario al secretario interventor del Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, Jesús Ángel Castro Revorio, por negarse a pagar diversas facturas a proveedores y contratistas del Ayuntamiento, pese a que habían sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local.
Tras la petición por parte del pleno del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre de 2020, que solicitaba al ente regional iniciar una investigación por presunta desobediencia e incumplimiento de sus funciones, la Dirección General ha decidido finalmente abrirle expediente al habilitado nacional “para el esclarecimiento de los hechos”, tal y como se recoge en la resolución.
Según el documento, Castro podría haber incurrido en faltas que podrían tipificarse como “graves o muy graves”. Y las enumera: una falta muy grave de desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior; una falta muy grave de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas; una falta muy grave de exceso o arbitrariedad en el uso de la autoridad que causa perjuicio al servicio; una falta grave de falta de obediencia debida a superiores jerárquicos y autoridades; una falta grave de abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, y una falta grave de perturbación del servicio, que impida el normal funcionamiento de éste.
Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2020, día en que se celebró una Junta de Gobierno Local que incluía la aprobación de un listado de facturas. Al no constar en el expediente ninguna objeción de Intervención formulada en tiempo y forma, se aprobó por unanimidad de los asistentes el pago de las facturas.
Sin embargo, al día siguiente, el secretario interventor manifestó que no tenía intención de remitir las transferencias bancarias y, posteriormente, desatendió la orden de pago emitida por la Alcaldía. Cumpliendo su amenaza, el 3 de noviembre rechazó la firma de la remesa de transferencias bancarias y, finalmente, el 4 de noviembre elaboró un documento con el título ‘Informe de Reparos’, en el cual manifestaba su disconformidad con la aprobación de las facturas.
El informe fue elaborado siete días después de que la Junta de Gobierno acordara la aprobación, cosa que supone una "flagrante vulneración" del artículo 215 de la Ley de Hacienda Local, que exige que la objeción se formule con anterioridad a la adopción del acuerdo.
"Ni el secretario del Ayuntamiento, ni ningún otro funcionario, puede imponer su criterio por la fuerza e ignorando olímpicamente la ejecutividad de los actos administrativos u órdenes que no sean de su agrado", afirmó el alcalde de Benitatxell, que reseñó que la negativa del secretario interventor habría estado injustificada incluso en el supuesto de que realmente hubiera formulado reparos previos a la aprobación de las facturas, puesto que es la alcaldía el órgano competente para resolver la discrepancia y, en este caso, el alcalde había participado en la adopción del acuerdo de Junta que dispuso tal aprobación.
En otro orden de cosas, el gobierno local también denuncia la "parálisis generalizada" que está causando el secretario en el funcionamiento del ayuntamiento desde que volvió de una prolongada baja médica el pasado mes de agosto, "con continuas trabas a procedimientos administrativos habituales y ordinarios a los que no ponía ninguna objeción durante el mandato de las anteriores corporaciones".
Un cambio "injustificado" de actitud que el equipo de gobierno atribuye a un "afán de revancha" por las diligencias penales por delito de malversación que un juzgado de Dénia ha abierto contra Castro en base a una denuncia presentada durante la pasada legislatura por la entonces oposición, ahora en el gobierno municipal.