La Fiscalía General del Estado; un cargo que quema

Esta semana ha tomado posesión como nueva Fiscal General del Estado, María José Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales. La Unión Progresista de Fiscales es una asociación muy activa que también secundó la huelga general del día 22 de mayo a favor de la mejora de la Administración de justicia y el reforzamiento de la independencia judicial.

Al Ministerio Fiscal le compete promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, el interés público y social, así como velar por la independencia de los tribunales, una independencia que difícilmente se puede vigilar desde un puesto dependiente del Gobierno. Además la vinculación del Ministerio Público respecto al Gobierno, le puede llevar a no garantizar en todo momento “la necesaria imparcialidad” que debiera ser eje de actuación en el Ministerio Público. Criterios de oportunidad política, en función de los intereses de una política criminal determinada, puede implicar que la institución pública sea un mero instrumento en manos del Gobierno.

En anteriores ocasiones, la acción del Ministerio Público ha quedado en entredicho sobre todo en relación al ejercicio de la acción pública donde tiene un amplio margen de discrecionalidad. El Consejo de Europa ha recomendado varias veces reforzar la independencia de la Fiscalía reconsiderando el nombramiento directo del Fiscal General del Estado, la necesidad de establecer procedimientos legales claros para aumentar la transparencia de las comunicaciones entre el Fiscal General y el Gobierno y explorar vías para que la Fiscalía sea más autónoma en la gestión de sus medios. 

Los anteriores Fiscales Generales del Estado, han tenido una trayectoria polémica. Cándido Conde Pumpido, nombrado por el Gobierno de Zapatero no tuvo una actuación independiente y varias veces los grupos de la oposición pidieron su dimisión. La rebaja de pena a favor del etarra Juana Chaos, o la no impugnación de candidaturas vinculadas a ETA en su momento, generaron toda una polémica social y provocaron la denuncia de las asociaciones de fiscales. Torres Dulce, con el gobierno de Rajoy, dimitió a los tres años de ser nombrado, se alegaron razones personales, algo muy típico cuando los motivos de verdad son otros. Nunca se supo oficialmente pero en los corrillos se afirmaba que sintió más presiones de las necesarias por parte del Gobierno. Abogaba por una fiscalía alejada de la contienda política. Le sustituyó durante unos meses Consuelo Madrigal quien no repetiría en la siguiente legislatura porque se negaba a aceptar en la carrera fiscal muchas propuestas de nombramientos del Ministro Catalá. En su lugar se elegiría a José Manuel Maza, impulsó todas las querellas contra los líderes independentistas durante el Procés y murió de forma repentina, en Argentina a fínales de 2017. Le sustituyó Sánchez Melgar, sólo ha estado seis meses en el cargo, ya que cesa cuando lo hace el Gobierno que lo propuso. Precisamente él había abogado públicamente por la no coincidencia del fin del mandato de la Fiscalía y el Gobierno, pero no ha tenido ocasión de que esto ocurra.

La figura del Fiscal General del Estado supone un punto de encuentro entre el poder político y el poder judicial debido a esa configuración constitucional de su dependencia del Gobierno. Dicha vinculación aparentemente perjudica a la imagen de la independencia judicial. De cómo desempeñe el cargo la flamante Fiscal General del Estado, pueden ocurrir dos cosas, que la Fiscal pase a la lista de los nombramientos fallidos o por el contrario, que consiga fortalecer la imparcialidad del Ministerio Público y mejorar la percepción ciudadana de la institución.