La Fiscalía denuncia a los alcaldes de La Nucía, El Verger y Els Poblets por las vacunas VIP

ALICANTE. Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Alicante por la vacunación supuestamente irregular de cargos públicos de la provincia arroja los primeros resultados. Las pesquisas preprocesales llevadas a cabo desde el mes de febrero, tras la denuncia presentada por dos activistas vecinales, han llevado a la Fiscalía a formular denuncia contra el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), y contra los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives (ambos matrimonio y del PSPV) por haber vulnerado el orden de vacunación establecido en los protocolos oficiales.

Tras el análisis de los informes demandados a la Conselleria de Sanidad sobre las circunstancias que rodearon la administración de sus dosis, la Fiscalía estima que existen indicios racionales para considerar que los tres podrían ser responsables de un delito de cohecho impropio pasivo previsto en el artículo 422 del Código Penal por haber recibido los viales frente a la covid-19 sin formar parte de los grupos prioritarios establecidos. Es más, se considera que los tres pudieron recibir el inyectable al tratarse de relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o centro sanitario en el que se les administró la vacuna.

En esta línea, la Fiscalía concluye que recibieron la primera dosis por la especial posición que ostentaban y por el poder que el cargo público desempeñado les otorgaba. Así, aunque la denuncia se limita a apuntar un posible delito de cohecho pasivo, queda abierta a la posibilidad de que su alcance pueda ampliarse en el transcurso de la previsible instrucción judicial que pueda iniciarse ahora.

De igual modo, la denuncia también está sujeta a la posible incorporación de otras personas a las que se pudiera imputar otros indicios delictivos, en el caso de que se comprobase que hubiesen participado en los mismos hechos y de que se demostrase una especial connivencia con los denunciados. Eso sí, en principio se descarta la posibilidad de actuar contra los sanitarios que administraron las vacunas, al no apreciarse ninguna conducta irregular en su comportamiento. 

Aprecia indicios de un delito de cohecho impropio pasivo al considerar que recibieron la vacuna por su condición de cargo público con 'poder' en el ámbito geográfico en el que se les administró el inyectable

Así, según fuentes consultadas, la Fiscalía ha registrado ya las correspondientes denuncias ante los decanatos de los juzgados de La Vila y Dénia, que ahora deberán turnarlas para que los jueces en los que queden repartidas diluciden si las admiten a trámite para la incoación de diligencias judiciales. 

Al tiempo, la Fiscalía ha acordado el archivo de sus pesquisas por lo que respecta al resto de los cargos públicos que figuraban en la denuncia original. Se trata del diputado provincial y responsable del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló; del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; de su hermana, de su cuñado y del vicario general de la diócesis; del edil de Benejúzar, José Antonio García; del edil de Orihuela,  José Galiano; y de la ex edil de Dénia, Cristina Morera (quien presentó su dimisión después de que trascendiese la polémica sobre su vacunación).

En todos esos casos, se concluye que no procede interponer denuncia puesto que recibieron la vacuna porque tenían derecho a ello en el momento en el que les fue suministrada. Además, en los casos concretos de Galiano y Morera (ambos, ediles de Sanidad en sus respectivos municipios), la Fiscalía considera que sus respectivas vacunaciones no fueron provocadas ni forzadas con su intervención.

Respecto de Galiano, la Fiscalía llega a la conclusión de que en la administración de su vial no hubo regalo ni dádiva puesto que se realizó cuando se agotaron las posibilidades de administrarla a otra persona que cumpliese los criterios establecidos en el protocolo. Y la misma apreciación valdría por lo que respecta a Morera, responsable política de la Residencia Santa Lucía de Dénia, en tanto que fue llamada por sus trabajadores para que buscase a personas mayores susceptibles de recibir las vacunas sobrantes. Así, la Fiscalía determina que recibió el vial después de que sobrase una última dosis sin que se encontrase a ninguna otra persona susceptible de recibirla. 

La Fiscalía inició las diligencias a instancias de la denuncia registrada por dos conocidos activistas vecinales (José Luis Valdés y José María Hernández Mata), después de que trascendiese a través de los medios de comunicación que ese conjunto de cargos públicos había recibido la vacuna frente a la covid supuestamente sin pertenecer a los grupos prioritarios. A partir de entonces, el fiscal encargado de las diligencias, Pablo Romero, comenzó a analizar caso por caso, las circunstancias en las que se produjo la administración de los viales, para lo que se solicitó informes a la Conselleria de Sanidad. La información fue aportándose de manera paulatina, con los datos recopilados en cada uno de los centros de salud de los que dependían los viales inoculados a los cargos públicos investigados.

La investigación sobre la polémica de las llamadas vacunaciones VIP emprendida en Alicante respecto a ese conjunto de cargos públicos constituye uno de los primeros ejemplos que derivan en la formulación de denuncia sobre un supuesto en el que no constan precedentes. Hasta el momento, se han archivado diligencias similares que se iniciaron en Murcia, mientras que la Fiscalía de Valencia mantiene abiertas otras diligencias relacionadas con hechos parecidos. Por último, en Extremadura, las denuncias que se presentaron directamente en los juzgados siguen en trámite, según fuentes consultadas.