Stand de Benidorm en Fitur para el 2009. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido una notificación de la Fiscalía de Alicante para pedir los expedientes de contratación que puso bajo lupa Compromís. Unos documentos que fueron solicitados por parte de la coalición al consistorio durante más de un mes, y que no se los dieron hasta pasada la semana de más que les dieron. Ahora, es el propio fiscal el que pide estos expedientes, los cuales hacen referencia a la contratación de los stands de Fitur entre los años 2005 y 2009.
Cabe recordar que Compromís amplió la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción con los contratos de Benidorm después de que no quisieran entregarles estos detalles sobre la formalización de los servicios. Así, pusieron en manos de la justicia que fueran ellos los que investigaran el caso directamente.
El caso de Benidorm tiene especial relevancia en el PP debido a que la época en la que se centran estos hechos tenían al actual alcalde como portavoz del PP en el Ayuntamiento, Toni Pérez. Mientras que el asesor de éste en materia de Turismo a día de hoy, es el que en ese momento era el diputado provincial de Turismo.
Torrevieja y Benidorm son el objetivo de estas investigaciones auspiciadas por la coalición valencianista, que parte desde el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, porque aparece la empresa Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL como adjudicataria de estos trabajos, investigada por motivos similares.
En concreto, Compromís llevó el pasado 3 de abril las informaciones sobre las cantidades facturadas como prueba en la denuncia global de todo el caso y solicitó que se requiera la documentación que el Ayuntamiento no entregó en el plazo marcado por la ley, como ya adelantara Alicante Plaza. En total, Compromís solicita expedientes de contratación de facturas valoradas en 1,6 millones de euros. El objetivo es comprobar si el modus operandi ya denunciado en Torrevieja y la Diputación de Alicante coincide con el de Benidorm.
Desde que destaparan estas facturas, Compromís dice haber acreditado más de 6 millones de euros en diferentes instituciones gobernadas por el Partido Popular. El presunto fraude detectado incorpora pruebas de manipulación de adjudicaciones en consonancia con el modus operandi del caso Gurtel en Valencia. El caso salpica también en Torrevieja, donde Compromís sigue estudiando la presentación de la denuncia a fiscalía y donde se aprobaban contratos con las empresas vascas con el actual vicepresidente de la Diputación Eduardo Dolón como regidor y alcalde.
