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La Fiscalía también archiva la denuncia de la contabilidad del PP de la etapa de Ripoll en la Diputación

22/03/2022 - 

ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a la segunda denuncia que presentó el grupo de Compromís por la supuestas irregularidades en la contabilidad del PP de la Diputación de Alicante entre 2007 y 2011, cuando era presidente José Joaquín Ripoll. El Ministerio Pública asegura que "no ha hallado conducta delictiva" alguna de las personas que dispusieron de los fondos procedentes del grupo popular de la Diputación de Alicante. 

La denuncia fue presentada por Compromís en febrero de 2021 y en este caso, se alertada de una supuesta malversación de fondos públicos por dos movimientos de cuenta por valor de unos 65.000 euros el último día de José Joaquín Ripoll (PP) como presidente de la Diputación, en el que se vaciaron las cuentas del grupo político. Sin embargo, la Fiscalía asegura que tras analizar los informes solicitados a la Udef de la Policía Nacional y los informes bancarias que "no existe anomalía alguna". La coalición valencianistas considera que esos movimientos no habían sido suficientemente fiscalizados, razón por la cual solicitaba a Anticorrupción el inicio de una investigación penal. 

Con este archivo, se cierran las dos denuncia que presentó en su momento Compromís sobre las supuestas irregularidades en la contabilidad del grupo popular, en dos etapas. La archivada ahora, que investigó el periodo entre 2007 y 2011; y la correspondiente al periodo 2015.2018, por la transferencia de dinero del grupo al partido sin la pertinente justificación por valor de 465.000 euros, que se cerró el pasado 7 de marzo.

Desde Compromís han recordado que la denuncia se presentó a raíz de unas informaciones periodísticas sobre los movimientos realizados desde la cuenta en la antigua CAM del Grupo del PP en la Diputación de Alicante a cuentas privadas el día después del último pleno celebrado por Joaquín Ripoll, quien acabó no repitiendo al frente de la institución provincial en el marco del caso Brugal, una investigación que alumbró un tren de vida y una gestión institucional por al que Fiscalía le pide 15 años de cárcel.
Estos movimientos respondían al pago de cantidades de 65.000 euros en dos cheques ingresados en cuentas de dos entidades bancarias alicantinas, lo que significo el vaciado de toda la cuenta del grupo popular en la Diputación de Alicante.

Los valencianistas hicieron llegar la información de la contabilidad de los populares no solo dentro del marco de actuación que estaba llevando a cabo Anticorrupción (Caso Brugal), sino por si existía la posibilidad de ampliar la investigación sobre la contabilidad del PP de los últimos años. En referencia a este asunto, Compromís puso el foco y lidero una iniciativa que supuso el retorno a las arcas públicas de 150.000 euros de subvenciones a grupos políticos mal gestionadas, entre ellos cerca de 50.000 euros del grupo popular.
Compromís lamenta que, tras la investigación de fiscalía sobre el uso del dinero público en los últimos instantes de Ripoll en la institución, ni siquiera se conozca el uso concreto que se le dio al dinero público correspondiente a la subvención política a un partido. Los valencianistas continúan sin saber el nombre propio de la empresa o persona titulares de las cuentas en las que se ingresaron cerca de 65.000. Asimismo, actualmente, se desconoce quien firmó esas transferencias de los dos cheques mentados anteriormente y cuya cuenta de origen fue cerrada el mismo día que Luisa Pastor sustituyó a Ripoll en la presidencia de la Diputación. "El PP se puede glorificar porque se amontonen los archivos de Brugal ante la anulación de escuchas, porque prescriban delitos, porque enviar fondos de forma irregular desde la diputación no sea delito penal...pero todo esto simplemente describe el día a día a del filibusterismo de nuestro sistema judicial. Los hechos son éticamente inaceptables...", ha apuntado el portavoz Gerard Fullana.

El PP pide la dimisión de Fullana

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha exigido este martes al portavoz del grupo Compromís en la institución provincial que abandone la Diputación de Alicante “cuanto antes por responsabilidad política y que pida perdón a cada alicantino por responsabilidad pública”.

“El señor Fullana ya no puede sostener su política de la mentira y de la invención porque al final acaba saliendo la verdad y poniéndole en evidencia”, ha indicado Dolón, que se ha referido así al archivo por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la causa que investigaba diversas transferencias del grupo popular.

“El Partido Popular y su grupo en la Diputación de Alicante han hecho uso con extrema responsabilidad de las normas legales que regulan los gastos conjuntos o cualquier tipo de transferencia desde el Grupo Popular al partido. Todo está justificado. Ya está bien de inventar discursos fake y de seguir en política para mentir. El señor Fullana debe marcharse cuanto antes”, ha insistido Dolón.

La denuncia archivada recientemente por la Fiscalía al no apreciar conducta delictiva alguna en las transferencias del Grupo de la Diputación fue presentada por el diputado de Compromís Gerard Fullana. El documento de la Fiscalía sostiene que no se incurrió en ningún tipo de delito en estas transferencias en la etapa de José Joaquín Ripoll. Es la segunda denuncia archivada al portavoz de Compromís en menos de un mes. “Nos alegramos de que sean los propios tribunales los que desmonten la política de la mentira y las falsedades que hace Compromís en la Diputación”, ha señalado Dolón.

Por ello, ha sostenido que al al portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante “se le acumulan las disculpas públicas”. “Ya las pidió mi partido y las pedí yo cuando se conoció el archivo anterior de las cuentas del PP que Fullana había inventado. Ya no hay hueco para disculpas, solo para la dimisión y para pedir perdón a cada uno de los alicantinos”, ha destacado el portavoz del Grupo Popular. “A Fullana ya no se lo cree nadie”.

El portavoz popular y diputado provincial ha criticado el “uso torticero” de la Justicia por parte del diputado Gerard Fullana y ha lamentado “el tiempo y los recursos públicos que se han empleado en intentar mantener un discurso fake que ya no se cree nadie”.

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